La memoria, ah la memoria, cuanta trascendencia tiene para nuestras vidas, tanto como el olvido, porque una y otro con frecuencia son determinantes de nuestro devenir personal pero también comunitario. A escasos días de unas elecciones de medio término que, como nunca antes, adquieren una importancia equiparable a las de fin de mandato presidencial, es atinado hurgar en recuerdos no tan lejanos y, en esa línea de tiempo, memorar el sentido que tuvo la palabra “cambio” en el discurso de asunción del Presidente Néstor Kirchner y cuál en boca de Mauricio Macri que la adoptó para denominar la alianza (“Cambiemos”) que lo llevó a la Presidencia.
Por la República
El término República no implica una univocidad conceptual ni, mucho menos, una uniformidad atemporal y universal, si bien hoy en Occidente, y especialmente en nuestro Continente donde no existen monarquías -salvo algún anacrónico enclave colonial ultramarino-, podemos encontrar ciertos rasgos que la definen.
Entre los principales, que se trata de una forma de Estado y de gobierno ligado a la voluntad popular, que se expresa a través de representaciones institucionales que, a su vez, están estructuradas en base a la división de Poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) que gozan de independencia y funcionan recíprocamente como controlantes del acatamiento a los respectivos mandatos constitucionales en el marco de sus competencias específicas.
Si de una República federal se trata, como es nuestro caso, habrá que agregar una combinación de la sujeción a un Gobierno central con la autonomía propia de los Estados federados (las Provincias) y en los límites establecidos en los pactos fundantes que dieron origen a la Federación (o Confederación) para luego fundirse en un solo molde (la Constitución Nacional) que se traduce en un Estado nacional.
Así como es frecuente que se descubra entre quienes dirigen Organismos estatales dedicados a la lucha contra el narcotráfico o la trata de personas, a personajes comprometidos seriamente con las bandas delictivas que explotan esos “negocios”; desde hace tiempo y cada vez más extendido en el mundo, advertimos que hay muchos republicanos de cartón pintado, que mientras en sus discursos se muestran defensores o fiscales de la República, en sus conductas no se verifica correlato alguno con esos enunciados discursivos.
El gobierno de Cambiemos -ahora Juntos por el Cambio o Juntos (¿?)- fue una clara muestra de esa incongruencia, que mantienen a pie juntillas sus dirigentes y referentes ya fuera de la función pública, pero exacerbadamente en tanto oposición. Si bien, la “incongruencia” es meramente aparente, porque el menoscabo a la República hace a la misma esencia de esa fuerza política.
El nivel de descomposición que promovieron en el Estado fue mayúsculo. En los Organismos de Control (Oficina Anticorrupción, Auditoría General de la Nación, Unidad de Información Financiera, AFIP) que entre 2016 y 2019 blindaron a los funcionarios cambiemistas implicados en maniobras de las más diversas, ocupándose exclusivamente en perseguir opositores; en el Banco Central (BCRA) y en el Banco de la Nación, facilitando la fuga de capitales contrariando las normas más elementales que regulan su actividad; en la administración y gestión de Agencias estatales, como la AFI, la ANsES o el PAMI.
Entre los abusos de poder registrados en el Ejecutivo, una de las proyecciones más degradantes de la República fue la que se dirigió al Poder Judicial con el propósito de restarle toda independencia, justamente uno de los “valores” que decían -y cínicamente dicen- defender a rajatabla.
Con la llamada doctrina “Irurzum”, que permitía el encarcelamiento inmediato mediante una deformada aplicación de la prisión preventiva; la conformación de una “Mesa Judicial” en la que participaban altos funcionarios de gobierno junto a miembros de los servicios de inteligencia, jueces, fiscales y periodistas; y la inicial señal que significó el nombramiento de dos jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación por decreto ordinario, violando flagrantemente el procedimiento constitucional.
