Mauricio Macri y su familia consiguieron suspender la decisión sobre la quiebra de Correo Argentino, decretada en 2021 con una demora de más de 15 años, hasta que la Corte Suprema se pronuncie sobre una maniobra que ellos mismos realizaron: si habilita a que la Justicia porteña se entrometa en el expediente para desplazar a la fiscala Gabriela Boquin (que frenó la condonación de la deuda) y a la jueza Marta Cirulli (que decretó la quiebra). El expediente por la multimillonaria deuda de los Macri con el Estado y más de 700 acreedores lleva más de 20 años en los tribunales: la Corte, por su parte, no tiene plazos y resuelve lo que quiere cuando quiere. La jugada es evidente: una vez más los Macri ganan tiempo y no pagan sus deudas.
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La decisión de suspender el proceso de quiebra de Correo Argentino la tomó por mayoría la Sala B de la Cámara Comercial con su nueva conformación. La histórica Matilde Ballerini y la sorteada para desempatar María Elza Uzal votaron a favor de los Macri; la nueva integrante por concurso, Guadalupe Vazquez, evidenció que suspender todo hasta que la Corte resuelva contradice la ley de Concursos y Quiebras.
Lo cierto es que es que en este expediente esa ley parece que no corre. De hecho, esto no debería definirse en la Cámara Comercial. En un concurso de acreedores como el de Correo Argentino (que comenzó, vale recordar, el 19 de septiembre de 2001) primero hay un período donde la empresa intenta llegar a un acuerdo, si eso falla se activa el cramdown o salvataje para que un tercero se haga cargo de la sociedad y si eso también falla la ley dice que “el juez declarará la quiebra sin más trámite”. Esa quiebra no es apelable, pero todo es irregular en este expediente. Los Macri apelaron y la misma jueza que decretó la quiebra les habilitó una nueva instancia en la Cámara Comercial.
¿Como se llegó a que ahora se suspenda todo hasta que la Corte se pronuncie? Por un pedido de Socma Americana, la controlante de Correo Argentino, cuyos accionistas son los hermanos y sobrinos de Macri, que no figura en los papeles. Esto es otra irregularidad, ya que la deudora es Correo Argentino y no su accionista controlante. Pero todo es así en este expediente.
El 20 de agosto del 2021 Socma Americana planteó que se suspenda la definición sobre si Correo Argentino va o no a la quiebra y si esa quiebra se extiende a ellos. Las camaristas Ballerini y Vazquez no se pusieron de acuerdo: la primera quería favorecer a los Macri y la segunda cumplir la ley. Tuvieron que sortear una jueza que desempate. Le tocó a Uzal, que terció en favor de los Macri.
¿Sobre qué tiene que pronunciarse la Corte y hasta que no lo haga el caso Correo no avanzará? Sobre si el Tribunal Superior de Justicia (TJS) porteño puede meterse en el caso y definir sobre un deseo recurrente de los Macri: el desplazamiento de la fiscala Boquin, que frenó la condonación de la deuda con el Estado y denunció el vaciamiento del Correo. Lo mismo sobre la jueza Cirulli, a quien los Macri recusaron cuando vieron que iba a decretar la quiebra.
Los Macri fueron a la Justicia porteña luego de que el expediente estuviera 20 años en el ámbito nacional. Incluso la Sala B de la Cámara Comercial, con los votos de Ballerini y Maria Lilia Gómez Alonso -la histórica aliada de los Macri- rechazó ese planteo pero luego les habilitó el camino a la Corte. El procurador interino Eduardo Casal, que responde a Macri, no quiso papelones y dictaminó que el TSJ porteño no puede meterse en una causa que tramita en la Justicia Nacional.
“Opino que el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no tiene competencia para revisar la sentencia dictada por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial”, escribió Casal. Eso fue en junio de 2021. Desde entonces la Corte tiene dormido el expediente.
Todo es insólito. El Código Procesal Civil y Comercial no permite la recusación de fiscales del fuero comercial. Y al TSJ porteño no es una instancia superior de la Cámara Comercial a nivel nacional. El propio hecho de que el caso lo resuelva la Corte lo prueba. Pero aún así todo quedará suspendido.
¿Por qué los Macri quieren que el caso pase a la Justicia porteña? Porque el TSJ responde a Macri. Lo preside Inés Weinberg, a quien Macri propuso en su momento para ocupar la Procuración General de la Nación. Lo integra también Santiago Otamendi, ex viceministro de Justicia en el gobierno de Cambiemos. Lo completan Luis Lozano, Alicia Ruiz y Marcela De Langhe. El fiscal general porteño es Juan Bautista Mahiques, el ariete del lawfare durante el gobierno de Macri. El ex presidente no tiene ni que llamarlos, ya saben que hacer. De hecho ya avisaron que quieren meterse en el caso Correo.
