A 46 años del Golpe de Estado, balance de los juicios de lesa humanidad

A 46 años del golpe de Estado, se repite una situación que se volvió costumbre en materia de lesa humanidad en los últimos años: la demora de los juicios, lo que provoca el fallecimiento sin condena de los imputados. El principal apuntado por esta situación es el Poder Judicial y, fundamentalmente, la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Para entender la problemática en números: en la actualidad hay 20 juicios en curso (3% del total) y otros 65 (10%), es decir, más del triple, aguardan fecha de inicio. A esto se suma que el promedio de espera de un veredicto, según informa la Secretaria de Derechos Humanos de la Nación, es de 10,4 años, lo que revela lo angustiante de la situación para aquellas víctimas y familias que buscan justicia. El panorama es dramático también en la etapa de instrucción donde hoy hay 275 causas (el 44% del total), de acuerdo al relevamiento que hizo la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad y publicó este miércoles. Allí, por ejemplo, se encuentra la mayoría de las causas que involucra a la pata civil que apoyó al terrorismo de Estado.

“La situación sigue siendo la misma de los últimos años. Los juicios se hacen pero la duración de cada juicio es alarmante. Duran años y los imputados, testigos, sobrevivientes y familiares, tienen mucha edad. Muchos fallecen en lo que dura el proceso por lo que el imputado fallece sin condena y los familiares o víctimas sin Justicia. Es necesario que la Corte les dé prioridad”, asegura el abogado Pablo Llonto en diálogo con El Destape. Llonto es abogado querellante y representa a 360 familiares y víctimas. “El 60% de mis casos no llegaron a juicio oral”, destacó.

En la misma sintonía se manifiesta Andrea Pochak, Subsecretaria de Protección y Enlace Internacional en Derechos Humanos de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación: “Los juicios están demorados y nos venimos enfrentando cada vez más a una situación de impunidad biológica de los imputados”, indicó a este medio. Pochak tiene una vista panorámica del estado de situación. La secretaría de DD.HH. es querellante en 265 causas.

Pochak explicó que esta semana, la secretaría presentó una serie de planteos de lo que jurídicamente se llama “pronto despacho”, es decir, pedidos de pronta resolución, “en 9 causas emblemáticas frenadas en la Corte y en la Cámara Federal de Casación Penal”. Esperan resoluciones para, por ejemplo, confirmar condenadas. “Se trata de condenas que no quedan firmes por esas demoras”, indicó.

La Corte, como cabeza del Poder Judicial, es la principal apuntada por los atrasos. “Es el máximo tribunal del país el que tiene que tomar la decisión de fijar como prioridad a los juicios de lesa humanidad, sea por medio de una acordada o de la modificación del reglamento para la justicia nacional, estableciendo lo que se le viene pidiendo, es decir, que estos juicios tengan prioridad y que las audiencias no se hagan una vez por semana sino 3 veces por semana, que es lo que planteó el colectivo de abogadas y abogados en causas de delitos de lesa humanidad”, afirmó Llonto. Los abogados buscan hace tiempo que se instrumente la reglamentación de la velocidad de este tipo de juicios.

“Hay muchas medidas que puede tomar el Poder Judicial: puede declarar la prioridad de este tipo juicios, modificar la cantidad de audiencias por semanas o la duración de esas audiencias”, señala Pochak. “Casación acaba de aprobar una nueva acordad para acelerar estos juicios. Nos parece importante pero no suficiente”, aclara. Y recuerda que ya hubo planteos ante organismos internacionales por las demoras.

La problemática, no obstante, es transversal al Poder Judicial, tal como se desprende del informe de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, que en total contabilizó 633 causas de lesa humanidad:

• En la etapa de instrucción hay 275 causas, que son el 44% del total. Son la mayoría. Varios de estos casos están relacionados a la responsabilidad de los civiles durante la última dictadura. Por ejemplo, el ex gerente de Mercedes Benz, Juan Ronaldo Tasselkraut, a quien se acusa de complicidad en los secuestros de trabajadores entre 1976 y 1977, viene logrando la postergación de su indagatoria. La nueva fecha que se fijó en la justicia federal de San Martín es para el próximo 29 de marzo. En instrucción también se encuentra todavía el caso del ex jefe de redacción de la revista Para Ti en 1979, Agustín Bottinelli, acusado junto al difunto Aníbal Vigil, director de la publicación, por difundir un reportaje falso (como operación psicológica) a Thelma Jara de Cabezas mientras se encontraba secuestrada en la ESMA. “Esos casos suelen demorar muchísimo en instrucción, son los más resistidos”, afirma Pochak.
• Otras 273 causas (el 43% del total) ya tuvieron sentencia.
• Elevadas a los tribunales orales y a la espera de que se fije fecha para inicio del juicio hay 65, lo que representa el 65% del total. “Estos juicios quedan demorados como si no hubieran transcurridos 46 años del golpe de Estado”, indica Pochak.
• En juicio solo se encuentra el 3% del total. Son 20 causas. Allí, las audiencias suelen ser una vez por semana lo que hace que los juicios se extiendan por años. Entre los juicios en curso están la megacausa de Campo de Mayo, que cuenta con 350 víctimas y 765 testigos; el juicio “Las Brigadas”, que tramita en La Plata y cuenta con 442 víctimas y 468 testigos; Vesubio III, que tiene 370 víctimas y 152 testigos ; y el juicio “Hogar de Belén”, entre otros. El seguimiento de los mismos se puede hacer desde juiciosdelesahumanidad.ar, página que elaboró la Secretaría de Derechos Humanos.

