Espionaje sistemático: piden investigar el accionar policial en al menos 38 marchas de la era Milei por tareas de inteligencia

La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) pidió a la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia que realice una exhaustiva investigación sobre el accionar policial en movilizaciones durante el gobierno de Javier Milei ya que detectó tareas de inteligencia ilegal en al menos 38 de las 65 marchas que cubrió como mecanismo de prevención de la tortura. El organismo de Derechos Humanos registró la actividad de las fuerzas de seguridad en imágenes y videos hasta el 30 de diciembre pasado y realizó las denuncias penales pertinentes. Ahora pide la intervención del Congreso.

“Durante el año pasado, en las tareas de monitoreo de la violencia de las fuerzas de seguridad en el marco de la protesta social, no solo relevamos casi 1.200 personas heridas y 93 detenciones arbitrarias, sino la sistematicidad de prácticas de inteligencia ilegal: el espionaje político a quienes marchaban, filmar a todes, meter o infiltrar policías de civil dentro de las manifestaciones, todas prácticas ilegales que si bien no son novedosas, se vieron extendidas, constantes y con la participación de gran cantidad de agentes”, explicó a El Destape Roberto Cipriano García, secretario de la Comisión Provincial de la Memoria. “Estas prácticas violan la normativa vigente que prohíbe acciones de inteligencia sobre las organizaciones políticas y sociales. El último caso es simbólico porque registramos que estas acciones se desarrollaron dentro de la ESMA en la convocatoria de organismos de derechos humanos y sindicatos para defender las políticas de Memoria y DDHH, el 27 de diciembre pasado”, agregó quien suscribió el escrito presentado en la Bicameral de Inteligencia junto a los presidentes de la organización, Adolfo Pérez Esquivel (Premio Nobel de la Paz) y Dora Barrancos.

La presentación está dirigida al presidente de la Bicameral de Inteligencia, el senador radical Martín Lousteau. Según la CPM, “en el marco de la protesta social se ha registrado de manera frecuente la participación de agentes policiales, en particular de la PFA y de la Policía de CABA, realizando la video filmación de las manifestaciones, así como también la presencia de personal sin uniforme ni identificación, que presumiblemente podrían realizar tareas de inteligencia humana (HUMINT)”. “Se registraron este tipo de prácticas asociadas a posibles tareas de inteligencia, en al menos 38 de las 65 movilizaciones cubiertas hasta el 30/12/24 (esto incluye, efectivos filmando con cámaras portátiles, sacando fotos con sus celulares personales, instalando cámaras en puntos estratégicos de las movilizaciones, vestidos de civil conversando o actuando con agentes identificados, etc)”, se especifica en el escrito.

En el documento se resalta que el último hecho registrado fue el ocurrido el 27 de diciembre pasado, cuando se realizó el “abrazo” a la exESMA. Tal como informó este medio, el pasado 2 de enero la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) denunció en sede judicial tareas de inteligencia ilegal realizadas por la Policía de la Ciudad o la Federal durante el acto que organismos de Derechos Humanos realizaron junto a trabajadores en el excentro clandestino de detención y tortura de la Armada. Aquella denuncia penal, que se adjuntó en la presentación ante la Bicameral de Inteligencia de este martes, quedó radicada en el juzgado Nº 10 de Comodoro Py.

En esa denuncia se señaló “la presencia de personal policial no identificado (de civil) que deambulaba entre los manifestantes, se comunicaba telefónicamente y que finalmente permaneció junto al personal identificado durante algunas horas. Asimismo advertimos la obtención de filmaciones respecto de las personas que se encontraban participando de la manifestación, tanto dentro del edificio de la ex ESMA como durante la concentración en la vía pública”.

La CPM es un Mecanismo Local de Prevención de la Tortura de la Provincia de Buenos Aires y como tal  forma parte del parte del Sistema Nacional de Prevención de la Tortura. Por eso, monitorea el accionar policial en las manifestaciones y registra lo que sucede en imágenes y videos. Ese material es el que acerca a los juzgados cuando radica una denuncia.

