Qué significa "una salida a lo Bukele" como quiere Bullrich

Nayib Bukele llegó a su primera Presidencia en El Salvador con una promesa: acabar con la violencia y las maras. Para ese entonces, el país estaba entre los más violentos del mundo y -pese a que los números bajaban, según las cifras del Gobierno de ese momento- la tasa de homicidios de 50,3 por cada 100 mil habitantes parecía estremecer a cada uno de los 21.041 kilómetros cuadrados de ese territorio centroamericano. Logró cambiar esa realidad, pero la estrategia que por estos día enamora al Gobierno argentino, especialmente a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, no tiene mucho que ver con las prácticas democráticas y prescinde de las garantías más básicos a los derechos humanos. Toma de las instituciones, falta de transparencia, estado de excepción, militarización del país y detenciones masivas, las claves del “modelo Bukele” que se instaló en el debate político argentino en medio de la debilidad del Gobierno argentino. 

Las referencias a las formas que adoptó el Gobierno de Bukele para “combatir el delito”, en palabras de la ministra Bullrich, volvieron a resonar después de este domingo, cuando arrasó en las urnas, como no consigue casi ningún oficialismo en la región. El mandatario centroamericano respondió a una pregunta en la conferencia de prensa que se hizo durante la jornada de elecciones, a las que llegó al cabo de una serie de pasos inconstitucionales y en las que se autodeclaró ganador -sin resultados oficiales a la vista- por la abrumadora mayoría del 85%.

“Nosotros hemos ofrecido oficialmente a la ministra (de Seguridad, Patricia) Bullrich no asesoría, porque creo que esa no es la palabra, sino la colaboración que ellos necesitan en todos los temas de seguridad”, dijo. Bukele, entonces, hizo referencia a las diferencias entre los dos países: “El problema de Argentina es más pequeño, hay algunas ciudades como Rosario, en las que es preocupante, si bien se pueden aplicar algunas cosas, no tendría que ser tan drástico”, reconoció y hasta sostuvo que el principal problema argentino no es la inseguridad, sino la economía. “Somos los dos latinoamericanos”, señaló para rescatar alguna similitud al tiempo que sostuvo la posibilidad de aplicar sus formas en “otras partes del mundo”.

Dos días después, Bullrich agradeció el gesto del presidente centroamericano y en una entrevista con Infobae contó que el día del cambio de Gobierno se reunió con su par salvadoreño y hablaron sobre “cómo ellos habían disminuido el delito”. Quedaron en organizar una visita al Centroamérica “sabiendo que la problemática de ellos es re difícil, re dura, pero que lograron una baja muy, muy importante” y que el aporte sería “técnico”. Especificó, en ese sentido, en “cómo lograron avanzar sobre el delito y la legislación”.

“Nos interesa adaptar el modelo de Bukele”, sostuvo Bullrich y argumentó que “la violencia en Argentina está fuerte”. Más allá de sus dichos y de problemáticas reales en torno a la inseguridad, los números argentinos muestran otra cosa. Por poner un ejemplo, un estudio de la Universidad Nacional de Tres de Febrero (Untref) reveló que Argentina tiene la cuarta tasa más baja de homicidios dolosos en América latina, con una fluctuación de entre 5 y 6 cada 100 mil habitantes.

Con la derrota en el Congreso y ante el fuerte momento de debilidad política del Gobierno de Javier Milei, Bullrich volvió a plantear el modelo salvadoreño como la solución a los problemas argentinos. Ahora bien, ¿de qué hablamos cuando decimos “modelo Bukele”? ¿cómo y por qué El Salvador llegó a convertirse en uno de los países con menos asesinatos en el mundo?

Las pandillas o maras

La “guerra” emprendida por Bukele apunta a lo que se conoce como maras o pandillas. Como viene informando El Destape, son grupos que surgieron en la década de 1970 en zonas marginadas y se fortalecieron en Estados Unidos durante los 80. Las famosas Mara Salvatrucha (MS) y el Barrio 18 (18) ahora están supuestamente desbaratadas, pero tienen capacidad de crecer, reproducirse, hacer negocios, desafiar el control territorial y el monopolio de la fuerza del Estado, según un informe de Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

Con las masivas deportaciones en la década de los 90, llegaron a un país "donde había poca presencia del Estado, déficit de desarrollo local y débil tejido social comunitario”, precisó el documento. En ese entonces, todavía perduraba el conflicto armado en el país (1979-1992). Entonces, el fenómeno se complejizó y se convirtieron en grupos organizados que en sus prácticas incluyen la extorsión, el asesinato y el tráfico de drogas, entre otras.

