El expresidente Mauricio Macri fue citado a prestar declaración indagatoria por el espionaje ilegal realizado contra familiares de las víctimas del submarino ARA San Juan y de los buques “El Repunte” y “Rigel". Para el juez federal Marín Bava “es claro que estas acciones ilegales no fueron ejecutadas por los agentes de base que por motu propio realizaron este espionaje ilegal, sino por el contrario, partieron de un interés político nacional que en el final de la cadena, respondía al entonces Presidente de la Nación, Ing. Mauricio Macri”. Por tal motivo, el exjefe de Estado fue convocado a sede judicial el próximo 7 de octubre a las 11 horas y se le dispuso la prohibición de salida del país. En la misma resolución, el magistrado dictó el procesamiento de los exjefes de la AFI, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, y de otros siete agentes.
¿Qué se le imputa a Macri? Que “desde su cargo de Presidente de la Nación, por lo menos en el período comprendido entre el mes de diciembre del año 2017 y finales del año 2018 ha ordenado y posibilitado la realización sistemática de tareas de inteligencia expresamente prohibidas” por la Ley de Inteligencia Nacional . Se le imputa “haber ordenado y posibilitado la realización de numerosas de ellas con el propósito de obtener datos personales e información de los familiares y allegados de los tripulantes del submarino ARA San Juan”.
De acuerdo al juez Bava, “esas acciones buscaban influir en la situación política e institucional del país, puntualmente respecto a los reclamos que realizaban los mismos por el hundimiento de dicho submarino y la consecuente muerte de sus familiares, como así también apuntaban a conocer sus actividades, los lugares donde se reunían, sus datos personales y los de su entorno, como la identificación de sus referentes”.
En la resolución de 168 páginas en la que Bava cita a Macri y también dicta el procesamiento de la cúpula de la AFI macrista, el juez describe las tareas de inteligencia que se practicaron contra los familiares y allegados de los tripulantes del submarino ARA San Juan y de los buques “El Repunte” y “Rigel”.
Los hechos
- Hecho 1: seguimientos coordinados el 15 de enero de 2018, a dos meses de la desaparición del submarino, a familiares y confección de informes de inteligencia.
El 15 de enero de 2018 se cumplían dos meses de la desaparición del submarino y en la AFI decidieron desplegar distintos operativos ilegales en pos de informarse sobre qué harían los familiares.
A las 19.20 de aquel día, la hermana de un tripulante del ARA San Juan se encontraba en la Base Naval de Mar del Plata en ocasión de celebrarse una misa conmemorativa y “fue seguida por personal de la AFI” y “fotografiada junto a las demás personas que se encontraban allí”. Esto derivó en un informe que contó con fotos y otros archivos de inteligencia.
En la misma jornada, “personal de la AFI informó y fotografió lo que sucedía en el recinto del Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de General Pueyrredón, donde se realizó un acto vinculado con el cumplimiento del segundo mes de la desaparición del ARA San Juan”. El informe de inteligencia daba “cuenta de la presencia de familiares y allegados en el lugar y destaca que dicho grupo ‘reclamó a las autoridades de la Armada Nacional reforzar la búsqueda de los 44 tripulantes y ser atendidos por el Presidente de la Nación, Ing. Mauricio Macri’”.
- Hecho 2: el 3 de febrero de 2018, agentes espiaron a esposas de tripulantes desaparecidos para “prever cuestiones de agenda” y así anticiparse a los reclamos que familiares plantearían a Macri en la reunión del 6 de febrero siguiente.
El 3 de febrero de 2018 agentes de la AFI confeccionan un informe en relación con los familiares que reclamaban la búsqueda del ARA San Juan y en particular respecto a 4 parejas de tripulantes del submarino.
Del mismo surge que a raíz de los seguimientos, los agentes “determinaron cuáles eran los reclamos que los familiares presentarían en la reunión a celebrarse en Casa de Gobierno el 6 de febrero de 2018 con el imputado”, es decir, Macri.
Por ejemplo, en ese trabajo se detallan “los reclamos que habrían señalado específicamente cada una de las espiadas indicando textual que el objetivo del informe era ‘…a los fines de poder tomar conocimiento las autoridades estatales para prever cuestiones de agenda…’”. Es decir, un espionaje para Macri.
- Hecho 3: Una semana después se hizo un informe en el que se señala que familiares intentarían entregar una carta a Macri en Chapadmalal.
“Con anterioridad y en fecha cercana al 10 de febrero del año 2018”, personal de inteligencia recabó información sobre la madre de un tripulante del ARA San Juan “y confeccionó un informe en el que se señala que familiares de tripulantes del submarino intentarían entregar una carta en la Residencia del Complejo de Chapadmalal al imputado”, es decir, Macri.
Así, se indicó también que, a pedido expreso de esta madre, “la carta exigiría que ‘(…) informen la equivalencia en TNT de dichas explosiones, unidad de medida que permite establecer origen y causas de la explosión y su relación con el submarino (…)’”.
- Hecho 4: El 2 de abril de 2018 hay seguimientos a familiares que buscaban entrevistar a Macri en el Golf Club Mar del Plata.
El 2 de abril de 2018 la esposa y la hermana de dos tripulantes “fueron seguidas y fotografiadas en el Golf Club de Mar del Plata por personal de la AFI de Mar del Plata, ello en oportunidad en que el imputado (es decir, Macri) se encontraba en el predio mencionado jugando golf, y en circunstancias en que aquellas intentaban entrevistar y entregarle una carta al encartado”, es decir, el expresidente.
