El fiscal Carlos Stornelli dictaminó a favor de un planteo del exdirector general de la AFI macrista, Gustavo Arribas, y pidió que la causa por espionaje ilegal que se investiga en los tribunales de Lomas de Zamora pase a Comodoro Py. Pero las relaciones cruzadas de los investigadores porteños con la exSIDE reflejan que no debieran intervenir en el caso que se abrió a pedido del exseñor 5.
Stornelli está procesado en el marco del D’Alessiogate por sus vínculos con una banda paraestatal dedicada a realizar actividades ilegales de inteligencia. Según esa pesquisa que tramita en la Justicia de Dolores, la organización criminal tenía un nexo directo con la AFI que comandó Arribas. Es decir: el fiscal también está involucrado en una causa por espionaje ilegal en la que aparece la agencia que condujo el escribano por lo que no habría que descartar cierto interés de su parte en beneficiar al exjefe de la Casa de espías.
Como si esto fuera poco, la jueza porteña que debe resolver el pedido del exseñor 5 y Stornelli es María Eugenia Capuchetti, cuya hermana revistó en la AFI bajo las órdenes de uno de los imputados en la causa de Lomas de Zamora: Martín Coste. La hermana de la magistrada, entre otras cosas, participó en la transcripción de las escuchas del “caso Segovia”, que alimentaron la Operación Puf, de la que Stornelli fue un ferviente impulsor. No era para menos. Con ese expediente –que aún sigue abierto en Py-, el fiscal procesado buscó derribar el D’Alessiogate.
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Capuchetti en la AFI
“Hablando de transcripciones, escuchas, esta señora Capuchetti, ¿dónde hacía transcripciones? ¿En Contrainteligencia?”, le preguntó Leopoldo Moreau, presidente de la Comisión Bicameral de Seguimiento de los Organismos de Inteligencia, a un exdirector de la AFI macrista, con 17 años en la agencia, el 21 de julio pasado. “Sí, conmigo. Dependía de mí, Capuchetti. De hecho, hacía Segovia”, respondió ante la comisión parlamentaria el espía cuyo nombre se mantendrá en reserva. Se trata la hermana de la jueza que debe resolver el planteo de Arribas que tuvo el respaldo de Stornelli.
Capuchetti es una agente de carrera que ingresó en 2002 a la exSIDE y pidió jubilarse en el último tiempo. Según se desprende del testimonio en el Parlamento prestó funciones en la dirección de Contrainteligencia, que entre 2018 y 2019 estuvo al mando de Martín Coste, imputado en la causa de Lomas de Zamora que Stornelli pide que pase a Comodoro Py. En el marco del expediente en disputa, el fiscal Santiago Eyherabide requirió este lunes que se procese a Coste junto a Arribas y Silvia Majdalani por sus roles en el espionaje ilegal a Cristina Fernández de Kirchner, ocurrido a mediados de 2018.
La causa Segovia a la que se hizo referencia en el Congreso fue la que sirvió de coartada para realizar escuchas en el penal de Ezeiza donde estaban detenidos los llamados presos K. Esas intervenciones telefónicas son las que alimentaron la Operación Puf, que promovió Stornelli en 2019 cuando su nombre quedó pegado al del espía ilegal Marcelo Sebastián D’Alessio. Este cuestión también se investiga en el marco de la causa de Lomas de Zamora, de hecho hubo procedimientos en el Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza y en el Servicio Penitenciario Federal (SPF).
De acuerdo a los testimonios que surgen de la bicameral parlamentaria, Capuchetti intervino en el caso Segovia. Como había una duplicación de escuchas en la AFI no está claro de dónde provino la filtración. En el área de Contrainteligencia, donde revistaba la hermana de la jueza, apuntan a la Dirección de Asuntos Jurídicos, que tenía un equipo de escuchas paralelo. Ambas direcciones intervinieron en la causa Segovia.
Jurídicos estuvo al mando de Juan Sebastián De Stéfano, militante radical vinculado a Daniel “Tano” Angelici. De Stéfano, que se había negado a concurrir a la primera citación en el Parlamento, se presentó este martes en la bicameral de Inteligencia y acercó un escrito en el que dice que no fue responsable de ninguna ilegalidad y apuntó contra Coste. No aceptó preguntas.
Operación Puf
El mismo día que Horacio Verbitsky daba a conocer en El Cohete a La Luna el D’Alessiogate, es decir el 8 de febrero de 2019, ingresaban en los tribunales de Retiro dos denuncias basadas en escuchas que tenían un origen “anónimo”, es decir, ilegal. Una de esas presentaciones la hizo Stornelli. La otra, Elisa Carrió, ambos involucrados en el caso que tramita en Dolores. Eran denuncias calcadas estructuradas en el mismo material que alimentó lo que se conoció como Operación Puf, una causa que apuntó contra los presos K con el objetivo de desacreditar el D’Alessiogate. La denuncia de Stornelli derivó en el expediente 1341/2019, que se terminó cerrando por falta de elementos. La de Carrió la impulsó Claudio Bonadío y hoy sigue abierta.
