¿Hay 2023?

El interrogante que plantea el título de esta nota pareciera estar dirigido al oficialismo, por la inevitable evocación de aquella frase que, como afirmación, pronunciara Alberto Rodríguez Saa hace tres años: “Hay 2019”. Ahora bien, una mirada atenta de lo que acontece en la feroz interna de la principal fuerza opositora permitiría pensarla también como destinataria. Sin embargo, los sucesos de las últimas semanas llevan más allá de partidismos las dudas sobre el devenir institucional en un futuro tan próximo y provocan la interpelación consiguiente.

Tradición peronista

Desde su nacimiento el Peronismo ha demostrado una vocación frentista, con una vasta -y variada- amplitud convocante y aceptación de alianzas, planteándose como eje de una fuerza nacional y popular aún en períodos -por caso el menemismo- en que luego sus referentes principales defeccionaran de esa cualidad indentitaria.

De esa tradición, quizás por ese carácter expansivo y policlasista, forman parte las disputas frecuentes en su interior, que se acentúan cuando se acercan las elecciones y que cobran ostensible potencia en torno a las candidaturas como respecto de los dirigentes con los cuales se referencian las distintas corrientes.

También es verificable que mayoritariamente terminan por encolumnarse -con o sin interna mediante- detrás de alguna figura, que consigo arrastra también a las otras fuerzas frentistas.     

Si esos son rasgos que pueden concebirse como tradicionales, también lo es el rol relevante que ostenta el Movimiento Obrero, cuya centralidad o no en diferentes etapas de su historia no le resta dicha condición, ni lo desmerece el caudal de votos que por sí mismo pueda aportar en cada coyuntura.

La dirigencia del sindicalismo peronista en general y de su máxima expresión institucional, la Confederación General del Trabajo (CGT), se ha planteado siempre por encima de los otros estamentos y, particularmente, del sector político. Afirmando, con frecuencia y con bastante lógica constatable en los hechos, que los funcionarios de Gobierno -incluso con las más altas investiduras- pasan, mientras que los sindicalistas continúan y suelen verlos pasar con gusto o disgusto.

La reseña precedente no significa desconocer las divisiones -tajantes, en ciertas épocas- que llevan a fragmentaciones o escisiones antes, durante y después del proceso electoral, ni las heridas -que a veces no cierran- generadas por las concesiones necesarias para lograr la unidad en los comicios.

Un somero balance en la vereda opuesta

Las problemáticas alternativas que atraviesa el oficialismo, con especial incidencia en las cuestiones peronistas irresueltas, comenzando por la ubicación que se le reconozca al kirchnerismo, no eclipsan las que se registran en la oposición en general.

Entre los opositores se esfuerzan por demostrarse cada cual más extremistas en su condición reaccionaria, ya sea -en los partidos menores- para cobrar alguna autonomía en la futura preferencia electoral o para cotizarse mejor ante eventuales convocatorias aliancistas con el macrismo/radicalismo; como igual sucede en Juntos por el Cambio, obnubilados por aparecer como alternativa de hierro frente al “populismo”/peronismo.

Los radicales intentan recuperar la imagen histórica de partido centenario, cuando han perdido ostensiblemente todo sesgo de “progresismo” a la par de acrecentar un perfil conservador que siempre anidó en la UCR -cualquiera fuere la sigla que, en distintas etapas, los identificara-, pero que cabe reconocer también se corresponde con las inclinaciones de buena parte de la clase media que históricamente ha representado.

En el PRO la casa no está en orden, en primer lugar, porque se encuentra en crisis el liderazgo de su socio fundador y cuyo apellido completado con el “ismo” prevaleciera sobre la denominación partidaria. Las segundas líneas no se conforman con seguir ocupando ese sitio, a nivel nacional ni local -ya sea por aspiraciones propias o para imponer a sus “delfines”-, lo que las conduce a jugar fuerte en todos los frentes y no tener reparo alguno por las tácticas -turbias o abiertamente oscuras- de que se valen para denigrar a su oponente o exhibirlo como un tibio e inepto para gobernar el país.

La Coalición Cívica coherente con el cariz depredador que inspira la acción política de Elisa Carrió, continúa destruyendo cuanto construye y reconstruyendo con los restos en primera -y única- persona algún espacio, para no dejar de ser una dirigenta de la que hay que cuidarse y que deba ser tenida en cuenta para las principales definiciones.  

Como en tantos otros órdenes las apariencias engañan, no hay “halcones” y “palomas”, ni autoritarios o republicanos demócratas, es un conjunto que ostenta una abierta preferencia hacia el neoliberalismo y una cómoda -o acomodada- convivencia con los designios de la Embajada de EEUU.

Sin embargo, y a pesar de las diferencias -que las hay en distintos planos-, los une como reúne una coincidencia nuclear constitutiva de su matriz ideológica, la denostación y permanente lucha contra lo que llaman “populismo”.

