Crisis del 2001: prisión domiciliaria para los principales responsables de la represión

Rubén Santos y Enrique Mathov habían sido detenidos en septiembre –más de 20 años después- luego de que la Justicia confirmara las respectivas sentencias por la represión que dejó unos 40 muertos.

29 de diciembre, 2024 | 15.25

“¡Alertas en los barrios!”, escribieron en sus redes sociales de la organización H.I.J.O.S Capita. Con ese llamado advirtieron sobre el beneficio que recibieron en esta semana el ex jefe de la Policía Federal Rubén Santos y el ex secretario de Seguridad de la Nación Enrique Mathov. Se trata de dos de los principales responsables de la feroz represión que desataron en todo el país –pero cuyo foco estuvo en la Plaza de Mayo, con unas 20 personas asesinadas allí- por las protestas contra el estado de sitio impuesto por el entonces presidente Fernando de la Rúa en medio de una fuerte crisis social, política, institucional y económica que atravesaba el país. Mathov y Santos habían sido detenidos en septiembre. Ahora vivirán en barrios cerrados.

“El proceso judicial tardó casi 23 años para dejar firme una condena baja por la represión y asesinatos en la zona de Plaza de Mayo, pero el mismo Poder Judicial, con la firma de la jueza Adriana Palliotti, tardó 3 meses desde la detención para dar el beneficio de la domiciliaria”, denunciaron desde H.I.J.O.S. Capital. La razón esgrimida por las defensas de Mathov y Santos para solicitar la salida del penal de Ezeiza –en donde tenían un régimen semiabierto- fueron las edades: tienen 76 y 78 años y por “cuestiones de salud”. La jueza Palliotti les dio lugar, pese a que la Fiscalía, como las querellas y las víctimas de la represión estatal, se habían opuesto.

Santos se alojará en un barrio cerrado de la localidad bonaerense de Canning y Mathov en otro de Berazategui. Tanto la Fiscalía como las querellas podrán apelar el fallo.

Los exfuncionarios fueron detenidos a mediados de septiembre luego que la Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmara sus condenas en un fallo considerado histórico y antecedente no sólo para Argentina, sino que para toda la región: Esta decisión de la Corte sienta un precedente único para Argentina y América Latina en estos tiempos en los que vemos crecer el uso de la violencia estatal contra quienes salen a las calles a protestar. En democracia, los derechos a reunirse y manifestarse son derechos básicos y el uso de la fuerza por parte de los organismos de seguridad del Estado tiene límites estrictos cuyo incumplimiento implica responsabilidades, no solo para los autores materiales, sino también para las autoridades de esas fuerzas, escribieron desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) hace tres meses.

Aun así, las penas fueron bajas: tres años y seis meses de prisión para Santos y cuatro años y tres meses para Mathov.

Mathov y Santos fueron condenados por los homicidios culposos de Gastón Riva, Diego Lamagna y Carlos Almirón y por 25 casos de lesiones culposas, entre ellas la del exministro del Interior y actual senador nacional Eduardo “Wado” De Pedro, que fue detenido en medio de las movilizaciones. Ambos fueron condenados como responsables políticos de la represión a los manifestantes en Plaza de Mayo y alrededores que protestaban contra el gobierno de De la Rúa por la situación de crisis económica y social que vivía el país.

¿Qué hicieron Santos y Mathov?

Como secretario de Seguridad, Mathov le dio el 20 de diciembre la orden a Santos de despejar la Plaza de Mayo. La noche anterior la policía había reprimido a los manifestantes que pedían la renuncia de De la Rúa, que el 19 de diciembre emitió una cadena nacional para anunciar el estado de sitio bajo la justificación de “conmoción interior” por causa de las protestas, sobre todo, por la falta de acceso al dinero que las personas no podían extraer de los bancos.

Según dicen, el secretario de Seguridad estaba preocupado porque el entonces presidente tenía que ingresar a la Casa Rosada y la protesta parecía descontrolarse. De la Rúa, pese a que fue el que emitió la declaración, fue sobreseído en el marco de la investigación.

Mathov y Santos fueron condenados por los homicidios culposos de Gastón Riva, Diego Lamagna y Carlos Almirón y por 25 casos de lesiones culposas,

Con la confirmación de las condenas, la jueza Palliotti ordenó sus detenciones. Mathov se presentó el 19 de septiembre en los tribunales de Comodoro Py y lo propio hizo Santos el 23 del mismo mes tras regresar de un viaje a España. Mathov cumplirá con su pena el 22 de mayo de 2028, mientras que Santos lo hará el 28 de septiembre de 2027. Las defensas de ambos -que quedaron detenidos en la Unidad 19 de Ezeiza de régimen semiabierto- pidieron sus prisiones domiciliarias.

Todas las querellas y los familiares de las víctimas pidieron que se rechace. La Fiscalía, por su parte, señaló que la Unidad 19 cuenta con la atención médica necesaria para Santos y Mathov así como de hospitales cercanos para cualquier emergencia, entre otros argumentos como la oposición expresa de las víctimas.

Las razones de la jueza para aceptar las domiciliarias

Los informes médicos de Santos concluyeron que sufre hipertensión arterial, insuficiencia aórtica moderada, antecedentes de nódulos pulmonares y de cólicos renales a repetición con colocación de catéter doble, entre otras descripciones. También que tenía riesgo de muerte súbita.

De hecho, en el fallo, la jueza Palliotti señaló que desde el 19 de diciembre pasado el ex jefe de la Policía Federal está internado en el Sanatorio Finochietto a donde fue derivado por una urgencia luego de sufrir un síndrome colestático secundario a lesión en páncreas. “Dicho episodio es demostrativo, en algún punto, de ´complicaciones´ en su estado de salud, tal como se predijo en el último de los informes citados, lo que denota un agravamiento en su estado de salud”, sostuvo la magistrada.

Por su parte, Mathov -según los informes- tiene antecedentes de hipertensión arterial, enfisema, cáncer de colon operado en 2023, operado de cataratas bilateral y síndrome depresivo y su cuadro requiere distintos tipos de controles. La magistrada sostuvo que se trata de “afecciones incurables”.