En estos días ocurrieron algunos hechos de gravedad institucional, claros emergentes de esa concepción antirepublicana.
El Presidente de la Corte Suprema (Horacio Rosatti), uno de aquellos que originariamente había aceptado esa viciada forma de designación en el Máximo Tribunal constitucional, emuló esa marca al pretender recursar al juez que lo investiga en Santa Fe por enriquecimiento ilícito, lo que no encuentra precedente en la historia de ese tribunal. Postura en la que insistió ante la Cámara Federal de Casación Penal, con asiento en Comodoro Py, luego de dos fallos que le fueron adversos en orden a desestimar la tramitación de la causa en su contra y de otros dos que rechazaron la recusación para apartar al magistrado interviniente.
En sintonía, el ex presidente Macri que había eludido la primera citación a indagatoria alegando que no había sido relevado de guardar secreto de información sensible, cumplido ese requisito por Decreto de Alberto Fernández debió volver a comparecer al Juzgado de Dolores y se negó a declarar. Si bien es un derecho que asiste a cualquier imputado en una causa penal, lo escandaloso es que siendo esa su decisión haya especulado con aquella excusa para entorpecer el trámite judicial.
En otra demostración de su postura antirrepublicana en orden a los derechos a la información, de expresión y de prensa -cuando no es la que le responde-, agredió en la puerta del Juzgado a un periodista de C5N a quien le arrancó el micrófono y se lo tiró al piso. Como es su costumbre, luego dio una excusa inconcebible, lamentando que el micrófono hubiera terminado en un charco de agua, pero sin ofrecer disculpas al trabajador de prensa ni al medio que representaba.
A su alrededor el silencio fue absoluto, puesto que ninguno de los dirigentes de su espacio político formuló comentario ni crítica alguna frente a aquella inconducta condenable, en cualquier caso, pero mucho más en alguien que ejerció la primera magistratura del país.
Por la Democracia
La ausencia de convicción democrática de quienes revistan en los partidos que confluyen en “Cambiemos – Juntos” se ha puesto de manifiesto recurrentemente, como se verificara en la complicidad -por acción u omisión crítica- en diversos intentos destituyentes que tuvieran por protagonistas a las patronales campestres, a los Grupos concentrados del poder económico e, incluso, a la fuerza policial bonaerense en los levantamientos pretendidamente reivindicativos y abiertamente sediciosos de septiembre de 2020.
La permanente judicialización de la política, aprovechando los lazos con parte de la magistratura y la complacencia de la Corte Suprema, supone un total corrimiento del ámbito natural en el que deben desenvolverse la polémicas y contiendas de esa índole, con el ostensible propósito de paralizar las acciones de gobierno.
Lo que también se advirtió en los constantes bloqueos al funcionamiento del Congreso de la Nación, tanto cuando debieron adoptarse medidas extremas de cuidados en los momentos de mayores contagios por covid, como para sesionar en forma semi-presencial o presencial cuando la evolución de la pandemia lo hizo posible.
La desacreditación de la Política es un eje de sus campañas, que no sólo busca denostar al oficialismo sino, principalmente, debilitar la Democracia y hacerla más vulnerable a la influencia de los poderes fácticos.
No desmiente esa inclinación, el actual recurso retórico de Facundo Manes de recitar el Preámbulo de la Constitución, como imitación caricaturesca de Raúl Alfonsín. Porque, a diferencia de ese dirigente radical que era un “político de raza”, Manes es todo lo contrario, un “cultor” de la antipolítica, uno de los que despotrica contra los políticos, cuando qué otra cosa es quien se vuelca a la política: ¿un cocinero como Martiniano Leguizamón?, ¿una señora de barrio -de cualquier jurisdicción- como María Eugenia Vidal? ¿un neurocirujano como él mismo? ¿un empresario sin ambiciones económicas porque ya es rico, como Macri?
