Elecciones y recuperación del régimen democrático

Cristina Kirchner ratificó que no será candidata en las próximas elecciones. Como es lógico, las repercusiones del anuncio giraron en torno al evidente vacío que esa decisión produce en el interior de la coalición que hoy está en el gobierno: quedan pocos días para ordenar el mapa interno, los modos de resolver las candidaturas y-tal vez lo más importante- quiénes ocuparán los lugares principales en las listas.

Pero, al mismo tiempo, la decisión significa la producción de un acontecimiento cuyo relieve excede la cuestión de cómo terminará ordenándose la boleta electoral del peronismo y sus aliados en la competencia de octubre. Cristina no produjo un “renunciamiento”, como equivocadamente se dijo desde muchos medios de comunicación; lo que hizo fue establecer la existencia de una proscripción sobre su persona. Llama la atención que ese hecho se discuta por el hecho de que hoy la vicepresidenta está habilitada formalmente para competir. ¿Se supone que la condena en primera instancia será corregida por la Casación o por la Corte? ¿Cuál sería la fuente de esa corrección, cuál su razón, qué antecedentes existen para suponer ese curso de las cosas? La candidez podría argumentar la enorme gravedad que tendría la ratificación del fallo para el funcionamiento de las instituciones democráticas, de las cuales el voto popular libre es la base fundamental. Eso se podría tomar en serio si la corte no hubiera dado en estos días una prueba contundente (una más) de que la libertad electoral no es un límite para su avance en la acumulación ilegal e inconstitucional de poder en la que están empeñados sus “tres mosqueteros”: las elecciones en dos provincias del país (Tucumán y San Juan) fueron suspendidas en lo que constituye el atropello más grave a las instituciones democráticas desde 1983. El fallo del 2x1 dictado en mayo de 2017 podría competir en esa contienda imaginaria, pero fue “corregido” rápidamente después de que una multitud en la calle lo exigiera.

Cristina no “renunció” a ser candidata, está proscripta por la estructura que copó uno de los tres poderes de la república. Es decir, no estamos ante un suceso circunstancial, sino ante el acontecimiento que señala la crisis terminal del orden legal recuperado hace casi justamente cuarenta años. Poco después del triunfo electoral de Macri en 2015, el recién designado embajador de Estados Unidos en nuestro país dijo que venía a la Argentina a colaborar en el “fortalecimiento” del poder judicial para mejorar el clima de negocios entre ambos países. Después de la puesta en marcha de esa colaboración, las garantías constitucionales están seriamente afectadas en nuestro país. Y es imposible separar esta saga colonial de las afirmaciones repetidas y sistemáticas de funcionarios de lo que todavía es la principal potencia mundial respecto de la preocupación que les produce la fluidez alcanzada en las relaciones del gobierno argentino con el de la República Popular China.

No es un determinado resorte del poder político argentino el que está en crisis. Lo que está en crisis es la propia democracia. No es una crisis parcial, ni de un gobierno circunstancial: es una crisis de régimen. Es por eso que la elección próxima tiene una especial importancia estratégica. ¿A qué se debe la proliferación de actores políticos que se sienten en condiciones de vociferar contra los derechos humanos, de llamar a la violencia, de negar derechos a los sectores más débiles, de militar apasionadamente a favor del negacionismo respecto del terrorismo de estado en los años setenta? Hay un operativo sistemático -y muy evidente- dirigido a revisar la historia de los últimos cuarenta años en nuestro país, de convertir a los criminales en víctimas, de cerrar el capítulo de la lucha por la verdad y la justicia y reemplazarlo por un revisionismo oligárquico y dispuesto a la violencia. El ex presidente Macri se lo dijo hace poco al periodista Majul: los cambios van a tener resistencia y el liderazgo no puede detenerse ante la violencia, tiene que avanzar de todos modos. El presidente de la Corte acaba de decir que la emisión de moneda podría ser considerada como un acto inconstitucional.

En 1945, pocos días antes del histórico 17 de octubre, un acto de las facciones más agresivas de la política oligárquica argentina clamó en la plaza San Martín por darle la plenitud del poder político a la Corte Suprema. Más de una vez se interpretó con sorna esa consigna. Pero eso fue posible porque la movilización popular del peronismo enterró ese proyecto. Que es el mismo que una y otra vez enarbola la idea de “normalizar” la Argentina, terminar con el “populismo” que cree que detrás de cada necesidad nace un derecho, que cree en la organización sindical, en el derecho laboral, en la defensa del patrimonio nacional… todos mitos de una Argentina “perdedora” que no aprende de la experiencia de los países “exitosos”.

Es necesario tomarse muy en serio la elección de octubre. No es solamente la elección de un elenco de gobierno: es la decisión entre recuperar lo perdido de la experiencia democrática de 1983 y recuperar el sentido de los derechos civiles y sociales hoy agredidos tanto por los vociferantes de ultraderecha como por los sistemáticos abusos de los poderosos de nuestra economía empoderados por el control del FMI sobre nuestras decisiones soberanas en lo económico. Lo que hoy se llama “frente de todos” tendrá que constituirse en un frente de disputa del poder, de freno del poder sedicioso que ha ganado posiciones. Las buenas señales de unidad al más alto nivel del frente son esperanzadoras; es posible que, como dijera Borges, no nos una el amor sino el espanto. Las divisiones, las querellas pequeñas, los egos desproporcionados pueden pavimentar el camino a una catástrofe política. No de un partido ni de un sector sino de la nación.

Es una oportunidad para la movilización popular. Desde aquí se opina que no hay que temerles a las primarias abiertas. Por el contrario: con reglas de juego claras y con voluntad de unidad pueden reforzar la autoridad del peronismo y sus aliados. Pueden producir un vuelco en una relación de fuerzas hoy adversa, a causa de sucesos externos pero también por debilidades propias. Cristina dijo en el reportaje que le hiciera el periodista Duggan, en C5N, que el gobierno del frente, con todos sus problemas había sido infinitamente mejor que un nuevo ciclo de la derecha neoliberal. Eso es importantísimo como palanca de unidad. Y al mismo tiempo hay que tener claro que eso no alcanzaría para la nueva etapa. Una etapa en la que el país está entrando en una época mundial de cambio geopolítico: con nuevos actores estatal-nacionales, con la voluntad de reformar el orden mundial unipolar y convertirlo en un mundo de naciones soberanas que ejerzan sus derechos a reagruparse regionalmente en defensa de su soberanía y de su vida digna. Antes de la elección se definirá nuestro ingreso a los BRICS, acaso el comienzo para una recuperación de fortaleza nacional y regional, capaz de ayudarnos a salir de la pesadilla que representa el FMI y sus exigencias neocoloniales.