Escuchas ilegales de la AFI a abogados: apelan a Naciones Unidas y piden su intervención

El abogado Alejandro Rúa realizó una nueva presentación ante Naciones Unidas para pedir su intervención por el espionaje masivo a letrados y sus clientes en la cárcel de Ezeiza durante el gobierno de Mauricio Macri. Rúa apeló al Relator Especial sobre la independencia de magistrados y abogados, Diego García Sayán, luego de que el juzgado a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi diera cuenta a través de un nuevo documento que la AFI cambiemita escuchó de manera ilegal y masiva las conversaciones de los presos políticos kirchneristas y sus defensores. Se trata del capítulo penitenciario que forma parte del espionaje macrista.

En diálogo con El Destape, Rúa explicó: “La importancia de llevar el caso ante el Relator Especial de Naciones Unidas es que su materia es la de asegurar la independencia del desempeño funcional no solo de jueces y fiscales sino también de los abogados. Y es muy seria esta interferencia masiva de los derechos de confidencialidad de las comunicaciones que se hizo durante meses, incluso años, de personas privadas arbitrariamente de su libertad”. Rúa es abogado del exvicepresidente Amado Boudou y del exfuncionario Roberto Baratta -ambos detenidos durante el macrismo en el penal de Ezeiza donde se realizaron las interceptaciones ilegales- y se cuenta entre los espiados. La AFI elaboró un informe con su perfil y el de Graciana Peñafort.

Las escuchas ilegales

En el marco de la causa conocida como “Operación Puf”, el juez Martínez de Giorgi “procedió a efectuar un análisis de las transcripciones de las intervenciones telefónicas” que se utilizaron en esa pesquisa “a fin de identificar aquellas en las que podrían haber participado letrados”, tal como se desprende del documento judicial al que accedió El Destape. Fue una certificación, fechada el 5 de octubre pasado. Se detectaron 109 captaciones telefónicas ilegales, que vulneran la Ley Nacional de Inteligencia pero también las normas que rigen la confidencialidad entre abogado y cliente. Las estrategias de defensa de los acusados, en su mayoría detenidos políticos, fueron escuchadas en tiempo real por la AFI macrista, que con una coartada jurídica espió lo que sucedía en el módulo IRIC del penal de Ezeiza.

Todo indica que las escuchas se practicaron desde la Dirección de Asuntos Jurídicos, que estaba a cargo de Juan Sebastián De Stéfano, procesado por su rol en este armado de espionaje ilegal en la megacausa que se inició en los tribunales de Lomas de Zamora y pasó a Comodoro Py.

Las transcripciones que se analizaron en el juzgado de Martínez de Giorgi estaban almacenadas en cuatro cajas. La noticia fue publicada por el periodista Gabriel Morini en Ambito, quien referenció “220 conversaciones entre abogados y detenidos ligados al kirchnerismo”, ya que sumó a las que surgen de la resolución las escuchas que aparecerían en otras cajas. Se trata de grabaciones y transcripciones realizadas en 2019 en los Pabellones A, C y D de Ezeiza.

Según pudo reconstruir El Destape, desde la intervención de la AFI realizaron una recopilación de todas las escuchas que había en la agencia (se hallaron en cajas fuertes y algunas incluso fueron recuperadas de servidores) y se enviaron a los juzgados que tenían los casos que le habían dado marco a las interceptaciones.

De las cajas con transcripciones analizadas en el juzgado federal Nº 8 para ver si se encontraban letrados “espiados”, surge que:

• En la caja 1 se encontraron 25 casos. “Se observa la captación de conversaciones de quienes serían Enrique Blaksley, Juan Pablo Schiavi, Claudio Cirigliano, Natividad Terán, Marcelo Calderón, Eduardo Bernardi, Alionzo Rutillo Ramós Mariños, Fabián De Sousa, Osvaldo Giacumbo, Roque Cirigliano, Cristobal López, Darío Maximiliano Cuello y Ricardo Jaime”, se lee en la certificación. “En algunos casos, expresamente se deja constancia de que en la conversación participaría un abogado como interlocutor. En otros, tal situación es inferida por el tenor del diálogo”, se añade.
   
• En la caja 2 se hallaron 44 casos, entre los que figuran el exministro de Hacienda de Santa Cruz Juan Manuel Campillo y el narco Mario Segovia. “Al igual que en el caso anterior, en ocasiones, expresamente se deja constancia de la participación de un abogado”.
   
• En la caja 3 se encontraron 20 casos. “Se observa la transcripción de conversaciones de quienes serían Roberto Baratta, Lázaro Báez, Atanacio Pérez Ozuna, Juan Javier Granelli, Cristian Medina, Rafael Llorens, Nelsón Lazarte, Ever Ariel Russo, Gilberto Acevedo Villanueva, Daniel Pérez Gadín, Cristóbal López, Eduardo Bernardi, Gerardo Ferreyra”.
   
