El espionaje ilegal a Cristina Fernández de Kirchner y el Instituto Patria se hizo por orden de los jefes de la AFI macrista, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani. Eso es lo que dan por acreditado en la causa los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide, por lo que pidieron el procesamiento de ambos junto al de Martín Coste, exdirector de Contrainteligencia de la agencia.
En un detallado escrito, al que accedió El Destape, se describen las siguientes acciones que comprometen al exseñor 5 y exseñora 8 en el expediente:
- Daban las órdenes a Alan Ruiz, jefe de los Super Mario Bros, para espiar a CFK y al Instituto Patria. Los hechos se remontan a mediados de 2018.
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- Falsearon documentos para encubrir las tareas ilegales que ordenaron.
- Le mintieron a la Comisión Bicameral de Inteligencia, que había analizado el caso, con un informe falso.
- Usaron el mismo informe falso que enviaron al Congreso para lograr un sobreseimiento express por parte del juez porteño Marcelo Martínez de Giorgi, que “investigó” el espionaje al Patria.
- Seleccionaron al juez Federico Villena, muy cercano a Majdalani, para insertar en un expediente de su juzgado varios informes falsos que les dieran cobertura por las tareas ilegales.
Respecto a Coste, el pedido de procesamiento responde a que todas las actividades ilegales se dieron bajo su órbita. Es que el grupo operativo dependía de Contrainteligencia. Si bien los fiscales reconstruyeron que Ruiz reportaba directo a Arribas y Majdalani, consideran que Coste estuvo al tanto de las tareas ilegales y no las frenó. El propio Coste lo reconoció en su declaración aunque se escudó en que era imposible hacer una denuncia al respecto porque todas las vías para hacerlo estaban comandadas por directivos que respondían a Arribas y Majdalani.
El pedido de procesamiento para la plana mayor de la AFI en la era Mauricio Macri lo firmó lo firmó el fiscal Eyherabide, que trabaja junto a la fiscala Incardona, internada con COVID-19. Resta que decida el juez Juan Pablo Augé, también contagiado, si hace lugar al planteo de los fiscales. Un dato no debe pasar desapercibido: Eyherabide e Incardona tienen delegada la investigación, por lo que su palabra tiene mucho peso.
A Arribas, Majdalani y Coste se les imputan los delitos de inteligencia ilegal, que tienen de 3 a 10 años de prisión, de falsificación de documentos públicos que tiene de penas de 1 a 6 años y el de omitir, rehusar hacer o retardar hacer algún acto bajo su responsabilidad. En ninguno de los casos se pidió prisión preventiva pero sí que se les prohíba salir del país y se los embargue por dos millones de pesos en los casos de Arribas y Majdalani y por 700.000 en el caso de Coste.
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Para los fiscales Incardona y Eyherabide está probado que Arribas y Majdalani eran los que impartían las órdenes para que Alan Ruiz realizara tareas de espionaje ilegal. A Coste, que era el Director de Contrainteligencia, le adjudican que sabiendo que el personal a su cargo hacía estas tareas ilegales no hizo nada para frenarlas. Los fiscales tienen por probado que estos tres directivos, junto a otros espías, “intentaron darle apariencia de legalidad a esas actividades prohibidas y para ello elaboraron, rubricaron y utilizaron documentos ideológicamente falsos simulando que aquella actividad había sido realizada en cumplimiento de órdenes recibidas en causas judiciales”.
Descartan cualquier tipo de “cuentapropismo” y son muy enfáticos en ese punto. En el pedido de procesamientos, los fiscales plantean: “Aquí nadie actuaba por cuenta propia, las características del despliegue de la actividad, demuestra su alcance y sistematicidad, planificada desde la cúpula del Organismo. En efecto, esa actividad trascendió empleados utilizados para la ejecución así como las gestiones de distintos Directores Operacionales, lo que elimina cualquier chance de ‘cuentapropismo’ y sólo puede ser explicada desde el denominador común del Director y Subdirectora General, cuanto menos”. También que “la orden de ejecutar las tareas provino de ellos y no de un ‘cuentapropismo’ de Alan Ruiz. Pensada seriamente, esa hipótesis es absurda” y que “sería absurdo concebir que un despliegue de espionaje como este y contra la mujer seleccionada pudiera llevarse a cabo sin la orden de las autoridades superiores del organismo”. El cuentapropismo es la coartada con la que el macrismo busca salir indemne de este caso.
Los fiscales Incardona y Eyherabide les atribuyen a los imputados el espionaje a CFK y al Instituto Patria. Consideran que fue ordenado por Arribas y Majdalani y ejecutado por Ruíz y su banda hasta que fueron descubiertos y que a partir de eso armaron documentos falsos para encubrir esa tarea de inteligencia ilegal.
Repiten varias veces que en el espionaje ilegal a CFK y el Instituto Patria Alan Ruiz “ejecutó de ese modo órdenes recibidas por parte de Gustavo Arribas y Silvia Majdalani”. En el mismo escrito insisten en que “a pedido de Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, Alan Ruiz dio las órdenes verbales y directas de proceder a esas tareas de inteligencia y espionaje ilegal sobre la sede de reunión política y sobre el domicilio particular de Cristina Fernández de Kirchner”.