La defensa a ultranza de la Democracia constituye desde 1983 una política de Estado, que incluso se incorporó con particular intensidad en la Reforma constitucional de 1994, sostenerla en esta época es decisivo cuando se advierten signos preocupantes de banalización de lo que han representado las dictaduras pasadas y hasta la reivindicación de los genocidas militares o civiles, como se advierte en países de la región (Brasil, Chile, Uruguay, Bolivia) y también en Argentina.
Por los Derechos Sociales
El modelo de Estado es uno de los puntos de mayor fricción que resultan de las consignas electoralistas, planteado desde la oposición en forma maniquea sin matices de ninguna especie y demonizando toda intervención que interfiera las sacrosantas leyes del mercado.
Espert y Milei lo pregonan sin disimulo alguno de su desprecio por lo popular, por la igualdad de oportunidades y por el respeto a la diversidad, pero en definitiva convergen con los idearios neoliberales de Macri y compañía que exigen el retiro del Estado para poder avanzar sin obstáculos para la supresión de los derechos sociales.
En primer lugar los derechos laborales, que no sólo atañen a las personas que trabajan, las que tienen un empleo formal y las que no pero aspiran -con absoluta legitimidad- a obtenerlo con condiciones dignas y no sumidos en la precariedad; sino también los concernientes a su organización gremial, que es el único reaseguro para defenderlos y conquistar nuevos derechos, algunos postergados desde hace décadas como el de participación en las ganancias de las empresas, con control de la producción y colaboración en la dirección (art. 14 bis C.N.).
Es ostensible la coincidencia de propuestas deslaboralizadoras de las relaciones de trabajo, dirigidas a la consagración de la total inestabilidad en el empleo y a la supresión de toda protección contra el despido arbitrario. Las premisas que informan esas iniciativas consisten en reducir el trabajo a un factor de la producción, al salario a un costo y a la disponibilidad de los puestos de labor a una condición para maximizar las ganancias empresarias a costa de la inseguridad alimentaria y de la realización personal de quienes trabajan.
Las bondades que le atribuyen en materia de creación de empleo son por demás inconsistentes, ni han sido comprobadas en cada ocasión en que se flexibilizó la entrada y salida a un puesto de trabajo, ya que no depende de las leyes laborales sino del crecimiento de la economía y el desarrollo productivo.
Por lo que no pudieron Videla, Menem y Macri
El ciclo inaugural del Neoliberalismo se impuso, a sangre y fuego, con la dictadura en 1976, en la cual los militares fueron -sin disculpas ni obediencias debidas- la mano de obra de los civiles inescrupulosos y genocidas que necesitaban doblegar toda resistencia popular y democrática para cumplir sus objetivos rentísticos y atar el destino de la Nación a los intereses extranjeros.
Recuperada la democracia en 1983 por las luchas populares, ante el fracaso político del llamado “Proceso”, pero condicionada fuertemente por los cambios estructurales económicos, financieros y el endeudamiento externo, se dieron otros dos nuevos ciclos de -inicialmente embozado- crudo Neoliberalismo con Menem y Macri.
En todos los casos el final fue el mismo, marcado por un acentuado empobrecimiento de la población que también alcanzó a las capas medias; un mayor endeudamiento privado y público absorbido en gran medida por el Estado; la desindustrialización del país y la desarticulación de las economías regionales; la desaparición de miles de pequeñas y medianas empresas; el sostenido incremento del desempleo, la subocupación y la informalidad laboral; profundas crisis sociales e institucionales. Entre otros muchos pesares que abarcaron al conjunto de la sociedad, en beneficio de una minoría que se enriqueció fugando las ganancias obtenidas con el trabajo argentino y formando activos en el exterior exentos de todo tributo fiscal.
A pesar de esas calamidades, que no fueron producto de inclemencias climáticas, la Argentina no resulta un hueso fácil de roer y todavía ofrece resistencias que conspiran contra intereses antinacionales que advierten cautivantes perspectivas para nuevos saqueos, pero que exigen una deconstrucción nacional superior a la obtenida en los tres ciclos anteriores.
