El juez Martín Bava procesó este martes a dos ex jefes de Contrainteligencia de la AFI macrista, Diego Dalmau Pereyra y Martín Coste, por el rol que tuvieron en el espionaje ilegal a los familiares del ARA San Juan. Ahora son 11 los procesados que tiene la causa, todos integrantes de la exSIDE. Solo resta la definición de la situación procesal de Mauricio Macri, quien fue indagado el 3 de noviembre pasado. En la resolución de 100 páginas que firmó este martes, el magistrado derribó la tesis defensiva del expresidente.
La situación judicial de Dalmau Pereyra y Coste se complicó luego de que el exjefe de la AFI, Gustavo Arribas (procesado en este caso), señalara que por las funciones especiales que tenían ambos directivos debieron controlar las acciones ilegales que se realizaron desde la Delegación de la AFI en Mar del Plata. Fue desde esa base que se realizó el espionaje ilegal contra los familiares de la tripulación del ARA San Juan.
De acuerdo al juez Bava, desde la dirección de Contrainteligencia, “los imputados permitieron la realización sistemática de tareas de inteligencia” y “no solo omitieron efectuar los controles que su tarea le encomendaba sino que permitieron la realización de las acciones ilegales en cumplimiento de las órdenes dispuestas por la superioridad”. A los dos los consideró partícipes secundarios del espionaje ilegal y les trabó un embargo de 20 millones de pesos. El procesamiento fue “sin prisión preventiva”.
Al ser indagados por estos hechos, los dos exjefes de Contrainteligencia negaron haber recibido informes de inteligencia sobre los familiares de la tripulación del ARA San Juan. Coste se explayó más que Dalmau Pereyra y “afirmó que el resto de las dependencias de la Agencia encargadas del control de los agentes se encontraban conducidas por personas de estrecha confianza del Director General, Gustavo Arribas” por lo que si bien “formaba parte de sus funciones (controlar a los espías), por razones de organización de la Agencia y de falta de recursos, no pudo controlar la tarea de los agentes a su cargo”. El mismo argumento esgrimió ante los tribunales de Lomas de Zamora cuando fue indagado en otra causa de espionaje ilegal. Su descripción expone el sistema de coberturas que se había constituido en la agencia durante el macrismo. También “sostuvo que los requerimientos que efectuaban tanto el Director General como la Subdirectora General de la Agencia no se efectuaban por escrito, en ningún caso”.
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Dalmau Pereyra ocupó la dirección de Contrainteligencia de la AFI entre diciembre de 2017 y el 18 de junio de 2018. Luego fue reemplazado por Coste, quien se desempeñó en aquel cargo hasta el final del mandato de Arribas y Majdalani. Ambos también están procesados en la megacausa de espionaje ilegal que se abrió en los tribunales de Lomas de Zamora y terminó pasando a Comodoro Py, donde hay 38 personas procesadas, en su mayoría, directivos y agentes de la AFI y el Servicio Penitenciario Federal. Esa pesquisa, que investiga a la banda autodenominada Super Mario Bros, cuenta con decenas de víctimas, entre quienes se destacan CFK, Horacio Rodríguez Larreta, dirigentes sociales, sindicales, empresarios, periodistas y presos políticos ligados al kirchnerismo.
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Los pasajes que complican a Macri
En la resolución de 100 páginas que se conoció este martes, el juez se preguntó: “¿Cómo puede ser que en un tema de la enorme importancia institucional como el hundimiento del ARA San Juan, hayan tenido lugar estos sucesos y que la Dirección Operacional de Contrainteligencia de la Agencia Federal de Inteligencia lo desconociera? Es imposible sostener que las máximas autoridades de la AFI y del Gobierno Nacional hayan estado al margen de estos sucesos”, afirmó. Para el juez, “que las máximas autoridades de la Agencia no hayan tomado medidas dirigidas a investigar y, llegado el caso, neutralizar ese espionaje es una prueba cabal de que todas estas acciones se realizaron en connivencia con las máximas autoridades del Poder Ejecutivo Nacional”.
En esa línea, el juez remarcó que “la magnitud, la sistematicidad” y la “prolongación en el tiempo” de las tareas de inteligencia ilegal “dan cuenta” que las mismas “fueron ordenadas desde la superioridad”. “En ese marco, la ausencia de control no se dio como una mera conducta negligente, sino como un acto deliberado en el marco de un plan previamente establecido por el Poder Ejecutivo Nacional”, indicó el magistrado que subroga en el juzgado de Dolores.