“Considero que debe admitirse el planteo” dijo de entrada Ballerini en su voto. Si bien reconoce que ella misma rechazó la pretensión de los Macri de que el TSJ porteño intervenga, ahora dice que como lo tiene que resolver la Corte mejor suspender todo. “Aunque resulte paradojal, la solución -temporaria, por cierto- que aquí se postula, resulta una forma de aventar el riesgo de mayores demoras posteriores, que derivarían de futuras eventuales nulidades”, escribió Ballerini. Menuda paradoja.
“Aun cuando sostengo la decisión respecto de la carencia de eficacia de las resoluciones dictadas por el TSJC respecto de nuestras resoluciones, no puedo ignorar que la misma podría ser modificada a resultas de la decisión a dictar por la Corte Suprema, por lo que a fin de aventar el riesgo de ulteriores nulidades, considero prudente acceder a lo solicitado”, cerró Ballerini, y al rato le llegó la convocatoria para el equipo de contorsionistas del Cirque du Soleil.
“El pedido de suspensión de la totalidad de las actuaciones no tiene sustento legal” alegó la camarista Vázquez, que quedó en minoría. “El pedido de suspensión no solo no fue fundado en alguna norma de la Ley de Concursos y Quiebras, sino que contradice su principio fundamental, por lo que su concesión podría postergar los distintos derechos e intereses afectados por la cesación de pago”, escribió Vázquez, y agregó: “la suspensión dilata, sin un motivo suficiente, el proceso concursal, que lleva en trámite más de veinte años, en contradicción con las normas y principios previstos en la Ley de Concursos y Quiebras”.
Vázquez cerró así su voto: “En conclusión, entiendo que la suspensión de la totalidad del proceso de quiebra ― no firme ― y de sus incidentes no tiene sustento legal; contradice las normas y principios de la Ley de Concursos y Quiebras, en particular la celeridad de un proceso que data de más de veinte años; y no tiene fundamento en el riesgo cierto de futuras y eventuales nulidades. Por ello, y en aras de no desproteger los intereses afectados por el marco de este proceso colectivo, corresponde rechazar el pedido del Correo Argentino SA”. Se entiende porque apenas fue designada por concurso los Macri intentaron que no intervenga en este expediente, tal como informó El Destape.
Uzal, el voto que desempató en favor de los Macri, usó como argumento que la familia del ex presidente recusó a la jueza Cirulli antes de que decretara la quiebra de Correo Argentino. Fue una maniobra evidente, tal como informó en su momento El Destape, ya que la propia ley dice que si fallaban las ofertas a los acreedores y el proceso de salvataje (que un tercero se hiciera cargo de este desaguisado) la jueza no tenía otra opción que decretar la quiebra. Antes de que lo hiciera los Macri la recusaron. Ahora se nota porqué. La camarista Uzal usa el mismo argumento con la fiscala Boquin, que fue recusada antes de que dictaminara que debe confirmarse la quiebra de Correo. La jugada fue la misma. El voto de Uzal no hace más que confirmar el truco.
Como cierre, el voto que desempató para los Macri dice que “deben prevalecer las objetivas garantías del debido proceso” y por eso “es necesario evitar la sola posibilidad de emitir pronunciamientos judiciales claudicantes que resulten susceptibles de ser alcanzados por potenciales nulidades” en caso de la Corte decidiera que sí puede intervenir la Justicia porteña. En el mismo párrafo hablar de “pronunciamientos judiciales claudicantes” y el “debido proceso”: lo primero abunda en este expediente, lo segundo aún no apareció.
Todo quedará en manos de la Corte, que no mira el Código Procesal Civil y Comercial sino el calendario electoral y las encuestas. El máximo tribunal no tiene plazos y decide sobre los casos que quiere y cuando quiere. Lo más probable es que el caso quede en un cajón, todo beneficio para los Macri. En el caso de que la Corte decida tratarlo dos de sus cuatro miembros, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, aceptaron ser designados por decreto por Macri, por lo que mucho apego a la ley no tienen. De Ricardo Lorenzetti, titiritero del lawfare en la era Cambiemos, se puede esperar su zigzagueo camaleónico. El voto del cordobés Juan Carlos Maqueda, designado por el senador en ejercicio de la Presidencia Eduardo Duhalde, es una incógnita, puede confirmar la mayoría o generar un bloqueo. Ambas opciones favorecen a los Macri.
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