Uno de los documentos clave que falsificaron Arribas y Majdalani es la nota AFI N 8201 que enviaron a la Comisión Bicameral de Inteligencia el 9 de agosto de 2018 en la que, según los fiscales, “afirmaron falsamente” que no habían espiado a CFK. Los fiscales también enumeran entre los documentos falsos hechos desde la AFI macrista varios informes remitidos al juez Federico Villena, que se escribieron a posteriori y para darle una pátina de legalidad a las tareas ilegales que realizaban.
“La estructura, funciones y roles dentro de la AFI en la época de los hechos se encuentra acreditada en la causa”, dice el escrito de los fiscales Incardona y Eyherabide al que accedió El Destape. Significa que tienen claro como se daban las órdenes. Por ejemplo, que Ruiz recibía “órdenes e instrucciones directas” de Arribas y Majdalani para “tareas de espionaje ilegal” y luego coordinaba con su equipo de trabajo “pasando por encima de su superior jerárquico directo”, Coste.
Para los fiscales, está comprobado el aval de Arribas y Majdalani a las tareas de inteligencia ilegales que ejecutaban Ruiz y su banda. “Podemos afirmar que Gustavo Arribas era quien impartía las ordenes junto con Majdalani, y que fundamentalmente ésta última era quien cotidianamente dialogaba con Alan Ruíz para transmitirle y hacer un seguimiento de las tareas”, escribieron los fiscales.
“Para llevar a cabo tal maniobra, Alan Ruiz contaba primero con la orden y luego con el total respaldo de los imputados, y ante objeciones que tuvo por parte de algunos de los agentes, se encargó de dejar en claro que las órdenes solicitadas, provenían de la ‘8’. Varios agentes, refirieron que era común que él hiciera alarde de que tenía llegada con las esferas más altas del organismo”, afirma el escrito donde se piden los procesamientos. Varios testigos con identidad reservada confirmaron el estrecho vínculo entre Majdalani y Ruiz y que esto rompía las cadenas de mando jerárquicas en el organismo. Y el propio Ruiz les dijo a varios espías que “tanto Gustavo Arribas como Silvia Majdalani, tenían interés en que se lleve a cabo ‘trabajo político’”
Los fiscales aclaran que esas tareas de espionaje “nunca tuvieron como finalidad detectar posibles atentados o amenazas contra la damnificada, ni fueron realizadas en el marco de tareas de prevención por los eventos denominados Cumbre del G 20 y los Juegos Olímpicos para la Juventud”, como se pretendió encubrir con los informes falsos que figuran en la causa. Lo que les pedían a los espías eran informes de movimientos y si ingresaban con bolsos. Como el fiscal Guillermo Marijuan, que hizo pozos en la Patagonia en búsqueda de un PBI robado.
Los fiscales resaltan que los agentes enviados a realizar estas tareas manifestaban que eran ilegales y, por ende, esto no podía ser desconocido por las autoridades de la AFI. Uno de los espías con identidad reservada declaró: “resultó evidente que había algo ilegal en la orden (...) que es ilegal una orden así lo sabes desde el primer curso que te dan, que no podés realizar actividades de inteligencia a políticos ni a periodistas, aparte está en la ley de inteligencia (…) estábamos seguros que esto era por lo menos irregular o ilegal”.
La reconstrucción que hicieron los fiscales dice: “Luego de haber llevado a cabo esas acciones y de que se las descubriera, Arribas y Majdalani trazaron una nueva estrategia delictiva: la de engañar a distintas autoridades a las que les correspondía el contralor de los actos llevados a cabo (Comisión Bicameral Permanente de Fiscalización de los Organismos y Actividades de inteligencia del Congreso de la Nación) y la investigación penal (Poder Judicial), e incluso a la opinión pública”. Espiar y encubrir.
“En esta segunda etapa del delito investigado Arribas y Majdalani, Coste a pedido de ellos, junto a Ruiz y otros funcionarios, confeccionaron y utilizaron documentos ideológicamente falsos”, resumen. Y agregan: “Los imputados, conscientes de la ilegalidad de los espionajes que habían ordenado y ante la repercusión mediática e institucional que se desencadenó, debieron idear ahora una serie de falsificaciones documentales que tuvieron por objeto intentar darle una apariencia lícita”.
El pedido de procesamiento detalla dos tipos de documentos falsos. Uno es el que los propios Arribas y Majdalani enviaron a la Comisión Bicameral de inteligencia, el N 8201, donde afirmaron que no habían ordenado tareas de inteligencia. Ese documento tuvo un doble rol: le mintió al Congreso y lo usaron para obtener un sobreseimiento express por parte del juez Marcelo Martínez de Giorgi.
Los otros tipos de documentos falsos son los informes que enviaron al juez Villena. Esto es clave. Para los fiscales, Arribas y Majdalani seleccionaron un expediente donde introducir estos documentos falsos que les dieran cobertura frente a las maniobras de espionaje ilegal. Y eligieron un expediente en manos del juez Villena, movimiento que indica que lo sentían próximo y confiable. De hecho, Horacio Verbitsky publicó que Villena era un protegido de Majdalani. Queda por verse como seguirá el derrotero de Villena en este expediente, si será como testigo o como imputado.
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