El secretario general del PRO, Facundo Pérez Carletti, adelantó que, si el Senado finalmente trata el pliego de Ariel Lijo, recientemente designado por decreto para la Corte Suprema de Justicia, los legisladores de su partido votarán en contra. Por otra parte, en diálogo con El Destape 1070, elogió la "trayectoria" de Manuel García-Mansilla, el otro magistrado nombrado por decreto del presidente Javier Milei.
"La mayoría de los integrantes de nuestro bloque va a votar en contra del pliego de Ariel Lijo y el rechazo al mecanismo en el cual ha sido designado", reveló Pérez Carletti, quien opinó que, con las designaciones de jueces para la Corte por decreto, el Gobierno cometió "un error innecesario".
Además, recordó que Mauricio Macri intentó hacer lo mismo con las designaciones Horacio Rosatti y Carlos Rosenkratz, aunque tras el rechazo popular dio marcha atrás y envió sus pliegos al Congreso. "Mauricio quiso hacer lo mismo y cuando vio que era un error dio marcha atrás", dijo.
"Hay una consideración distinta a la capacidad de la persona para ser juez de la Corte Suprema de la Nación de Lijo con el de García-Mansilla", declaró y añadió: "Para nosotros, el hecho de que García-Mansilla haya aceptado entrar a la Corte por decreto no invalida su trayectoria profesional".
La designación de Lijo y García-Mansilla, la causa de la polémica
El martes, la Oficina del Presidente anunció que el Gobierno designaría por decreto a Lijo y García-Mansilla para la Corte. "El Presidente ha tomado la decisión de nombrar en comisiones a los doctores García-Mansilla y Lijo como jueces de la Corte Suprema, hasta la finalización del próximo período legislativo, con el objetivo de normalizar el funcionamiento del máximo tribunal del país, el cual no puede llevar a cabo su rol con normalidad con tan solo tres ministros", indicó el comunicado.
"Durante el plazo mencionado, la administración continuará con el trámite legislativo en la Cámara alta ejerza sus atribuciones y preste los correspondientes acuerdos a los pliegos", siguió el texto de la Oficina del Presidente, y concluyó: "El Gobierno nacional no tolera ni tolerará que los intereses de la política se impongan por sobre los del pueblo argentino, bajo ninguna circunstancia".
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