¿De dónde habían salido las escuchas que alimentaron esas denuncias? De la “causa Segovia”, en la que intervino Capuchetti, la hermana de la jueza. En esa causa, por pedido de la AFI y orden de la justicia de Lomas de Zamora, la DAJUDECO intervino el penal de Ezeiza donde estaban detenidos los presos K. Con la excusa de escuchar al narco Mario Segovia por una causa relacionada a un artefacto explosivo se terminó registrando las conversaciones de diversos exfuncionarios kirchneristas detenidos. Esos audios pasaron de la Dajudeco a la AFI para ser transcriptos. El material, que debió destruirse porque no tenía nada que ver con la investigación, el macrismo lo hizo circular por medios de comunicación afines y se tradujo en dos denuncias desesperadas que buscaron derribar una causa que no hizo más que crecer.
Aún no está claro de dónde provino la filtración de las escuchas que tuvo la AFI. Pero sí quiénes escucharon a los presos K y luego transcribieron sus conversaciones.
Stornelli y la ética
Este lunes, el fiscal Stornelli dictaminó a favor de Arribas, quien planteó que la causa por espionaje ilegal contra Cristina Fernández de Kirchner y el Instituto Patria que tramita en Lomas de Zamora y lo involucra, debe tramitar en Comodoro Py. El fiscal procesado le dio la razón al exseñor 5. Se basó en que los hechos se sustanciaron en la Ciudad de Buenos Aires. Entre otras cuestiones, Stornelli afirmó que existió “fórum shopping” por parte de la denunciante, que fue la interventora de la AFI, Cristina Caamaño. Según publicó Infobae, el fiscal procesado dijo que el juzgado de Lomas de Zamora fue elegido en función de los intereses de la denunciante, algo que ni siquiera plantearon las partes del proceso.
Stornelli entiende de forum shopping. No solo está procesado en el D’Alessiogate. El senador nacional Oscar Parrilli también lo acusó de mal desempeño en la causa de las fotocopias de los Cuadernos. Entre las diversas irregularidades que se le achacan, le endilgan la elección de un juzgado y fiscalía a dedo para instruir la pesquisa. Es que la causa Cuadernos no fue a sorteo como hubiera correspondido sino que quedó a cargo de la dupla Bonadío-Stornelli por una supuesta (y forzada) conexidad con la causa GNL que ya tramitaba en el juzgado federal Nº 11, expediente que también estuvo repleto de ilegalidades. Allí, por ejemplo, declaró como testigo el espía Marcelo D’Alessio y participó el perito David Cohen, que deberá enfrentar un juicio en su contra por haber realizado un peritaje trucho.
“Stornelli y Capuchetti, éticamente debieran correrse”, aseguraron las fuentes jurídicas consultadas. “Razones de prudencia y decoro podrían justificar su apartamiento”, indicaron. “Desde el punto de vista de la excusación, de motu propio debieran dar un paso al costado", añadieron. Pero también aclararon que ambos tiene argumentos jurídicos para no desprenderse de la causa: “Pueden replicar que ni el fiscal ni la hermana de Capuchetti están siendo investigados en la causa de Lomas de Zamora”.
Ante este marco de situación, un interrogante se hace inevitable: ¿Corresponde que Stornelli y Capuchetti sean los funcionarios judiciales que resuelvan el planteo de Arribas de llevar a Comodoro Py la causa por espionaje ilegal que hoy tramita en Lomas de Zamora?
Cuestión de competencia
A pesar de este cuadro de situación, la palabra de Capuchetti y Stornelli será importante pero no será la definitiva. Los investigadores de Lomas de Zamora rechazan que el caso pase a Comodoro Py. Aseguran que sobran elementos que justifican que el caso tramite en esa jurisdicción.
Por ejemplo, en Lomas de Zamora afirman que parte de los hechos que se investigan ocurrieron en ese territorio, como fue la "cobertura legal" que se le dio al espionaje ilegal contra CFK. Esas tareas se ocultaron en una causa sobre el G-20 que tramitó el juez federal Federico Villena, a cargo del juzgado federal N°1 de esa jurisdicción. Una de las razones de los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide para pedir el procesamiento de Arribas y Majdalani es que ambos seleccionaron al juez Villena, muy cercano a Majdalani, para insertar en el mentado expediente varios informes falsos que les dieran cobertura por las tareas ilegales en el Patria.
Ante este panorama habrá que esperar las resoluciones de primera instancia y, factiblemente, las posteriores apelaciones. Todo indica que las instancias superiores serán las que resolverán este conflicto de competencia que sin dudas puede sellar el destino de la causa por espionaje ilegal contra la actual vicepresidenta de la Nación y otros dirigentes.
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