El modelo

Algunas de las pistas de cómo el presidente cool multimillonario desarrolló su modelo las resumió el mismo el domingo por la noche ante cientos de simpatizantes en el centro de San Salvador cuando se atribuyó el triunfo de las elecciones tan cargadas de irregularidades que los resultados oficiales todavía no se conocen: “En 2019, vencimos al bipartidismo, le pusimos fin a la posguerra, no teníamos gobernabilidad. En 2021, ustedes nos dieron la mayoría calificada con la que pudimos sacar a la Sala de lo Constitucional, sacar al Fiscal General anterior, aprobar lo que necesitamos para el Plan de Control Territorial y en marzo de 2022, aprobar el régimen de excepción”, enumeró.

Dos días antes, su compañero de fórmula, Félix Ulloa, habló con el diario New York Times y las declaraciones fueron reproducidas por el diario El Salvador: “A esta gente que dice que se está desmantelando la democracia. Mi respuesta es sí. No la estamos desmantelando, la estamos eliminando, la estamos sustituyendo por algo nuevo”, festejó.

Pero ante la insistencia del Gobierno argentino de replicar el modelo salvadoreño, vale recordar lo que Bukele dejó de lado en su discurso de victoria:

1. Plan de Control Territorial. Poco se sabe más allá de las distintas fases que el Gobierno informó una vez cada tanto y en palabras del presidente “es secreto”. Esa política, en los primeros seis meses de Gobierno -junio y diciembre de 2019- se hizo sentir en una baja del 30% de los homicidios. Más tarde, el portal de investigación salvadoreño El Faro, revelaría que el presidente Bukele, en realidad, había implementado negociaciones con las dos principales pandillas del país, que les daba privilegios en prisión y a cambio, reducían los asesinatos y le decían a la gente que votara por Nuevas Ideas -su partido- en las elecciones legislativas de 2020. La práctica no era ajena a otros gobiernos, tampoco la mano dura, pero en este caso, se encontraron los documentos. La información, en tanto, fue revelada luego del fin del último fin de semana de marzo de 2022, cuando El Salvador sufrió la mayor cantidad de muertes en 27 años.

2. El 9 de febrero de 2020, “algo” se rompió en El Salvador. Los planes de mano dura ya estaban en marcha, pero Bukele necesitaba un presupuesto que el Congreso -en donde no contaba con nadie de su partido- no le aprobaba. Entonces, hizo un llamado a una insurrección para que la población se levantara contra la Asamblea legislativa y les convocó para que asistieran aquel domingo a las puertas del lugar. Se sentía la tensión y había temor de un golpe de Estado. Antes de que él y les legisladores llegaran, entró el Ejército, que luego lo escoltó a la sala de sesiones. “Si estos sinvergüenzas no aprueban esta semana el Plan Control Territorial nos volvemos a convocar aquí el domingo”, dijo en el escenario de afuera al público que lo celebró. La aprobación a la que se refería era un préstamo por 109 millones de dólares del Banco Centroamericano de Integración Económica.

3. Un año más tarde, el 28 de febrero de 2021, Bukele consiguió la mayoría calificada que necesitaba para pasar todos sus proyectos en el Congreso unicamercal. En mayo de ese año, fue finalmente aprobado el préstamo. De acuerdo con cifras del Banco Central de Reserva, la deuda pública total hasta marzo para ese año era de 22.978,91 millones de dólares, un 11,9 % más que los 20.533,74 millones computados en marzo de 2020.

4. Estado de excepción y militarización del país. Después del violento fin de semana de marzo de 2022, la siguiente medida a tomar fue el estado de excepción. Como se puede escuchar en el podcast Bukele, el señor de los Sueños de Radio Ambulante, la tregua entre el Gobierno y las pandillas se había roto y ese fue el puntapié para pisar el acelerador. La medida suspende garantías constitucionales para toda la población: elimina el derecho a la defensa o la presunción de inocencia. Los juicios contra quienes son considerados pandilleros se dan en una suerte de secreto de sumario, muchas personas siquiera pueden hablar con sus abogados. Desde entonces crecen las denuncias por violaciones a los derechos humanos, como se contó en esta nota.

