El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi investiga si el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta a través del ministerio de Seguridad y Justicia porteño le dio un apoyo de tipo “sistemático” a la AFI macrista durante el gobierno de Mauricio Macri para hacer espionaje ilegal. Así se desprende de la megacausa conocida como “Super Mario Bros”, que se había iniciado en los tribunales federales de Lomas de Zamora y terminó en Comodoro Py. A su vez, en una línea investigativa paralela del mismo caso, el magistrado busca determinar si desde la cartera que ahora conduce Eugenio Burzaco se espió a quienes eran los jefes de la exSIDE, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, y a otros agentes. Básicamente se basó en un escrito de la defensa del exespía Jorge “Turco” Sáez que ventila una guerra de espías.
Guerra de espías
En una resolución del jueves pasado, Martínez de Giorgi dio curso a una medida para determinar si se usó el sistema de reconocimiento facial de la Ciudad de Buenos Aires para hacer espionaje sobre los exjefes de la AFI macrista, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, los exdirectivos de la agencia Diego Dalmau Pereyra y Juan Sebastián De Stéfano y exespías que integraban el grupo “Super Mario Bros”.
Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia.
Uno de los pocos medios que dieron la noticia fue Tiempo Argentino, que consignó la novedad en una nota firmada por Néstor Espósito.
Según pudo reconstruir El Destape, que accedió al documento judicial, el juez Martínez de Giorgi se hizo eco de un planteo que había realizado la defensa del exespía Jorge Sáez el 27 de octubre del año pasado donde se señaló que Sáez había tomado conocimiento de que durante la gestión de Cambiemos la AFI no solo usó las cámaras de la Ciudad “sino también las bases de datos y el sistema de reconocimiento biométrico con que cuenta el Ministerio de Seguridad de la Ciudad”.
En aquel escrito de hace más de 4 meses, Sáez, a través de su abogado Emmanuel Carro, había señalado que “la información a la que refiero consta en la causa 2360/2022” que tramita en el juzgado federal 4 a cargo del juez Ariel Lijo. Para sostener su afirmación Sáez dio cuenta de un episodio que se enmarca en una guerra de espías y tuvo por protagonista y supuesta víctima al exagente de la AFI y abogado de barras Facundo Melo, que dejó la agencia durante el macrismo enfrentado al grupo que lideraba Alan Ruiz. Incluso denunció penalmente a Ruiz. Tanto Melo como Ruiz están procesados en el caso de los Super Mario Bros que instruye Martínez de Giorgi. Melo fue de los primeros detenidos en este caso, cuando la causa tramitaba en la justicia federal de Lomas de Zamora, donde llegaron a haber 38 procesados (cuando pasó a Comodoro Py, la Cámara Federal porteña creó la tesis del cuentapropismo y solo dejó involucrados a los agentes "de calle", al exdirector de Contrainteligencia Dalmau Pereyra y a Majdalani).
Sáez señaló en su escrito que los datos de Melo “fueron consultados un día antes de ser allanado por el juez Villena y un día antes de sufrir un robo en su domicilio. A su vez, las consultas sobre Melo (y sobre otros imputados) comienzan, casualmente, luego de haber tenido conflictos con el entonces Director de Operaciones Especiales, Alan Ruiz”.
Acto seguido, Sáez a través de Carro, explicó que con las medidas que solicita busca establecer “la articulación entre la Agencia Federal de Inteligencia, el juez Federico Villena y funcionarios a determinar del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, con la finalidad de realizar actividades ilícitas que no podrían haberse cumplimentado sin conocimiento y anuencia de funcionarios de alto rango”. También se resaltó que el exministro de Seguridad y Justicia, Marcelo D’Alessandro, que era secretario al momento de los hechos, tiene una relación muy cercana a Villena.
Con ese marco, Sáez pidió a Martínez de Giorgi que envíe un oficio al juzgado de Lijo para que remita la información que consta en la causa sobre los datos biométricos. Esa causa se inició en la Justicia en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad por una presentación del Observatorio de Derecho Informático Argentina que denunció el supuesto uso irregular del sistema.