• Finalmente, en la caja 4 hay otros 20 casos.

Tal como lo precisó Rúa en su presentación ante la ONU, los casos mencionados corresponden solo al período que va “de enero y febrero de 2019 hasta que cesó la escucha ilegal, estando pendiente de relevar aún todo el resto de la interferencia de las comunicaciones”.

La presentación ante la ONU

Con estas novedades Rúa realizó este martes una “presentación de actualización” ante la ONU.

Tras una introducción en la que dio marco al capítulo penitenciario del espionaje ilegal macrista, el abogado indicó: “Una vez más, en orden al permanente interés expuesto por esa Relatoría Especial por ‘la situación de los abogados y en particular los obstáculos para el ejercicio independiente de la profesión’, se solicita nuevamente su intervención, para que en la situación que ha quedado expuesta, se concrete un llamamiento urgente a las autoridades del Estado argentino por las maniobras de espionaje ilegal en perjuicio, entre otras cosas, de la independencia de los abogados, en las que conoce esa Relatoría Especial”.

El abogado insistió en que el período relevado por Martínez de Giorgi en la causa Operación Puf (escuchas que fueron tomadas en el penal de Ezeiza y difundidas por los medios hegemónicos) es apenas un “tiempo bien acotado del total en que se concretó la interferencia ilegal de las comunicaciones confidenciales entre las personas detenidas y sus abogados”. “Y que resta aun certificar todas las situaciones de vulneración de derechos”, agregó.

Entre otras cuestiones, Rúa solicita que el relator García Sayán lleve el caso “ante el Consejo de Derechos Humanos”, que es como la Comisión Interamericana de DD.HH pero dentro de Naciones Unidas y tiene competencias muy amplias para poder colaborar en el caso.

En ese marco, solicitó a la relatoría que reclame:

-“La remisión de la información que tenga sobre la violación de derechos denunciada”.

- “La destrucción de los registros amparados por la confidencialidad de las consultas entre los abogados y sus defendidos” y “de todas aquellos otros que se hayan obtenido sin legitimidad a propósito de las actividades de espionaje ilegal desplegada por las autoridades nacionales en las unidades carcelarias”.

- “Se promueva y respalde la investigación ‘de forma eficaz, rápida, completa e imparcial’, para ‘la verificación de los hechos y la revelación pública y completa de la verdad’ y ‘la aplicación de sanciones judiciales o administrativas a los responsables de las violaciones’”.

- Se impulsen las “garantías de no repetición”, que se dan en base a una serie de directrices como “el fortalecimiento de la independencia del poder judicial” y  “la protección de los profesionales del derecho… así como de los defensores de los derechos humanos”, entre otras.

“Es una vulneración muy fuerte del debido proceso”

Consultado por este medio, Alejando Rúa explicó que “la gravedad de la interferencia de la confidencialidad de las comunicaciones de las personas detenidas con sus abogados la da el hecho de que las mismas agencias de gobierno son las que promovieron la detenciones de las personas, las que consiguieron las detenciones arbitrarias, las que los escucharon ilegalmente y las que intervinieron en los procesos después de haber escuchado las conversaciones como partes acusadoras”. Por eso, señaló que “para las defensas es una vulneración muy fuerte al debido proceso”.

“Las personas detenidas no tienen otro contacto con el exterior que un teléfono público y todos estaban intervenidos. Escuchaban las comunicaciones de todos, con sus abogados, sus familiares y sus amigos”, explicó el abogado.

Las interceptaciones telefónicas de la cárcel de Ezeiza tuvieron coartada una causa contra el narco Segovia, que estaba alojado allí. “No hubo ninguna comunicación en los pabellones C y D del módulo 6 del SPF que tuviera relevancia para la causa en que fueron ordenadas las interceptaciones. Se hicieron para escuchar este tipo de conversaciones”, aseguró Rúa en relación a los diálogos entre los abogados y los presos políticos.

De hecho, las conversaciones derivaban “en la confección de fichas respecto de cada uno de los escuchados, de sus vínculos. Hay incluso documentos donde se hablaba de los abogados”, explicó Rúa. En su caso  en el de Peñafort se encontró un documento pdf en poder del Servicio Penitenciario Federal que estaba vinculado a su desempeño profesional.

“Esta maniobra de escucha ilegal está inserta en un mecanismo de espionaje mucho más grave. Había seguimientos con cámaras, escuchas con micrófonos instalados y hasta se había programado clonar los teléfonos de los abogados que visitaban a sus clientes cuando los dejaban en los lockers del SPF. No sé si esto último lo lograron concretar pero era parte de la estrategia general”, concluyó.