También crece la persecución a líderes y lideresa sociales, como por ejemplo, a quienes forman parte de la comunidad de Santa Marta todavía detenidos pese a que la Justicia pidió su liberación, como se contó en esta otra nota. Son ex guerrilleros exiliados que recuperaron el territorio y defienden el agua ante las intenciones del Gobierno de querer habilitar la minería que está prohibida en el país, para evitar el avance de políticas extractivistas.

Los números de las detenciones no se conocen con certeza ni los usos de los recursos porque la transparencia de datos ya prácticamente no existe, como lo revela en un informe la organización Cristosal, donde indica que en el 73% de los pedidos de información fueron denegados.

Para Amnistía Internacional, en tanto, el régimen de excepción resultó en más de 66 mil detenciones, en su mayoría arbitrarias, el sometimiento a malos tratos y tortura, violaciones flagrantes al debido proceso, desapariciones forzadas y la muerte de al menos 132 personas bajo la custodia del Estado, “quienes al momento de su fallecimiento no habían sido declarados culpables de ningún delito”, especificaron.

5. Toma de las instituciones. La mayoría le permitió destituir a magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que habían puesto un freno a medidas restrictivas durante la pandemia. También decidieron destituir al entonces Fiscal General Raúl Melara que había anunciado públicamente que el Ministerio Público había abierto investigaciones en torno a las supuestas ganancias de la administración Bukele relacionadas con el gasto durante la pandemia y las negociaciones con pandilleros de la MS13. En cada uno de esos lugares, fueron nombradas personas a fines. En la fiscalía, por ejemplo, todavía perdura Rodolfo Delgado, exfuncionario de la petrolera venezolana PDVSA investigado por presunto lavado de millones de dólares.

6. Reelección inconstitucional. En septiembre de 2022, con mayoría calificada en el Congreso y funcionarios a fines en el Poder Judicial, Bukele anunció en cadena nacional que iría por la reelección. Ningún mandatario democrático en 90 años había tomado una decisión similar. La Constitución Política salvadoreña lo prohíbe en seis artículos. La decisión fue cuestionada por Estados Unidos, también autoridades eclesiásticas. Además, ya había un antecedente de la Sala Constitucional que decía que quien quisiera retornar a la presidencia, debía hacerlo hasta 10 años después. Bukele se presentó en una interna de su partido para la competencia presidencial y ganó sin contrincantes junto con Ulloa.

7. Reforma electoral inconstitucional: en el camino a su segunda presidencia, el mandatario anunció fuera del término correspondiente una petición para el Congreso que implicaba la reducción de 262 a 44 municipios y de 84 a 60 legisladores.

8. La mega cárcel con capacidad para 40 mil personas. El Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) fue inaugurado el 1 de febrero de 2023. Las primeras imágenes que se difundieron unos días después con los primeros dos mil prisioneros fueron espeluznantes: amuchados, semidesnudos, con grilletes en las manos y en los pies, sin posibilidad de salir a la luz del día y con comidas que comen con las manos porque los cubiertos pueden convertirse en armas. En un ensayo fotográfico de El País recientemente publicado se pueden ver que las celdas están sobrepobladas.

9. La "renuncia". En julio 2023, Christian Guevara, jefe del partido oficialista anunció en una entrevista en un canal televisivo de Perú que Bukele renunciaría en diciembre a la presidencia para poder competir por las elecciones. Finalmente, lo que hizo fue pedir una licencia y quedarse con todas las atribuciones presidenciales. Dejó en su lugar a su secretaria personal, Claudia Rodríguez de Guevara.

10. La reelección. El 4 de febrero, Bukele se autoproclamó presidente y festejó ante cientos de personas en las calles del centro de la capital que, también, su partido Nuevas Ideas obtuvo "58 o más" de los 60 legisladores con los que quedo la Asamblea Nacional. "Democracia significa poder del pueblo", dijo ante la multitud que lo celebró.

Según las cifras oficiales, El Salvador alcanzó la cifra histórica de 7,3 homicidios por cada 100 mil personas. Todos los analistas, afines y no, señalan que ahora la preocupación del pueblo salvadoreño es la economía. Su país tiene una de las economías más débiles de la subregión centroamericana y su PBI depende de las remesas. Entre el 40% y la mitad de la población, según el Banco Mundial, vive en condiciones de pobreza.