El gobierno de Javier Milei decretó un nuevo régimen de empleo para el sector público y prohibió nuevas contrataciones de personal, salvo algunas excepciones como designaciones en el Gabinete, universidades, guardaparques, entre otros. Además, fijó la duración máxima de los contratos y se estableció la obligatoriedad de aprobar el examen de idoneidad para mantener o acceder a un trabajo en el Estado.
También se estableció que quienes no aprueben la Evaluación General de Conocimientos y Competencias serán despedidos a partir del 31 de marzo.