El juez federal de Santiago del Estero Guillermo Molinari se declaró incompetente en la causa que investiga la denuncia efectuada por el gobernador Gerardo Zamora contra el vocero del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, y ordenó que a partir de ahora el caso se investigue en la justicia federal porteña. Según se confirmó en las últimas horas, el juez federal dispuso el pase del caso a Comodoro Py.
Por otro lado, Molinari defendió su decisión de autorizar la cautelar que pidió la entrega y el peritaje del teléfono a Silvio Robles, vocero de Rosatti, luego de la denuncia por la filtración de los presuntos chats con el ministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D'Alessandro. Sin embargo, Robles rechazó la posibilidad de dejar en manos de Molinari su celular.
El juez federal de Santiago del Estero sostuvo que le reclamó a Robles sus teléfonos porque "tiene el deber de realizar las medidas necesarias y urgentes para resguardar los elementos del supuesto delito y evitar su detrimento”. “Un magistrado no puede permanecer inmutable ante el conocimiento efectivo y formal de la posible comisión de un hecho ilícito de las características de los relatados, y perjudicar así una investigación y el futuro esclarecimiento de los hechos”, afirmó.
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La denuncia de Zamora: la filtración de los presuntos chats
La denuncia del gobernador de Santiago del Estero Gerardo Zamora se originó tras las filtraciones de los presuntos chats en los cuales Robles mantenía una conversación con D'Alessandro, en la cual coordinaban estrategias frente al litigio por la coparticipación que la Nación mantiene con el Ejecutivo que encabeza Horacio Rodríguez Larreta.
En sus redes sociales, Zamora dijo que hizo una denuncia penal ante el fiscal federal en turno de Santiago del Estero contra "el Dr. Silvio Federico Robles, vocero del presidente de la Corte, por los delitos tráfico de Influencia e incumpliendo de los deberes de funcionario público, atento a la publicaciones periodísticas que han generado gran conmoción pública, sobre filtraciones de chat donde se habría arreglado el fallo a favor de CABA por el índice de coparticipación federal".
Al decidir que la causa pase a Comodoro Py, el juez sostuvo que, como había dicho el fiscal federal de Santiago del Estero Pedro Simón, los hechos "habrían tenido lugar en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre funcionarios de la Excma. Corte Suprema y del Gobierno de la Ciudad y por cuestiones atinentes a sus funciones, razón por la cual este Juzgado Federal de Santiago del Estero, resulta incompetente para su investigación y juzgamiento".
Comodoro Py
En los tribunales federales de Comodoro Py ya existen al menos dos denuncias presentadas el día martes y ambas recayeron en el juzgado federal número 4, que conduce Ariel Lijo. Una de las denuncias fue presentada por el abogado Gastón Marano, cuyo nombre se volvió más conocido meses atrás cuando se hizo cargo de la defensa de Nicolás Gabriel Carrizo, uno de los acusados por el intento de asesinato de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Por aquellos días, también se hizo público que Marano había asesorado a un senador de Juntos por el Cambio, Ignacio Torres, en el marco de la comisión bicameral de seguimiento de los organismos de inteligencia.
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La otra denuncia fue presentada por una persona identificada como Nicolás Giansanti y fue escrita prácticamente los mismos términos que la de Marano. "He tomado conocimiento, a través de distintos medios de comunicación que el denunciado, quien detenta el Cargo de Director General de una de las vocalías del Máximo Tribunal de la Nación, habría mantenido conversaciones por demás inapropiadas con un funcionario del poder ejecutivo porteño, Marcelo D'Alessandro", sostuvo Giansanti.
"Tales conversaciones comprenderían consejos por parte del nombrado funcionario de la Corte Suprema vinculadas a las mejores metodologías para lograr un resultado judicial, desde la faz procesal. Así, para despejar cualquier duda no puedo dejar de hacer mención, que el Dr. Robles no registra matrícula profesional del Colegio Público de Abogados de Capital Federal, lo cual me permite descartar, en principio, que dichos consejos hayan sido brindados en el marco de un asesoramiento profesional", agregó.
La existencia de estas dos denuncias, escritas casi en los mismos términos, motivó que distintas fuentes consultadas por Télam, y entendidas en materia judicial, opinaran que podría tratarse de una maniobra a partir de la cual intentar elegir un juzgado porteño para que funciones como polo de atracción de la denuncia que primero había sido formulada ante la justicia federal de Santiago del Estero.