Los camaristas Carlos Mahiques y Guillermo Yacobucci, integrantes de la sala II de la Cámara Federal de Casación Penal, parecen empecinados en favorecer a genocidas. En tres nuevos fallos volvieron a beneficiar a represores de la última dictadura cívico-militar. En esta ocasión fueron más lejos que en los casos Nast y Courtaux y directamente dejaron a dos militares a un paso de la libertad.
El lunes, Mahiques y Yacobucci decidieron anular las prórrogas de las prisiones preventivas que había dispuesto el Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca contra tres imputados por delitos de lesa humanidad cometidos bajo la órbita del V Cuerpo del Ejército: Adalberto Bonini, enfermero general de la División Sanidad, que actuó en el CCD "La Escuelita”; Ricardo Gandolfo, Jefe de Sección de la Compañía "A" del Batallón de Comunicaciones 181 de Bahía Blanca; y José Maidana, oficial del Ejército, jefe del mismo Batallón. Los dos primeros ya estaban con domiciliarias, no obstante lo cual, los camaristas pidieron que se les morigere la pena lo que los dejó muy cerca de la libertad. Eso sí: dejaron que la excarcelación la rubriquen los jueces del TOF, a quienes les reclamaron que dicten un nuevo pronunciamiento.
Respecto de Maidana, que se encuentra alojado en la Unidad 1 de Córdoba, se reenvió la causa al tribunal y se dejó allanado el camino para que se disponga su prisión domiciliaria.
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A diferencia de los casos Nast y Courtaux, en ninguno de los tres fallos se invocaron cuestiones de riesgos de salud en el marco de la pandemia de coronavirus sino que se consideró el "tiempo de detención" que lleva cada uno de los imputados sin que se hayan concluido los procesos en su contra y las prórrogas que se dictaron con anterioridad.
Mahiques y Yacobucci basaron su decisión en “el tiempo de detención que lleva Gandolfo en prisión preventiva –más de tres años y medio- sin que se haya avanzado sustancialmente en el trámite de las actuaciones" y atento a "que no (se) avizora una pronta designación de inicio del juicio”. Lo mismo, sostuvieron respecto a Bonini, del que resaltaron que tiene 76 años. Respecto a ambos, que están con domiciliaria, pidieron una “medida restrictiva morigerada de control cautelar” a efectos “de asegurar la futura audiencia de juicio”.
El camarista que mostró su disconformidad con lo que resolvieron sus colegas fue Alejandro Slokar, quien votó en disidencia en los tres casos. Slokar resaltó el "especial deber de cuidado para neutralizar toda probabilidad de fuga o entorpecimiento de la investigación”. Entendió que correspondía mantener la prisión preventiva de los acusados ya que se ajustaba a lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia años atrás en el fallo “Acosta”.
Fuentes judiciales señalaron que, según criterio de la Corte, “el fallo Acosta sostiene que no hay un plazo específico de duración de las preventivas automático en causas de lesa humanidad por su nivel de complejidad”. “La ley señala que el plazo de la preventiva es de 2 años, prorrogable por uno más” pero que "la razonabilidad de la duración debe contemplarse respecto a todos los factores que giran en torno a una causa de este tipo”, añadieron.
Mahiques y Yacobucci no hicieron alusión al antecedente "Acosta". Directamente, remarcaron que el plazo de la preventiva está vencido y el proceso paralizado porque el juicio no se realiza y no hay fecha a la vista de inicio del debate. “Ahí hay una imposición implícita de que acá no se aplica más ‘Acosta’. Esto en algún momento terminará en la Corte Suprema de Justicia”, explicaron fuentes con acceso a la causa.
Los casos en cuestión se analizaron en el marco de un nuevo tramo de una investigación judicial que fue reactivada por el juez Alejo Ramos Padilla, cuando estaba a cargo del juzgado de Bahía Blanca, por hechos cometidos bajo la órbita del V Cuerpo del Ejército. La Sala II ya había confirmado otros dos tramos de esta “mega causa”, “Bayón” y “Stricker”. Justamente, en el último, Gandolfo fue condenado por el Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca, en 2013, como autor penalmente responsable de la privación ilegal de la libertad agravada por el secuestro de Hugo Washington Barzola.
Mahiques y Yacobucci
Ambos magistrados ya habían beneficiado con la domiciliaria a dos represores, en el marco de la pandemia, y fueron repudiados por organismos de DD.HH. y hasta por sus colegas de Justicia Legítima.
Tanto Mahiques como Yacobucci ya otorgaron pocos días atrás la domiciliaria al genocida Lucio Nast, condenado a 22 años de prisión por delitos de lesa humanidad, y dejaron a un paso de irse a un country al represor Cinto Courtaux. Los dos camaristas habían considerado que ambos criminales integran los grupos de riesgo ante el COVID-19 y merecen dejar los penales donde están detenidos, a pesar que la acordada 9/2020 de la Cámara Federal de la Casación Federal así como las disposiciones internacionales que emitieron la ONU o la CIDH son muy restrictivas en otorgar ese tipo de morigeraciones a quienes cometieron delitos graves. Más aún a quienes perpetraron genocidios.
Mahiques fue ministro de Justicia de María Eugenia Vidal y era juez de la Casación ordinaria cuando en mayo de 2017 pasó a la Casación federal a dedo, es decir, sin concurso ni aprobación del Senado, por decisión del entonces presidente Mauricio Macri. Es el padre de Juan Bautista Mahiques, funcionario macrista a quien se acusó de impulsar el Lawfare contra dirigentes opositores en tiempos en que gobernaba Macri.
Yacobucci escribió en la revista Cabildo, entre 1977 y 1978, mientras estudiaba Derecho. Cabildo fue un medio que defendió a ultranza del terrorismo de Estado. En coherencia con ese pensamiento, en 2008, Yacobucci falló a favor de la libertad de represores de la ESMA, entre ellos “El Tigre” Acosta y Astiz, las que finalmente no se concretaron. Llegó a la Casación federal durante el gobierno de Macri.
Ahora estos mismos camaristas deberán resolver en los próximos días la situación de la patota de la ESMA, entre quienes se encuentran personajes siniestros como Alfredo Astiz y el Tigre Acosta, entre otros.
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