La Corte Suprema no quiere perder el control sobre la oficina de escuchas. El mismo día que el Senado votó por anular el decreto de Mauricio Macri que le transfirió ese organismo los jueces del máximo tribunal prorrogaron los contratos de todo el personal de esa dependencia e incluso más de los que figuran en la nómina de empleados. Esa oficina fue una pieza fundamental en la persecución política, de donde se filtraron escuchas a opositores, cuyo armado estuvo plagado de irregularidades y fue utilizado tanto por jueces y fiscales federales como por operadores judiciales para colocar hijos, parientes y entenados. La Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco), su nombre oficial, sigue manejada en el día a día por Juan Tomás Rodríguez Ponte, el mismo que en la era Macri.
La semana pasada el Senado dio el primer paso para anular el decreto de Macri que le transfirió las escuchas a la Corte Suprema. Lo hizo sin la oposición, que fue parte del entramado que convirtió a esa dependencia en un enclave de la persecución judicial. En los próximos días la Cámara de Diputados deberá tratar el tema y todo indica que seguirá el mismo camino. El diputado Leopoldo Moreau, que preside la Bicameral de Inteligencia, afirmó en el El Destape Radio que analizan pedir una intervención para resguardar la información y documentación en la oficina de escuchas mientras se define su regreso al Ministerio Público Fiscal.
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El mismo día que el Senado trataba el destino de la oficina de escuchas, el 5 de junio, los miembros de la Corte Suprema firmaron 6 resoluciones en las que prorrogaron 313 contratos de la Dajudeco hasta el 30 de noviembre. La primera anomalía es que en el listado de personal de la propia Corte figura que esa dependencia tiene 271 empleados, 42 menos que los renovados. “En caso de que los agentes contratados pertenezcan a la planta de personal permanente del Poder Judicial de la Nación, concédeseles licencia sin goce de sueldo mientras duren sus contrataciones”, aclaran las resoluciones.
Cuando se armó la Dajudeco los jueces y fiscales federales recibieron la invitación para nombrar hijos, parientes y protegidos. Y varios la aceptaron. Por eso en el listado de personal de la oficina de escuchas, que es público, figuran: Santiago Farah, hijo del ex camarista federal Eduardo Farah; Malena Canicoba, hija del juez Rodolfo Canicoba Corral; Mateo Stornelli, hijo del fiscal Carlos Stornelli; Santiago Taiano, hijo del fiscal Eduardo Taiano; Nicolás Martín Aguinsky, hijo del juez Marcelo Aguinsky; Luis María Bunge Campos, hijo del camarista homónimo. Estos aún figuran en listado actualizado a mayo de 2020. Había más, que se ve que se dieron de baja.
Eso fue para los empleados de menor jerarquía. La conducción y los puestos clave se los repartieron entre el entonces presidente de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti, el juez Ariel Lijo y el operador judicial Daniel “Tano” Angelici. Al frente de la Dajudeco Lorenzetti designó a su compinche Martín Doctrina Irurzun, a través de un sorteo del que no hay registros. Como Director operativo nombraron a Juan Tomás Rodríguez Ponte, por entonces secretario letrado del juez Lijo. Esta decisión mostró cual era por entonces el eje dominante de Comodoro Py: Lorenzetti-Irurzun-Lijo. Hasta ahora todo Rodriguez Ponte sigue en el cargo. Macri había enviado su pliego para hacerse cargo del Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional N° 2 de Lomas de Zamora. Hoy es clave: ahí se investiga el espionaje ilegal durante el macrismo. Alberto Fernández retiró ese pliego apenas asumió.
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