Desde hace más de seis meses, el gobierno de Javier Milei se encarga de desfinanciar el sistema de salud. Estas medidas amenazan la continuidad de miles de instituciones, afectando la atención de los pacientes y la estabilidad laboral de los trabajadores. La crisis sanitaria impacta en el colectivo de médicos, que sigue mostrando resistencia y realizará una nueva medida de fuerza: los profesionales del Hospital Neuropsiquiátrico Provincial (HNP) llevarán a cabo un paro total este miércoles 3 y el jueves 4 de julio. Según informaron, se garantizarán únicamente las guardias para cubrir la prestación de servicios esenciales.
La medida de fuerza se decidió tras la confirmación del cierre de 20 camas y el traslado de profesionales del servicio social a otros hospitales que impuso el gobernador Martín Llaryora. Los trabajadores señalan que esto es un avance para seguir con un plan provincial para cerrar el HNP, al igual que ocurrió con el Instituto Provincial de Alcoholismo y Drogadicción (Ipad), único efector público en atender problemas de consumos de sustancias.
En un comunicado de la Comisión Directiva Provincial, los médicos denuncian que los servicios y guardias se encuentran "desbordados por el aumento exponencial de la demanda por la grave crisis social" y por el incremento de la incidencia de "padecimientos psíquicos, de los consumos problemáticos y adicciones".
De acuerdo a lo denunciado, la falta de recursos materiales y personal pone en riesgo constante a los usuarios que no pueden recibir la mejor atención y también para los trabajadores que están sobrecargados, sin que se cumplan las licencias correspondientes como en el servicio de enfermería. Además, el traslado compulsivo de trabajadoras sociales es "particularmente grave", por la especificidad de su tarea en un hospital que atiende a los sectores sociales más vulnerables.
"Es una mentira inadmisible de las autoridades que buscan escudarse en una supuesta adecuación a la Ley provincial N.º 9.848 de protección de la salud mental porque, contrariando la ley, el Neuro sigue siendo MONOVALENTE, en lugar de transformarlo y como prevé la ley incorporando servicios como neurología, endocrinología, toxicología, fisioterapia, clínica médica y otros", expusieron.
Además, afirman que esta "decisión autoritaria" tiene el objetivo de favorecer a las grandes clínicas psiquiátricas privadas, ya que allí "se deriva a los pacientes cuando la capacidad de internación está completa. Un gran negocio para unos pocos efectores privados a los que las autoridades no les exigen que se adecúen a la ley".
En un momento de crisis económica, donde cada vez más personas dependen del sector público para su atención médica, la gestión en materia de salud del Presidente es muy dañina: la interrupción del programa de entrega de subsidios para la compra de medicamentos oncológicos y el pobre manejo de la epidemia de dengue más importante en la historia del país, evidencian la situación de un pueblo que se encuentra a la deriva por la inoperancia de sus gobernantes.
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Más de 5000 establecimientos de salud en Argentina se unieron en un duro comunicado y sostienen que están al borde de la quiebra debido a la crisis estructural que atraviesa el sistema prestacional. La Unión Argentina de Salud (UAS) advirtió en un comunicado que el sector "no tiene márgenes para enfrentar ni siquiera el corto plazo. Los centros podrán ser plausibles de ejecuciones por parte de la AFIP a partir del mes de agosto como consecuencia de deudas previsionales e impositivas".
El pasado 28 de mayo, el gremio de la Sanidad y casi la totalidad de las Cámaras que agrupan a clínicas, sanatorios, hospitales de comunidad, centros de diagnóstico y otros especialistas, acordaron un aumento salarial del 10%, 9%, y 9% para mayo, junio y julio, respectivamente. Este acuerdo fue homologado por la Secretaría de Trabajo, aunque ADECRA se abstuvo de firmarlo. "Este acuerdo del orden del 28,8% se suscribió muy a pesar de la situación de quebranto que muchos prestadores del sistema están atravesando", señalaron.
El impacto de la crisis que se profundiza día a día por las medidas de la gestión libertaria no solo afecta a las instituciones, sino también a los trabajadores y pacientes. Las autoridades de la UAS destacaron que "el capital humano es el recurso más importante de este sector. No poder afrontar en tiempo y forma su costo implicará poner en riesgo la continuidad de las instituciones y un empleador que desaparece cambia el eje de la discusión: de mantener el salario real, la preocupación pasa por el drama de mantener el puesto de trabajo".