Como anticipó El Destape, la Defensoría del Pueblo bonaerense pidió que se le quite la concesión a la empresa Edesur por los constantes cortes de luz en distintos municipios del conurbano. La presentación se formalizó esta mañana ante el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) al considerar que la distribuidora “no se encuentra en condiciones de prestar el servicio”, análisis hecho en función a los reclamos recibidos, las obras que la compañía no realizo y las multas que recibió en los últimos años.
El titular de la Defensoría, Guido Lorenzino, argumentó que las instancias de diálogo con la empresa ya fueron agotadas dado que se intentaron mediaciones con los municipios afectados, se promovieron acciones judiciales, reuniones en la sede del organismo que preside y se aplicaron multas, por lo que consideró que la empresa “no cumple con la prestación adecuada del servicio público a su cargo, en condiciones de regularidad, calidad técnica adecuada y continuidad”. Por eso, le solicitó “a la autoridad concedente y de contralor la rescisión de la concesión oportunamente otorgada verificando las causales objetivas” expuestas y las nuevas que puedan incorporarse. Una situación que exigieron sea “evaluada de manera urgente” para constatar si corresponde, teniendo en cuenta los antecedentes.
Los reclamos ante el organismo defensor de los ciudadanos bonaerenses crecieron un 70% durante los meses de cuarentena, según reflejó el documento. La situación excepcional vivida por la pandemia del coronavirus llevó a pasar jornadas enteras en hogares que no cuentan, por el mal suministro, con un servicio básico para acceder a la salud, educación, trabajo, calefacción y esparcimiento. Problemas que se originaron, sostuvo Lorenzino, en la falta de inversión por parte de Edesur, que tuvo ganancias multimillonarias sólo en 2019, producto de los tarifazos macristas.
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De hecho, se destacó que la compañía argumentó en varias audiencias públicas que los aumentos en las tarifas estarían destinados a obras. Para ello, presentó “planes de inversión que no tienen luego correlato en la realidad, a pesar que las tarifas sí se vieron efectivamente incrementadas”, lo que afectó a la economía de los usuarios.
Por eso, la Defensoría le solicitó al ENRE que arbitre todos los medios a su alcance para constatar esta situación y sancionar a la compañía con la máxima de las penas, que es la revocación del contrato dado que su prestación se encuentra dentro de los servicios esenciales y que el Estado tiene el deber de garantizar su prestación y accesibilidad mediante los organismos de control estipulados, sobre todo en una situación de monopolio como la que se detenta en esta ocasión.
El organismo manifestó haber recibido numerosas denuncias de usuarios por las deficiencias en la prestación del servicio, cortes reiterados en el suministro eléctrico, falta de inversiones suficientes para la adecuada prestación del servicio atento la creciente demanda, aumento desproporcionado e irrazonable de tarifas, medición incorrecta del consumo, falta de acceso a la tarifa social, falta de capacidad de pago aun siendo beneficiarios de tarifa social, falta de capacidad de pago aun siendo destinatarios de tarifa para entidades de bien público, cuestiones relacionadas con usuarios electro dependientes, entre otras.
Ante estos datos, el Defensor interpretó que existe “una flagrante vulneración de los derechos” de los usuarios a causa del a deficiente prestación del servicio, los constantes cortes, los crecientes reclamos, las multas impuestas, “la afectación de los intereses económicos de los usuarios a partir de los aumentos tarifarios registrados en estos últimos años” y la falta de cumplimiento de los planes de inversión.
Esa situación se plasmó en las multas recibidas por Edesur, que llegaron a ser 5.2 veces superiores a las de la otra prestadora, Edenor, por la mala calidad del servicio técnico (frecuencia y duración de las interrupciones de suministro), producto técnico (nivel y perturbaciones de tensión) y servicio comercial (tiempos de respuesta para conectar nuevos usuarios, restablecer el suministro suspendido, emitir la facturación, atender reclamos), durante marzo y agosto de 2019. En base a los datos del ENRE, si se cuentan "todas las interrupciones registradas, la empresa Edesur, supera sus respectivos umbrales, con una frecuencia media 4,10 veces y una duración total de 17 horas. Estos valores resultan intolerables, especialmente luego de los desproporcionados e irrazonables aumentos tarifarios verificados en los últimos cuatro años".
Los intendentes del AMBA se reunieron ayer con el gobernador Axel Kicillof. La agenda fue amplia pero los cortes de luz fueron uno de los temas centrales. El reclamo creció con el correr de las semanas y derivó en la intervención de la más alta política. Intendentes, mandatario provincial y el órgano de control nacional arbitraron para poder llegar a una solución. Se constituyeron mesas técncias tripartitas para presentar un plan a trabajar junto con la empresa, según las necesidades de cada municipio. Desde la compañía, en tanto, argumentaron “un estrés extraordinario” en la red producto del aumento del consumo en lugares y horarios diferentes a los habituales. Todo eso pese a que las fábricas y comercios dejaron de operar de forma regular.
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