A este cuadro general se suma lo que desde la Secretaría de DD.HH. llaman “el problema de la etapa recursiva”, es decir, las demoras en Casación y la Corte. “La responsabilidad está en todos lados. Pero si la Corte tiene este nivel de mora en recursos a su estudio, qué mensaje le da al resto de los tribunales”, indica Pochak.

“La situación, cada año que pasa, es más preocupante”, consideró Llonto.

Los juicios en números

La Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad publicó este miércoles un informe con un relevamiento de las causas. De acuerdo a esta dependencia del Ministerio Público Fiscal hay 1058 personas que fueron condenadas (la inmensa mayoría, uniformados y no civiles) y 165 absueltas. El punto de partida es “el primero de los juicios de este tipo celebrado en 2006 tras la reapertura de las causas por violaciones a los derechos humanos durante el terrorismo de Estado”. Las cifras surgen de las 273 sentencias dictadas desde entonces en todas las jurisdicciones federales.

En lo que hace a las causas en trámite:

• 542 personas están actualmente procesadas;
• 142 con falta de mérito;
• Y 573 imputadas por el Ministerio Público Fiscal sin que hayan sido convocadas a prestar declaración indagatoria.
• Hay 34 personas indagadas que aguardan la resolución de su situación procesal;
• Y otras 96 resultaron sobreseídas durante la primera parte de los procesos.

Por su parte, la procuraduría indicó que actualmente “22 personas se encuentran prófugas".

En total, la Procuraduría contabilizó 3596 acusados por crímenes de lesa humanidad. De ese total, hay 764 personas detenidas (21% del total), 1278 fallecieron (35%) mientras que 1532 (43%) permanecen en libertad. “Como ocurre desde 2016, el arresto domiciliario se ha consolidado como la forma preeminente en que las personas detenidas transitan estos procesos judiciales. Actualmente, 579 personas se encuentran en prisión domiciliaria, 118 permanecen en establecimientos penitenciarios y 67 lo hacen en otras dependencias, como la Unidad N°34 que funciona en la guarnición militar de Campo de Mayo”, informó la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad que “por sus características y el rol del Ejército en su administración” no considera a Campo de Mayo “como una unidad penitenciaria”.

“Poco más de mil condenados y un universo de 3569 investigados para más de 30 mil víctimas y más de 700 centros clandestinos de detención, no cierra. Los juicios los seguimos defendiendo, los números son históricos, pero se necesita muchísimo más por delante”, explicó Giselle Tepper, de H.I.J.O.S. Capital.

La otra deuda

Ante la consulta de este medio, Tepper realizó un racconto de las deudas en materia de lesa humanidad, varias de las cuales serán explicitadas este 24 de marzo desde H.I.J.O.S. Capital:

• Uno de los puntos que se debe mejorar es la falta de designación de jueces y la conformación de tribunales. En la misma línea, el abogado Pablo Llonto señaló que “muchos jueces están desbordados. Porque hay tribunales con vacantes sin cubrir por lo que hay jueces que están en 4 juicios al mismo tiempo. Y eso también es responsabilidad compartida del Consejo de la Magistratura y de la propia Corte”.
• La falta de recursos en etapas de instrucción que hace que el avance de causas en esa etapa sea muy extensa.
• Que se conforme la comisión bicameral del Congreso para investigar la participación civil.
• También está pendiente la identificación y hallazgo de los nietos y nietas que se están buscando y saber dónde esta Julio López.
• Entre las deudas que señalan desde H.I.J.O.S. Capital también se cuenta que la Iglesia desafecte al cura Christian Von Wernich, “que tiene perpetua con fallo firme y sigue siendo integrante de sus institución”. Capellán de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, Von Wernich está condenado por delitos de lesa humanidad.

“También pedimos que paren los beneficios para genocidas y se cumpla la ley de víctimas”, afirmó Tepper. Esto implica que “para otorgar un beneficio, previamente se consulte a las víctimas”.  E indicó que continúan reclamando “una normativa que prevenga y le ponga límites a las prácticas negacionistas de odio”.

Finalmente, como “gran deuda”, figura el juzgamiento de los civiles por su complicidad con el terrorismo de Estado. “Esa impunidad está auspiciada por parte de la corporación judicial”, aseguran desde H.I.J.O.S. Capital.