El modus operandi es el mismo y lo describieron con lujo de detalle por estos días los protagonistas: trabajadores del sector público en hospitales y universidades. El gobierno aplica un torniquete a los sueldos para forzar la salida del personal, que busca mejores remuneraciones en instituciones privadas, donde pueden ganar el doble o más por el mismo trabajo, o en el extranjero.
El salario argentino está tan devaluado que ya no hace falta emigrar a Europa o Estados Unidos para hacer una diferencia: un médico o un profesor puede multiplicar sus ingresos por cuatro o cinco mudándose a Chile, Uruguay o Paraguay. Los profesionales que se van no son reemplazados. Los que se quedan pierden plata todos los meses y trabajan en peores condiciones. Hasta que se vayan.
Así se ejecuta el vaciamiento en el gobierno de Javier Milei. El topo que destruye al Estado desde adentro. A donde mires encontrás un agujero. En la misma semana que se anunció la desregulación del sistema de transporte de media y larga distancia, en la Casa Rosada comenzaron a hablar de la privatización de más de ocho mil kilómetros de rutas nacionales. Son decisiones políticas que cuestan vidas.
El clima social se está poniendo más espeso. El presidente fue insultado en una incursión de campaña a una empanadería cerca del Congreso. Martín Menem recibió huevazos en Río Gallegos. Karina Milei tuvo que mudar el lanzamiento de LLA en provincia de Buenos Aires de una plaza en el centro de La Plata a un club pequeño en las afueras. No pudo evitar el cacerolazo en su contra.
Se hace eterno pero van sólo 10 meses. El gobierno surfea la ola del blanqueo para mantener en niveles bajísimos el dólar y el riesgo país, mientras se aferra a la esperanza de que la inflación termine de bajar antes de que la devaluación sea inevitable. El 3,5 de septiembre fue celebrado por el gobierno pero no trae alivio a una sociedad que sacrificó salario y ahorros sin obtener nada a cambio.
Milei dice que consiguió estabilizar la economía sin expropiaciones, pero ¿qué otra palabra describe mejor la decisión política de arrebatarle, deliberadamente, a los ciudadanos, una parte sustancial del valor de sus salarios? ¿No es también un robo licuar el ahorro de los argentinos y empujarlos a que lo quemen a precio super barato para llegar a cubrir gastos comunes mes a mes?
El desgaste se aceleró en las últimas semanas. Pegarle a jubilados siempre es impopular. La universidad, por el contrario, es la institución mejor evaluada por los argentinos. Podría decirse que los Milei, y su monotributista en jefe Santiago Caputo, eligieron esta vez los enemigos equivocados. Con el año electoral a la vuelta de la esquina, el único pedal que tiene el gobierno es el acelerador.
Una aritmética especulativa explica muchos de los movimientos de los últimos días en la oposición. Si el apoyo al gobierno se achica sensiblemente y al mismo tiempo en el PRO siguen convencidos de que su electorado aún demanda oficialismo duro eso significa que los que están alejándose son los votantes del 30 por ciento original, mayormente jóvenes de clases populares, sobre todo del interior del país.
La pregunta es si ese sujeto social, tras la decepción con el experimento anarcocapitalista, saldrá nuevamente en búsqueda de representación o si renunciará a esa demanda y se volcará a una anomia aún mayor, algo que debería encender las alarmas de todo el sistema. La respuesta dependerá en buena medida en que una dirigencia que debe ser capaz de ofrecerles algo mejor que esto.
No se trata de inventar el agua tibia. La sociedad marca el camino. A partir de las manifestaciones de jubilados, primero, y luego en los hospitales y las universidades, los reclamos sectoriales están comenzando a descompartimentarse para ir dibujando lentamente una demanda común de un país muy diferente al que había hasta diciembre, sí, pero también distinto al que propone Milei.
La velocidad en la que se extendió en todo el país la lucha estudiantil da cuenta de que la pradera estaba crocante. Primero una veintena de instituciones, esperando que el Congreso rechazara el veto presidencial a la ley de financiamiento. Cuando esa iniciativa fue derrotada, el número de facultades tomadas se multiplicó por tres. En pocas horas eran más de sesenta. Un hecho histórico.
Las tomas nunca son el final de un proceso sino que suelen ser el comienzo. Las largas horas de vigilia, los encendidos debates en asambleas y comisiones, el cruce con estudiantes de otras carreras o turnos son un caldo de cultivo del que nacerán consecuencias que hoy nos resulta difícil imaginar. Nunca es una buena noticia para un gobierno cuando el movimiento estudiantil entra en estado de deliberación.
En este caso en particular un desliz estratégico puede haber abierto una oportunidad. El triunfo legislativo del oficialismo sosteniendo el veto clausuró la discusión. Asunto terminado. Ahora todos los debates, todas las propuestas, tienen que proyectarse, por necesidad, hacia adelante. Decenas de miles de estudiantes deberán hablar del futuro. Ese, quizás, fue el peor error que cometió este gobierno.
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