Es en momentos como el presente que resulta fundamental definir cuáles son los “cambios” que necesitamos y se nos proponen, despejando el horizonte con una previa visión retrospectiva a la luz de la experiencia acumulada. Con ese propósito, entiendo útil rescatar algunos pasajes del discurso de Néstor Kirchner ante la Asamblea Legislativa al asumir la Presidencia de la Nación.
“El pueblo ha marcado una fuerte opción por el futuro y el cambio (…) pensando diferente y respetando diversidades, la inmensa y absoluta mayoría de los argentinos queremos lo mismo aunque pensemos diferente (…) En esas condiciones debe quedarnos absolutamente claro que en la República Argentina para poder tener futuro y no repetir nuestro pasado, necesitamos enfrentar con plenitud el desafío del cambio.”
“(…) En la década de los 90, la exigencia sumó la necesidad de la obtención de avances en materia económica, en particular, en materia de control de la inflación. La medida del éxito de esa política, la daba las ganancias de los grupos más concentrados de la economía, la ausencia de corridas bursátiles y la magnitud de las inversiones especulativas sin que importara la consolidación de la pobreza y la condena a millones de argentinos a la exclusión social, la fragmentación nacional y el enorme e interminable endeudamiento externo”
“(…) Hay que reconciliar a la política, a las instituciones y al gobierno, con la sociedad (…) En nuestro proyecto ubicamos en un lugar central la idea de reconstruir un capitalismo nacional que genere las alternativas que permitan reinstalar la movilidad social ascendente. (…) Queremos recuperar los valores de la solidaridad y la justicia social que nos permitan cambiar nuestra realidad actual (…) Sabemos que el mercado organiza económicamente, pero no articula socialmente, debemos hacer que el Estado ponga igualdad allí donde el mercado excluye y abandona.”
“(…) La calidad institucional supone el pleno apego a las normas (…) A la Constitución hay que leerla completa. La seguridad jurídica debe ser para todos, no solamente para los que tienen poder o dinero.”
“(…) Ese equilibrio fiscal tan importante deberá asentarse sobre dos pilares: gasto controlado y eficiente e impuestos que premien la inversión y la creación de empleo y que recaigan allí donde hay real capacidad contributiva. (…) No se puede recurrir al ajuste ni incrementar el endeudamiento. No se puede volver a pagar deuda a costa del hambre y la exclusión de los argentinos, generando más pobreza y aumentando la conflictividad social. La inviabilidad de ese viejo modelo puede ser advertida hasta por los propios acreedores, que tienen que entender que sólo podrán cobrar si a la Argentina le va bien.”
Por todas y todos
Las próximas elecciones no definen por sí solas el porvenir, pero determinan y condicionan seriamente las posibilidades de transformaciones indispensables para un mejor vivir y una mayor calidad democrática de la sociedad en su conjunto.
Una Argentina atendida por quienes creen ser sus dueños, elitista y en la que se entienda natural una desigualdad estructural, es el objetivo que persiguen aquellos que han estado detrás de cada ciclo Neoliberal.
Claro que no es así como se presentan, sino como garantes de un futuro promisorio, pleno de libertades republicanas y de un eficiente -aunque muy restringido- funcionamiento de un Estado, mínimo, porque son los mismos -literalmente o su descendencia- que quienes sostenían en dictadura que “achicar el Estado era agrandar la Nación”.
Es hora de ejercitar la memoria, hacer un balance de lo que ganamos y perdimos con cada una de las alternativas que nos proponen, tomar conciencia de la velocidad con que hemos retrocedido en cada uno esos ciclos y lo que se ha tardado en la reconstrucción para volver a avanzar. Dejar experiencias y vivencias en el olvido supone un enorme riesgo, porque esta vez vienen por todo, por todas y todos.
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