“Producto de tal actividad, agentes de la AFI procedieron a confeccionar un informe, al que agregaron los link de acceso a los perfiles de Facebook” de las víctimas, “al igual que capturas de pantallas de los mismos, donde se pueden ver fotos y posteos relativos a sus reclamos, todo lo cual fue incorporado ilegalmente a los archivos de inteligencia de la AFI”.
- Hecho 5: en el primer aniversario de la desaparición del submarino, la AFI cubrió una protesta en la Base Naval de Mar del Plata.
El 15 de noviembre del año 2018, cuando se conmemoró el primer aniversario de la desaparición del ARA San Juan, en la puerta de la Base Naval de Mar del Plata, familiares de tripulantes del buque El Repunte y del Buque Rigel fueron seguidos, fotografiados “y sus actividades informadas ilegalmente por personal de la AFI de Mar del Plata” mientras se manifestaban con pancartas y banderas.
Espías de la base de la exSIDE en Mar del Plata elaboraron un informe con fotos de Facebook de familiares que “fue incorporado ilegalmente a los archivos de la AFI”.
Esta acción, al igual que todas las relatadas, fue ilegal. No contaba con autorización judicial ni quedaba englobada dentro de los criterios de acción que entonces tenía la AFI. Fue ejecutada “bajo las directivas de quienes tenían a su cargo la planificación de la estrategia de inteligencia en la Nación Argentina”.
- Hecho 6: diez casos más de seguimientos con fotografías que se volcaron a informes de inteligencia.
“Sumado a lo expuesto, aún sin hacer mención con nombre propio respecto de persona alguna, en al menos otras diez (10) oportunidades se efectuaron seguimientos, se obtuvieron fotografías, se confeccionaron y elevaron informes, sobre el colectivo general de familiares y allegados de las víctimas de los hundimientos ya reseñados, con el objeto de conocer y hacer saber sus actividades, reclamos y movimientos”.
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Todas estas acciones no contaron con autorización judicial ni fueron justificadas en razones de seguridad interior o defensa nacional “y se realizaron, además, con el objeto de influir en la opinión pública, en esas personas y en el normal desenvolvimiento de las actividades de la agenda política de ese año, que según los criterios preestablecidos podían afectar a la gestión de gobierno que conducía el imputado”, es decir, Macri.
El juez Bava precisó que “este espionaje prohibido por la ley fue llevado adelante con la participación de la Delegación Provincial de Mar del Plata dependiente de la Dirección de Reunión Interior de la AFI en el período detallado, las que eran producidas para información del imputado”. Por eso, también procesó al jefe de la base AFI de Mar del Plata, Nicolás Iuspa Benítez, y al director de Reunión Interior de la exSIDE, Eduardo Winkler.
En pos de encuadrar la imputación de Macri, el magistrado añadió: “En este contexto, el Presidente de la Nación no solo ordenó la realización constante de acciones ilegales sobre los familiares de los marinos mencionados, sino que recibió el análisis de esa información efectuado por la Agencia Federal de Inteligencia, acorde al lugar que le correspondía al imputado en el ciclo de inteligencia como máximo responsable político en la determinación de los lineamientos y objetivos estratégicos”. “En consecuencia, a partir del análisis de la información que se le remitía, el imputado impartió las directivas generales para el desarrollo de las conductas antes descriptas y para ello, destinó recursos económicos, técnicos, tecnológicos, humanos y logísticos para llevar adelante las tareas ilícitas antes descriptas”, concluyó.
Con este cuadro de situación queda claro por qué el jefe de la base de Mar del Plata destruyó todo el material del período macrista que había en la dependencia a su cargo.
Tal como publicó este medio el 16 de diciembre del 2020, la constancia de la destrucción surgió de la Resolución Nº 1155/20 de la AFI, del 31 de agosto del 2020, en la que se informó el hallazgo de un acta interna “que da cuenta de la destrucción de la totalidad de los documentos, correspondientes al período comprendido entre el mes de diciembre del año 2015 hasta la fecha de dicha acta (30 de enero de 2020), que se hallaban en la Delegación Mar del Plata de esa Agencia”. Entre el material desaparecido evidentemente se encontraban los informes sobre los familiares de los tripulantes del ARA San Juan, que complicaban a espías y directivos de la agencia.
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Procesados
En la misma resolución en que cita a Macri y por los mismos hechos, el juez Bava dictó el procesamiento de los exjefes de la AFI macrista Gustavo Arribas y Silvia Majdalani y otros siete agentes, entre los que se encuentran los mencionados Iuspa Benìtez y Winkler.
En un pasaje de la resolución, el juez afirmó: “Paternalmente aquí se nos ha instruido en las nuevas cualidades adquiridas por el Estado Moderno Argentino, su reciente reinserción en el mundo occidental, como así también la posibilidad de que éste ejerza violencia paralela en forma legal e independiente a como el Estado liberal justifica el castigo a sus conciudadanos. Asimismo, que esta forma de ejercicio de la inteligencia estatal es justa, razonable y principalmente aceptable, una herramienta eficiente para tiempos modernos, indispensable para la recolección, sistematización y análisis de información durante los hechos que esta causa ha debido investigar”.
Pero a la luz de la prueba recolectada “es clara la afectación a los derechos de privacidad e intimidad de las víctimas en esta causa. El derecho a la privacidad no puede ser cercenado por ninguna intervención estatal, salvo que se encuentre en riesgo el propio individuo o terceras personas, algo que como vimos, de ninguna manera ocurrió en los legítimos reclamos llevados a cabo por las familias de los tripulantes del ARA San Juan, así como las familias de los tripulantes de los buques ‘Rigel’ y ‘El Repunte’”.
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