Populismo, cuya máxima expresión en la Argentina sería el Peronismo al que le atribuyen todos los males de los últimos 70 años, aún cuando sus gobiernos no alcanzaron a un tercio de ese período y las crisis más graves se registraran con gobiernos de otro signo ya fueran surgidos de golpes de Estado o de elecciones que en varios casos se llevaron a cabo con la proscripción de aquella fuerza popular.

Un lastre insostenible

La deuda externa contraída por el gobierno de Cambiemos, en especial los 45 mil millones de dólares otorgados graciosamente por el FMI y fugados con su anuencia, actúa como un condicionante para el desarrollo de la Economía y un cepo insostenible para la Política en cuanto se pretenda soberana, democrática y republicana.

La inflación que se presenta incontenible, ligada a ese endeudamiento pero fomentada y potenciada por los grandes Grupos concentrados que siguen exigiendo maximizar sus ganancias a cualquier precio, literalmente, es otro de los factores que conspiran contra la paz social.

Las vías de ajustes fiscales y de servicios comunitarios básicos, tanto graduales como abruptos según enuncian -y anuncian- como imprescindibles desde la oposición, suponen cargar los mayores costos en las capas medias y bajas de la población, acentuando las carencias ya inconcebibles de los sectores más postergados.

Encontrarles solución sin ceder a las fórmulas neoliberales, unidireccionales en orden a los -pocos- beneficiados y a los -muchos- perjudicados, importa la adopción de drásticas decisiones políticas heterodoxas que sólo serían posibles creando una enorme base de sustentación popular que no se avizora en el horizonte.

Una disyuntiva de difícil resolución, aunque indispensable para sortear razonablemente la actual encrucijada y en cuya consecución importa -hoy por hoy- la estrategia electoral, tanto en el sentido de las convocatorias como en las propuestas de conformación de alguna instancia que, obtenida una nueva victoria en 2023, efectivamente funcione como real garante de un programa de gobierno dirigido a cumplir el Proyecto que sirviera para amalgamar esa asociación política.

Las violencias nos amenazan

La seria alteración de básicas reglas democráticas y republicanas que, con sus claroscuros y si bien no linealmente, parecían gozar de consenso desde la restauración institucional en 1983, deberían estar entre las principales preocupaciones de la clase política.

Clase política que se desprestigia con la prevalencia de la judicialización de los conflictos que les son propios, de su exclusiva competencia y sólo excepcionalmente “justiciables”; al igual, que con la banalización de hechos o situaciones de suma gravedad como la tentativa de homicidio de que fuera víctima la Vicepresidenta de la Nación.

Las actitudes que se registraron unas semanas atrás en la Cámara de Diputados, frustrando la designación de la Presidencia de ese cuerpo legislativo y el tratamiento de importantes Proyectos de ley, abonan la despolitización de la ciudadanía a la par que incrementa la degradación de una institución fundamental de la República.

Cuando el debate político se reduce a las chicanas, los insultos y la indisposición a toda mediación entre posturas antagónicas, se va estrechando el espacio institucional y, a su vez, se acentúa la distancia que lo separa de la gente de a pie, con demandas insatisfechas y condiciones de vida acuciantes no atendidas.

Las violencias de hecho, de palabra y simbólicas no se agotan en esos ejemplos, se manifiestan en diferentes terrenos como provocaciones constantes y conscientes del riesgo de generar estallidos sociales con el afán de desestabilizar la institucionalidad democrática.

La parodia judicial que culminó con la condena de Cristina Fernández de Kirchner forma parte de ese entramado violento, que guarda íntima conexidad con otros procesos con anticipación condenatoria registrados en el país y en la Región dirigidos contra referentes populares, con idénticas matrices mediáticas e impulsadas desde las mismas usinas ideológicas.

El Poder Judicial es la herramienta fundamental de las elites, para la deconstrucción del Estado Social de Derecho. En Argentina cuentan para ello con la solícita actuación de un sector nada desdeñable de la magistratura, apañada por el Máximo Tribunal de Justicia, la Corte Suprema; sector, cuyos protagonistas han llegado a un nivel de impudicia y sensación de impunidad que causa tanta o más perplejidad que su viciada actuación tribunalicia.

La connivencia entre jueces federales, fiscales, agentes de inteligencia, funcionarios de gobiernos locales opositores, abogados corporativos y empresarios de medios de comunicación monopólico, no es novedad, aunque sí es novedoso y, virtualmente, sin precedentes que se expongan con tanto descaro como quedó en evidencia con el episodio conocido como “el viaje a Lago Escondido”.