Además de la denuncia por lo sucedido en la exESMA el 27 de diciembre pasado, la CPM también acercó este martes a la Bicameral de Inteligencia otras presentaciones judiciales que realizó en el último año para dar crédito a su planteo. Se adjuntaron:

• La denuncia por la represión a manifestantes del 11 de septiembre pasado cuando se trató en el Congreso el veto de Milei del proyecto de ley movilidad jubilatoria. Esa denuncia quedó radicada en el Juzgado Federal N° 1 de Comodoro Py.
   
• La ampliación de denuncia por lo ocurrido esa misma jornada con la niña Fabricia Pegoraro y su madre Carla Pegoraro y con otros heridos de la marcha del 11 de septiembre.

En esta presentación, el organismo de DDH pidió investigar “acciones de encubrimiento e inteligencia ilegal del ministerio de Seguridad de la Nación”. Es que la CPM había denunciado a la secretaria de Seguridad de la cartera que conduce Patricia Bullrich, Alejandra Monteoliva, y a la Policía Federal por violación de los deberes de funcionario público. Monteoliva, segunda de Bullrich, fue quien mintió en un canal de televisión sobre cómo fue el ataque a la niña para encubrir a la policía.

En una ampliación que realizó la comisión por lo sucedido aquella jornada, se pidió que se investiguen “las acciones de inteligencia de la policía federal en los registros que realizan en las manifestaciones y las acciones de la Secretaria de Seguridad Alejandra Monteoliva, que reconoció haber obtenido información y almacenar datos de los manifestantes u organismos de derechos humanos que realizamos actividades de monitoreo de la violencia policial y socorristas que atienden a los heridos”. La CPM remarcó que ese 11 de septiembre, “en el marco de los operativos hemos observado reiteradamente que múltiples agentes de las fuerzas federales, algunos no identificados, se movilizan junto con las columnas policiales, se encargan de obtener registros fílmicos de los hechos y las personas en el marco de las manifestaciones públicas”.

• La denuncia por represión contra manifestantes del 9 de octubre pasado cuando se trató el veto presidencial a la ley de financiamiento universitario. Esta denuncia quedó radicada en el Juzgado Federal N° 2 de Comodoro Py.  

"Pudimos observar y registrar personal de civil - sin identificación oficial - uno de ellos vestido de negro, con gorra y mochila, que se encontraba con otra persona de rasgos asiáticos y moviéndose sobre las vallas, mezclándose con los grupos que estaban manifestándose”, se precisó en la denuncia que realizaron desde la CPM. “Este mismo agente es el que posteriormente se observa arrojando gas sobre los manifestantes que se encontraban en las afueras del local de comida dónde un referente libertario se había encerrado, luego de provocar a varias personas durante la movilización", se añadió el escrito, en el que se anexaron fotografías y videos. "El mismo sujeto junto con otros civiles que también estaban mezclados dentro de los grupos de manifestantes, fueron quienes socorrieron y custodiaron a una persona, -reconocida en las redes sociales por su apoyo al gobierno- que generó los tumultos al provocar y pretender burlarse de los manifestantes. Luego de protegerlo lo trasladaron a un comercio sobre la calle Callao, donde arrojaron gas pimienta a las personas y periodistas en el lugar”, continúa la presentación. La referencia es, entre otros, a Iván Matías Cheang, el protector del youtuber Fran Fijap que terminó refugiándose en un local de empanadas luego de provocar a los manifestantes.

• La mentada denuncia por tareas de inteligencia ilegal durante el “abrazo” a la ex ESMA.

Entre el material que se acercó al Congreso también se encuentra el informe “Monitoreo de la represión de las fuerzas de seguridad a las manifestaciones públicas”, en el que la CPM da cuenta con mucha rigurosidad de cómo actuó el gobierno de Milei durante diversas marchas.

Por estos hechos, la Comisión Provincial por la Memoria, solicitó a Lousteau que la Bicameral de Inteligencia “realice una exhaustiva, rigurosa y rápida investigación sobre el accionar policial descripto, y se adopten las medidas tendientes al cese de actividades expresamente prohibidas por la normativa vigente”.

La bicameral está habilitada para abrir una investigación parlamentaria. Tiene esa facultad, que ya desarrolló en otros casos de espionaje ilegal. Se espera que ahora actúe de la misma forma.