Organizaciones de DD.HH. rechazaron las postulaciones de Lijo y García-Mansilla a la Corte

Luego de criticar por cuestiones particulares a cada juez, los firmantes opinaron: "Resulta preocupante la baja representatividad de los diversos sectores de la sociedad en la Corte Suprema". 

24 de abril, 2024 | 18.34

Distintas organizaciones de la sociedad civil firmaron un comunicado para rechazar las postulaciones que el Gobierno nacional hizo para que los jueces Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla integren la Corte Suprema de Justicia, uno para reemplazar el puesto que Elena Highton de Nolasco dejó vacante hace más de dos años y el otro para suplantar el lugar que dejará Juan Carlos Maqueda cuando se jubile a fin de año. 

"La Corte Suprema tiene la enorme responsabilidad de ser la garante última de la Constitución y del Estado de Derecho. En virtud de la trascendencia de esa misión, resulta esencial que esté integrada por personas cuya trayectoria refleje probada idoneidad e independencia, así como un fuerte compromiso con los principios constitucionales y los derechos humanos. Desafortunadamente, ni Ariel Lijo ni Manuel García-Mansilla satisfacen ese estándar", comenzó el comunicado. Lo firmaron el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ)Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip) la Unión de Usuarios y Consumidores

Sobre Lijo, el escrito señaló que "ha sido objeto de graves denuncias en el Consejo de la Magistratura, algunas de las cuales han estado vinculadas a la falta de investigación de causas de corrupción, a la dilación arbitraria de los tiempos procesales y al enriquecimiento ilícito, así como de una denuncia penal por asociación ilícita, lavado de dinero, coimas y tráfico de influencias". "Dichas denuncias son impropias de un candidato al más alto tribunal. Resulta esencial que ningún halo de sospecha recaiga sobre quienes tendrán a su cargo la decisión de las causas judiciales más importantes de nuestro país", opinaron los firmantes. 

Al referirse a la propuesta para que García-Mansilla integre el máximo tribunal, opinaron que "cuenta con mayores antecedentes académicos". Sin embargo, marcaron: "Resultan preocupantes sus visiones sustantivas sobre ciertas temáticas, dado que estas podrían impactar en la adecuada defensa de los derechos humanos y los compromisos internacionales asumidos por nuestro país. En primer lugar, observamos con preocupación su posición interpretativa denominada 'originalismo', según la cual el alcance de las cláusulas constitucionales debe determinarse de acuerdo al significado que las palabras tuvieron al momento de su redacción. Esta postura niega toda posibilidad de interpretación dinámica de nuestra norma fundamental y de influencia de la ciudadanía en dicha labor. Además, García-Mansilla sostiene que la jerarquía de los tratados internacionales de derechos humanos está supeditada a su compatibilidad con los 'principios de derecho público' y desconoce el valor vinculante de los instrumentos de los organismos creados para su interpretación y aplicación, como la jurisprudencia internacional, las Observaciones Generales de Comités especializados, las opiniones consultivas, entre otros. García-Mansilla también se ha expresado en contra del derecho a interrumpir el embarazo, incluso en casos de abuso sexual, causal prevista en el Código Penal desde 1921". 

"Trascendiendo las cualidades individuales de cada candidato, en caso de que fueran efectivamente designados también resulta preocupante la baja representatividad de los diversos sectores de la sociedad en la Corte Suprema. Uno de los aspectos más visibles de este problema es la nula diversidad de género en su potencial composición. La pluralidad de género en cargos públicos y en espacios de toma de decisión no es una opción, sino una obligación jurídicamente vinculante que surge de nuestro bloque de constitucionalidad", siguieron.

Y concluyeron: "En tiempos de graves crisis económicas y sociales que repercuten directamente en los derechos fundamentales de la población, instamos a toda la dirigencia política a analizar las transformaciones que la Corte necesita para cumplir adecuadamente las funciones que la sociedad y el respeto de la Constitución le exigen".