Como hecho, ese viaje del grupo de tareas ha quedado fuera de toda discusión, atendiendo a las pruebas ya reunidas y que orientan la investigación fiscal en Bariloche. Las motivaciones personales y los emergentes que tiñen de color -y olor- a bosta a esta suerte de caballo de Troya quedan, como en otros tantos casos, libradas a las interpretaciones subjetivas, al menos por ahora.

En paralelo, más allá de su eventual valor como “prueba judicial” en razón del origen presuntivamente ilícito de la información obtenida, la difusión de los presuntos mensajes de texto y muy especialmente de los presuntos audios intercambiados entre esos “servidores” públicos (¿?) en el Grupo que armaron por el escandaloso viaje, que ni se animan a negarlos sus autores -limitándose a aducir aspectos formales leguleyos como defensa y victimización-, configuran un grado de perversión y provocación sólo equiparable con los tiempos de la dictadura y las cínicas últimas manifestaciones de quien es uno de sus más emblemáticos representantes (Alfredo Astiz).

Lo que está en juego

Sin abstracción alguna de las inconsistencias, debilidades y responsabilidades -por acción u omisión- del Gobierno nacional, el camino que postulan desde el neoliberalismo -explícito o no- mal podría ser una opción, al menos, para quienes alientan algún grado de “progresismo” o proponen transformaciones distributivas en democracia y en paz.

Como siempre, una vez que habla Cristina todo se conmueve y remueve, tal lo ocurrido con su anuncio de que no será candidata a ningún cargo en el 2023, que luego completó en una reunión en Ensenada en donde reclamó que la dirigencia saliera a la cancha y se mostrara a la altura de las circunstancias. No todo puede recaer sobre sus espaldas, ni sometido a su arbitraje, máxime, si no lo preceden acuerdos que le confieran un mandato expreso semejante.

Se abre así un ciclo diferente e impensado, sea o no irreductible esa decisión de quien es -y seguirá siendo el año próximo- la conductora natural y con mayor caudal electoral propio del Peronismo, como del espectro kirchnerista que lo excede. Un nuevo tiempo para que afloren desde la militancia y los distintos niveles dirigenciales otras figuras, otras personas con aptitudes de liderazgos junto a las muchas ya existentes dentro de ese espacio político.

Nuestra historia da cuenta de otras situaciones de emergencia para el campo nacional y popular, empero en la actualidad se combina un mundo convulsionado por extremismos antidemocráticos, una Región sometida a constantes -y coincidentes- operaciones desestabilizadoras, con una Argentina atravesada por un autoritarismo totalitario judicial funcional a los enemigos internos y externos de la Patria.

Quizás en ese contexto hay que ubicar determinados posicionamientos de sectores que no son, justamente, los más afines a Cristina Fernández y a su principal base militante (La Cámpora), tal el caso del durísimo e inmediato repudio por la condena en el caso “Vialidad” que expresara en un Comunicado el Consejo Directivo de la CGT, en el cual señala sin ambages:

"(…) este vergonzoso veredicto se enmarca en una serie de inconsistencias jurídicas donde no se ofrece evidencia de hecho para probar delito alguno sino meras opiniones de los jueces y fiscales de la causa (…) En días donde la connivencia entre autoridades y operadores del Poder Judicial y el poder mediático fue definitivamente demostrada a partir de las revelaciones que surgieron del viaje a Lago Escondido, resulta fundamental señalar que esta decisión no es más que una mancha más en la historia de la Justicia argentina. (…) esta Confederación General del Trabajo repite una vez más que los actos de gobierno no son judiciables, y sólo el pueblo a través del voto decidirá el destino de sus representantes políticos.”

La tradición sindical en el Movimiento Peronista no le resta reflejos indispensables cuando se advierte que todo está en juego, incluso las conquistas que se podían pensar definitivamente consolidadas, ante el durísimo embate al que están dispuestos las fuerzas reaccionarias y antinacionales.

Las declaraciones de importantes referentes izquierdistas en sintonía con ese rechazo a la condena y proscripción de Cristina, también es un dato relevante y alentador en orden a una lectura común de la realidad presente como del futuro que se avecina.

Tal vez sea hora de que la Izquierda argentina se aventure a un pragmatismo inevitable que, sin abandonar sus principios, se proponga formar parte e integrarse a una fuerza de coalición del campo nacional y popular, abandonando un rol meramente testimonial o la tentación de especular con un crecimiento propio que puede tener elevadísimos costos sociales, como coadyuvar al regreso de un neoliberalismo gobernante repotenciado.

Si habrá o no democracia después del 2023, si subsistirán o no las mafias manipuladoras de la Justicia y condicionantes del funcionamiento institucional de la República, si será o no factible recuperar lo mejor de la Política -con diversidades, pluralidad y antagonismos- para que encuentre representación toda la ciudadanía y respuestas efectivas las crecientes demandas sociales, económicas y culturales, dependerá en gran medida de la clase dirigente y del acompañamiento crítico pero decidido de la ciudadanía.