Este viernes la exjueza María Laura Garrigós de Rébori, la primera presidenta de Justicia Legítima, fue designada de manera oficial como Subsecretaria de Asuntos Penitenciarios desde donde ejercerá la intervención del Servicio Penitenciario Federal (SPF) por 180 días. Es la primera mujer que formalmente asume al frente de esa institución.
Mediante el decreto Decreto 539/2020, que se publicó este jueves en el Boletín Oficial, el presidente Alberto Fernández nombró a “Malala” –como la llaman los amigos- al frente de un cargo clave, que había provocado tensión interna en el Gobierno. “Dispónese la intervención de la Dirección Nacional del Servicio Penitenciario Federal” por “el plazo de ciento ochenta días”, firmó el mandatario. Y acto seguido designó “con carácter ‘ad honórem’ a María Laura Garrigós de Rebori como Subsecretaria de Asuntos Penitenciarios”, quien “ejercerá, asimismo, la función de titular de la intervención dispuesta” en el SPF.
Inmediatamente después de la publicación en el Boletín Oficial, la ministra de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Marcela Losardo, tuiteó una foto con la flamante funcionaria: "Puse en funciones a @marialgarrigos como subscretaria de Asuntos Penitenciarios e interventora del Servicio Penitenciario Federal. Trabajaremos estrechamente en los objetivos del gobierno en materia carcelaria”, afirmó.
La ministra también tuiteó un encuentro que Garrigós de Rébori mantuvo con ella, el secretario de Justicia Juan Martín Mena y la subsecretaria de Relaciones con el Poder Judicial, Adriana García Netto.
Con esta designación, Fernández replica el modelo de intervención de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) donde nombró a la fiscal Cristina Caamaño, actual presidenta de Justicia Legítima.
Garrigós de Rébori tiene 40 años de trayectoria en el Poder Judicial y estará a cargo de la intervención del SPF cuando se empieza a desbaratar la persecución arbitraria contra distintos dirigentes opositores que se impartió durante el macrismo.
El nombramiento de la exintegrante de la Cámara Nacional de Casación Penal -se jubiló en 2018- se conoce luego de que el SPF quedara en la mira judicial en la causa por espionaje ilegal que tramita en los tribunales federales de Lomas de Zamora. Este miércoles, en el marco de este expediente, se allanó el Complejo Penitenciario de Ezeiza, por ejemplo, en busca de pruebas que acrediten escuchas ilegales en esa unidad penal. Allí estaban detenidos los llamados "presos K".
La subsecretaría en la que recalará “Malala” estaba vacante. Es el cargo que en tiempos de Macri llegó a ejercer el actual Fiscal General porteño, Juan Bautista Mahiques, acusado de ser uno de los impulsores del Lawfare. Un sector quiso nombrar allí a Emiliano Blanco, Director Nacional del Servicio Penitenciario Federal desde 2014 hasta hace pocos días pero el ala kirchnerista puso fuertes reparos ya que consideraba que bajo su gestión durante el macrismo fue funcional a la persecución política de opositores. De hecho, Blanco presentó su renuncia recientemente, cuando empezó a avanzar la causa de Lomas de Zamora donde se investiga a una organización criminal con terminales en distintos organismos estatales. Su dimisión fue aceptada mediante la resolución N° 169/20 del Ministerio de Justicia y DD.HH. Por esta razón, Garrigós tiene a su cargo la intervención del SPF.
El Presidente había adelantado el miércoles en declaraciones a Radio 10 que intervendría el Servicio Penitenciario ante las denuncias de presunto espionaje ilegal perpetrado en unidades penales como la de Ezeiza durante el gobierno de Mauricio Macri.
El caudal probatorio que hay en la causa que tramita por esos hechos en la justicia de Lomas de Zamora sorprendió a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, una de las víctimas de la banda que estaba compuesta por agentes de la AFI y distintas fuerzas de seguridad y tenía vínculos con el mundo penitenciario y el gobierno macrista. Según pudo reconstruir este medio, cuando fue a reconocer las pruebas del espionaje en su contra, este lunes, Cristina se mostró impactada por los elementos que comprometen al SPF. El 27 de mayo, el juez federal Federico Villena, quien está a cargo del expediente, allanó dos establecimientos del SPF: la Dirección de Inteligencia, que estaba a cargo de Cristian Suriano, y el Departamento de Seguridad. Ese mismo miércoles, Suriano pidió el retiro, después de 30 años de servicio.
Con la postulación de Garrigós de Rébori, Fernández apuesta a normalizar el funcionamiento del SPF, que fue declarado en emergencia en marzo de 2019 “debido a la sobrepoblación carcelaria, situación que se ha visto agravada en el contexto de la pandemia de COVID-19”, tal como se destaca en el decreto de designación de "Malala". A esto se suman las vinculaciones que, se evidenció, el SPF tenía con los sótanos de la democracia.
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