Este último jueves, Martínez de Giorgi se hizo eco del planteo de Sáez y requirió a su colega de Comodoro Py Ariel Lijo que le remita información “en relación a las consultas realizadas en la órbita del Ministerio de Justicia y Seguridad de la ciudad sobre” los exjefes de la AFI macrista “Gustavo Arribas, Silvia Majdalani”, exaltos directivos de la agencia como “Diego Dalmau Pereyra, Alan Ruiz, Juan De Stefano”, y la tropa de exagentes que integraban el grupo “Super Mario Bros”: Jorge Horacio Saez, Leandro Araque, Facundo Melo, Emiliano Matta, Denise Aya Tenorio, María Mercedes Funes Silva, María Andrea Fermani, Daiana Baldasarre, Andrés Rodriguez, María Belen Saez, Dominique Lasaigues, Martín Terra, Mariano Ignacio Flores, Jorge Ochoa, Javier Bustos, Jonathan Nievas.
Martínez de Giorgi pidió que se informen “cada una de las consultas”, que “deberán informarse” con “fechas y los horarios, como así también el usuario que las hubiera realizado”. “Por otro lado, también se deberá informar si de aquella investigación surgen datos respecto de la adquisición de equipos de seguimiento y vigilancia por parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires - Ministerio de Justicia y Seguridad y se identifiquen, en su caso, las empresas proveedoras”, añadió Martínez de Giorgi.
El Destape consultó en tribunales si en la causa sobre los Super Mario Bros había elementos relacionados a lo que denunció Sáez y la respuesta fue negativa. Por eso, se requirió información a Lijo.
El foco en ministerio de Seguridad porteño
En el marco de la misma causa de los Super Mario Bros, donde se investigan las actividades de inteligencia ilegal que ejecutaron exagentes que llegaron a la AFI en comisión desde la Policía de la Ciudad, el foco pasó a estar en el ministerio de Seguridad y Justicia porteño. Martínez de Giorgi está tratando de establecer cuál fue el tenor del aporte de la Ciudad de Buenos Aires a la AFI macrista, más allá de los agentes que proveyó. Se está analizando si se puede determinar un aporte de tipo “más sistemático”.
Por eso, en la misma resolución de este último jueves, Martínez de Giorgi requirió al ministerio de Seguridad y Justicia porteño que informe “respecto de la adquisición de tecnología de seguimiento y vigilancia, anillos digitales, cámaras y geolocalización y se detallen las empresas proveedoras o prestadoras de tales servicios que hubieran sido contratadas, entre los años 2016 y 2021”.
También solicitó que “sobre la base de lo informado por el Centro de Monitoreo Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires”, se “indique la forma de acreditación que realizaron Javier Esteban Bustos, Emiliano Matta y Jonatan Nievas para ingresar al Ministerio de Justicia y Seguridad de CABA los días informados (por ejemplo, 30 y 31 de octubre de 2018); el motivo de la visita; con quienes tuvieron contacto; si fueron asistidos en alguna tarea técnica o si se les proporcionó acceso directo a algún sistema para que ellos recaben información”.
Este último pedido está vinculado a la operación político-mediática que se realizó contra los sindicalistas Hugo y Pablo Moyano. Los agentes de la AFI macrista había concurrido al Centro de Monitoreo Urbano para acceder a las cámaras de la Ciudad y encontrar a una persona que pegaba afiches en contra del periodista Luis Majul. A esa persona se la señalaba como vinculada al sindicato de Camioneros. Las imágenes fueron a parar en aquel momento a manos de Majul que las difundió en el programa de televisión que conducía.
En su presentación de octubre, Sáez resaltó que “tal como se evidencia mediante conversaciones de los propios agentes a partir del día 26 de octubre de 2018, se utilizaron imágenes extraídas del Centro de Monitoreo Urbano de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, siendo el agente con mayor actividad en esa situación Javier Bustos”. “El nombrado Bustos arriba en comisión a la Agencia el día 26 de octubre de 2018, momentos en que daban inicio las tareas destinadas a nutrir el programa periodístico de Luis Majul”, agregó en su escrito.
Entre las diversas víctimas del caso Super Mario Bros figuran Cristina Fernández de Kirchner, Horacio Rodríguez Larreta, Diego Santilli, Hugo y Pablo Moyano, Luis Barrionuevo y hasta Florencia Macri, la hermana de Mauricio, entre tantos otros.
Ahora resta que el gobierno porteño y los juzgados interpelados respondan los requerimientos de Martínez de Giorgi. Lo que surja de esas contestaciones puede marcar el nuevo ritmo de esta pesquisa que la cámara porteña intentó diluir cuando creó la tesis del cuentapropismo. Una tesis que no se sostiene por ningún lado.
Cerrar sesión