Juana Villca tenía un embarazo de seis meses cuando murió en un taller textil durante un incendio que se inició por un cortocircuito de un cable sobrecargado en el segundo piso de un edificio de Caballito, en la Capital Federal. Intentó salvar a cuatro niños, los abrazó, el fuego no los dejó salir y fallecieron.
Fue el 30 de marzo de 2006. En el lugar vivían 68 personas hacinadas, más de treinta familias, y trabajaban en condiciones de explotación en un edificio de dos pisos donde había más de 40 máquinas, pero estaba habilitado para cinco.
Juana era boliviana, tenía 25 años y hacía tres meses que vivía en la Argentina. En homenaje, un espacio de cooperativas textiles tiene su nombre. La lucha para exigir justicia por ella y los niños, y visibilizar las condiciones laborales de los talleres, activó en la comunidad boliviana la necesidad de unirse, pensar ideas, rearmarse, y encontrar un modo de organización que les permitiera mejorar sus condiciones de vida y trabajo.
En 2015, en otro incendio en un taller clandestino en el barrio porteño de Flores, murieron los niños Rodrigo y Rolando. Ese día fue el quiebre final. “No sabíamos qué hacer pero sí que estaba mal. Y empezamos a hacernos cargo”, cuenta Juan Vázquez en la terraza del galpón de tres plantas que funciona en Ciudadela, en el partido bonaerense de Tres de Febrero.
En los primeros días de diciembre de 2015 abrieron las puertas del edificio para montar el taller. Asume Mauricio Macri la presidencia y a las pocas semanas dispone la apertura de las importaciones textiles. Vázquez explica que les costó más de cuatro años desarmar la lógica de funcionamiento de los talleres que se incorporan a espacios colectivos, desarrollar un sistema cooperativo de producción que ofrezca resultados alentadores y lograr la incorporación de más compañeros y compañeras. Todo mientras sufrían el impacto de los tarifazos durante el macrismo y la caída del consumo interno.
“Nosotros cosemos política. Cuando estamos cosiendo, estamos encontrando lógicas para intervenir en el sistema productivo y desarrollarnos. Tenemos que ser un montón para crecer, darnos salarios y salir de la lógica del subsidio”, dice Vázquez en diálogo con El Destape.
En el proceso de organización productiva, incluyeron también la elaboración de la comida para los costureros y las costureras. “Salimos de la esclavitud y nos organizamos para no trabajar tantas horas y ganar miseria, tener tiempo para nosotros, con nuestros horarios para estudiar, llevar a nuestros hijos al colegio, lo que antes no podíamos porque no nos dejaban”, dice Verónica Maldonado, una de las trabajadoras que se encarga de la cocina, además de la contención emocional de quienes se suman al proyecto y de asesorar a compañeras de otros talleres.
Hoy son unas 60 personas que producen para marcas y empresas, y son parte de las unidades textiles bonaerenses que confeccionan kits sanitarios, que incluyen barbijos, cofias, camisolines y cubrebotas para el sistema público de salud provincial.
El gobierno de Axel Kicillof adjudicó a través de una licitación pública la confección de 7 millones de kits a cooperativas textiles. La decisión, en conjunto entre el ministerio de Salud y de Desarrollo de la Comunidad, apunta a generar 5 mil puestos de trabajo en 15 unidades autogestivas ubicadas en Quilmes, Berazategui y Tres de Febrero, entre otros municipios bonaerenses.
“Es la primera vez que el Estado confía una licitación tan grande en las organizaciones. Esa licitación, la gane una empresa o una cooperativa, siempre terminamos cosiendo nosotros. La diferencia es que, con esta oportunidad, ofrecemos menores costos para el Estado y mejores ingresos para los trabajadores”, dice Vázquez, referente de la Cooperativa Juana Villca.
Durante la pandemia, la rama textil de la economía popular se reconvirtió rápidamente para sostener miles de puestos de trabajo y se adaptaron para responder a la mayor demanda de insumos sanitarios.
La subsecretaría de Economía Popular bonaerense realizó un relevamiento de unidades productivas textiles. En la primera etapa, relevaron 49 en 25 municipios para conocer su capacidad productiva, sus dificultades y su potencial de desarrollo. Allí detectaron que pueden producir más de 500 mil kits sanitarios semanales.
“El sector privado les ofrecía 6 pesos por kit a cada trabajador. Hoy arrancan en 60 pesos y puede llegar a 100, sin que sea más caro para el Estado. Se da una distribución más democrática porque la inversión llega a más trabajadores, y además robustece la capacidad productiva porque pueden invertir en máquinas”, explica Federico Ugo, subsecretario de Economía Popular bonaerense, a El Destape.
La mayoría de los espacios relevados corresponde a pequeñas unidades productivas. El 63% cuenta con hasta 10 máquinas para realizar sus tareas. El 54 por ciento tiene hasta 10 trabajadores y trabajadoras, mientras que sólo el 12 por ciento supera los 30 integrantes.
Otro dato que demuestra el grado de informalidad del sector y la dificultad para el acceso a líneas de financiamiento, como créditos y subsidios, y a compras estatales, es que el 48% de las unidades no posee personería jurídica.
“El trabajo y el esfuerzo existía, pero estaba desvalorizado. Por un lado por la estigmatización que tiene el sector de la economía popular, y por otro lado por este proceso de precariedad que tenían, vinculados a un patrón que se llevaba sus ganancias”, dice Federico Ugo, y destaca la voluntad política para volcar los recursos del Estado a fortalecer una experiencia productiva colectiva.
Desde el gobierno bonaerense articulan la compra de productos generados por cooperativas, fábricas recuperadas y unidades productivas, y las asisten legalmente en la inscripción como proveedoras del Estado.
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