La Cámara Federal porteña volvió a blindar al expresidente Mauricio Macri en una causa de espionaje ilegal. Los jueces Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi, los mentores del fallo de los cuentapropistas, decidieron apartar a la comisión bicameral de inteligencia (CBI) como amiga del tribunal en la megacausa conocida como “Super Mario Bros”. Se hicieron eco de un planteo de los exjefes de la AFI macrista, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani. La bicameral parlamentaria que preside el diputado Leopoldo Moreau iba a aportar prueba sensible que podía complicar a quienes comandaron la exSIDE durante la gestión cambiemita y al propio Macri. El camarista Eduardo Farah votó en disidencia.
La Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia (CBI) había sido incluida como amicus curiae (amiga del tribunal) por parte del juez Marcelo Martínez de Giorgi en el caso en que se investiga un masivo espionaje ilegal de la AFI macrista a dirigentes políticos, sociales, sindicales, eclesiásticos, empresarios, periodistas y hasta a detenidos políticos en cárceles. Se trata del caso de los “Super Mario Bros” que se inició en los tribunales federales de Lomas de Zamora, donde se había procesado a 38 personas, y que quedó paralizado al pasar a los tribunales de Retiro donde dos jueces designados por Macri favorecieron a la mayoría de los acusados con la tesis del “cuentapropismo”. Esos mismos dos jueces volvieron a beneficiar al expresidente al revocar la decisión de Martínez de Giorgi y correr a la CBI del caso. Se trata de los mentados Llorens –visitante de Macri en la Quinta de Olivos- y Bertuzzi –puesto a dedo por el líder del PRO en la instancia revisora de Comodoro Py, sin concursar para el cargo-. Ambos, en un voto conjunto, hicieron lugar a un pedido de Arribas y Majdalani.
¿Qué podía aportar la comisión de inteligencia al caso? Estaba en condiciones de colaborar “mediante cuestiones de carácter técnico en materia de inteligencia, de derechos y aportar elementos derivados de la investigación que viene llevando” sobre “la intervención que le cupo a la Agencia Federal de Inteligencia, sus autoridades y agentes orgánicos e inorgánicos, así como, sobre el desvío de sus recursos, durante el período 2016-2019”. Entre otras cosas, podía brindar su análisis respecto del ciclo de la inteligencia en el período que se está investigando “con el objeto de desentrañar el receptor final de la información que se obtenía”, tal como indicó la CBI en su pedido para ser tenida como amicus curiae.
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La posición de Llorens y Bertuzzi no sorprende. La comisión que preside Moreau elaboró el informe sobre “Espionaje Ilegal en el período 2016-1019”. Ese trabajo, que se agregó como adjunto en su solicitud para ser tenida por amiga del tribunal, choca de frente con la teoría del cuentapropismo con el que los propios Llorens y Bertuzzi buscaron demoler esta megacausa. En ese informe, la comisión concluyó que durante el macrismo “se llevó adelante un plan sistemático ideado en lo más alto del Gobierno Nacional que consistió en la violación de elementales derechos humanos y la persecución de ciudadanos argentinos por el sólo hecho de su pertenencia política”. Nada más lejos que el mentado cuentapropismo.
La propia comisión denunció a Llorens y Bertuzzi por ese fallo ante el Consejo de la Magistratura. Los acusó en febrero de este año de "mal desempeño de sus funciones" y pidió su juicio político. Ese proceso no avanzó.
El fallo
En un voto conjunto, Llorens y Bertuzzi consideraron que el escrito que la comisión presentó para ser tenida por amicus curiae “no se ajusta a los parámetros establecidos para que se le conceda la calidad requerida”. Señalaron que “a través” del material que pretende aportar la bicameral al caso “se añadirían elementos probatorios, tales como el resultado de investigaciones llevadas a cabo por ese organismo por fuera de la presente y cuyo norte pareciera estar dirigido sobre quienes tuvieron a su cargo la agencia en cuestión en los años mencionados”. Llorens y Bertuzi consideraron que de esa forma “se sumarían al proceso elementos por fuera de las formas consagradas por el código de ritos, mientras que elípticamente podría ejercerse un rol procesal para el que no fueron admitidos”.
Por eso, ambos magistrados determinaron que “corresponde revocar lo decidido por el juez de grado, más allá de destacar que en el futuro los peticionantes podrán efectuar presentaciones que efectivamente resulten admisibles al proceso en la calidad pretendida”.
De esta forma, se hicieron eco de lo que plantearon Arribas y Majdalani para quienes la aceptación de la CBI como amigo del tribunal “incorporaría a un actor que lejos de ser objetivo y neutral tomaría parte en las actuaciones”. Los exjefes de la AFI, procesados en diversas causas de espionaje ilegal, señalaron que “la verdadera intención de la Comisión sería las de tener una participación en el proceso”. Moreau, en una respuesta al tribunal, había rechazado esas acusaciones. Pero no fue escuchado.
Quizás haya pesado que la comisión denunció a ambos magistrados ante el Consejo de la Magistratura por su fallo del cuentapropismo.
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En su disidencia, Farah –el único de los tres que no fue nombrado por Macri- consideró que la comisión bicameral de inteligencia podía ser tenida por amicus curiae.
“En la práctica, la genérica participación de la peticionante no trasciende de la que jurisprudencialmente se ha admitido para todo ciudadano, que puede incluir el acceso a constancias que el director del proceso (con opinión de las partes) le permita conocer (por naturaleza del asunto involucrado y del solicitante), así como de aportar información o pruebas, siempre sujetando su incorporación al juicio de utilidad y pertinencia que haga el instructor en cada caso”, señaló este camarista, que se reincorporó a la cámara porteña durante el gobierno de Alberto Fernández. Se había ido a otro tribunal durante el gobierno anterior por presiones del macrismo.
En su disidencia, Farah añadió: “Estimo que los agravios de las defensas no afectan a la solución adoptada”, por lo que “voto por confirmarla”. Pero quedó en minoría.
Así las cosas, la comisión fue corrida de la megacausa de espionaje ilegal en que se investiga a la banda de la AFI autodenominada “Super Mario Bros”. La decisión puede ser apelada para que intervenga la Cámara Federal de Casación Penal, indicaron desde la bicameral, donde estaban estudiando los pasos a seguir.
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