En pos de derribar la tesis defensiva de muchos de los acusados en el caso del espionaje al ARA San Juan, Bava insistió “en que los informes de inteligencia que forman parte de esta resolución, no versan en lo absoluto sobre situaciones de riesgo para la seguridad interior o la defensa nacional, o hacen a investigaciones de delitos federales complejos; sino que consistieron en el relevamiento, acumulación y/o producción de información sobre familiares de la y los tripulantes de las embarcaciones hundidas ARA San Juan, ‘Rigel’ y ‘El Repunte’ que reclamaban al entonces gobierno Nacional por la aparición de sus allegados y justicia para el esclarecimiento de los hechos”.
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En la misma línea, Bava fue contundente y atacó el argumento defensivo de Macri, quien enmarcó las tareas de inteligencia en la seguridad presidencial: “Los documentos de inteligencia ilegal analizados en esta causa no guardan relación con la seguridad presidencial. De modo alguno conocer la opinión que tenían las víctimas sobre la gestión de gobierno del entonces Presidente Mauricio Macri, ni fotografiarlos, ni ingresar a sus perfiles de redes sociales, guardó relación con medidas tendientes a garantizar la seguridad del mandatario”, consideró.
El magistrado explicó que “el accionar de la Delegación de Mar del Plata de la AFI se enmarca en la continuación de un espionaje que se dio de manera sistemática en toda la provincia de Buenos Aires y que fue puesta en manifiesto en diversas resoluciones dictadas por este Juzgado en la causa conexa”. La referencia de Bava es a la causa Bases AMBA donde también están procesados los exjefes de la AFI macrista, Arribas y Majdalani, y otras 25 personas, todas vinculadas al organismo de inteligencia. En ese expediente se investigan las tareas ilegales de inteligencia realizadas desde las nueve bases que la exSIDE desplegó en la provincia de Buenos Aires durante el macrismo. Una de esas bases era la de Mar del Plata.
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Bava resaltó que “la documentación hallada contiene patrones muy similares a los vistos en aquel expediente. La forma de redacción, el contenido de los documentos, las fotografías y hasta los intereses perseguidos, son rasgos que permiten ilustrar cómo la Agencia Federal de Inteligencia continuó realizando espionaje ilegal, colocando como objetivo de dichas tareas a ciudadanos y ciudadanas que llevaron adelante diferentes acciones de reclamo ante las autoridades nacionales, por la desaparición de sus seres queridos”.
Con este marco, el juez resaltó que la prueba recabada derriba cualquier atisbo de cuentrapropismo: “La reunión de información respecto de estas personas no fue azarosa, ni se vio motivada en un ‘cuentapropismo’ de los agentes de la Delegación y/o de una orden dispuesta solamente por el delegado de Mar del Plata, como algunos imputados pretendieron señalar”. “Lejos de ello, quedó comprobado en la presente investigación cómo estas tareas ilícitas de espionaje se enmarcaron en un plan sistemático de inteligencia nacional ilegal, en el cual se desarrollaron numerosos hechos de espionaje ilegal, dentro de los cuales el colectivo de familiares del ARA San Juan, adquiere una particular preponderancia”, destacó Bava, lo que allana el camino para un procesamiento de Macri.
Bava indagó al expresidente el pasado 3 de noviembre y debe resolver su situación procesal, es decir si lo procesa, le dicta la falta de mérito o lo sobresee. Le imputó ordenar y posibilitar el espionaje ilegal contra los familiares.
En otros de los apartados de la resolución de este martes que complican a Macri, el juez afirmó: “En la presente resolución quedará demostrado cómo tanto por la trascendencia nacional e internacional del conflicto suscitado con la desaparición del submarino ARA San Juan; como también por el contenido de los documentos de inteligencia hallados al respecto, se descarta cualquier argumento de ‘cuentapropismo’ y/o extralimitación de agentes de ‘bajo rango’ y pone en el centro de la escena a las más altas autoridades políticas de aquél entonces”.
En otro pasaje de su resolución, el juez resaltó un episodio del que dio cuenta este medio en su momento: la destrucción de la mayoría de los archivos de inteligencia de la base de la AFI en Mar del Plata que se elaboraron durante el macrismo. “El hecho de tener constancias de la destrucción de prácticamente la mayoría de los documentos que obraron en la Delegación de Mar del Plata durante el período investigado, deja en evidencia la manifiesta ilegalidad con la que operó dicha delegación durante los últimos años y es la prueba de que existieron cosas realmente comprometedoras para la gestión anterior”, señaló el magistrado.
“Esta cuestión, sumada a los pocos documentos que se pudieron rescatar, demuestra la clara responsabilidad de las más altas autoridades de la Agencia Federal de Inteligencia y del Gobierno Nacional”, remarcó Bava y volvió a destacar el rol del Poder Ejecutivo en el espionaje ilegal contra los familiares de la tripulación del ARA San Juan.
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