Orientación y velocidad: el desafío del gobierno frente a la pandemia

"Si ganamos iremos en la misma dirección, pero lo más rápido posible", fue la frase proferida por Mauricio Macri a comienzos del año pasado, en una cena organizada por la Fundación Internacional Libertad, ONG que promueve las políticas neoliberales a lo largo del mundo. La frase tuvo una importante repercusión, pues por primera vez Macri admitía que su política de endeudamiento soberano y transferencia de ingresos de trabajadores a grupos económicos ligados al capital financiero, energético, y agroexportador sería aún más profunda. De hecho, tanto Macri como buena parte del gobierno anterior estaban convencidos de que el penoso resultado de su gestión, que dejó como saldo un aumento de la pobreza de 12 puntos, una duplicación en la desocupación, y una cesación de pagos de una deuda que se duplicó en relación al PBI, no había sido a causa de la reedición del modelo económico de la dictadura cívico militar, el menemismo y la primer Alianza, sino que se explicaba por no haber hecho un ajuste aún más duro sobre la clase trabajadora, los jubilados y las pequeñas y medianas industrias.

Desde sus inicios, el actual gobierno del Frente de Todos tomó un rumbo radicalmente diferente. Eligió privilegiar a los más postergados mediante bonos de refuerzo de ingresos y a través de la tarjeta Alimentar, financiando parte de estas erogaciones con un aumento a las retenciones a los agroexportadores, una mayor regulación sobre el mercado financiero, y el inicio de un proyecto de reestructuración de la deuda pública, además del congelamiento de las tarifas públicas. Esta política se profundizó aún más durante la actual pandemia, cuando el gobierno lanzó el mayor programa público de corto plazo de apoyo a trabajadores y pequeñas y medianas, que según fuentes oficiales alcanzará hasta junio, entre subsidios y facilidades financieras, la suma de 1,7 billones de pesos, es decir el 5,6 por ciento del PIB. Aquí se cuentan bonos extras a jubilados y beneficiarios de planes sociales, aportes alimentarios, subsidios a desocupados y trabajadores de bajos ingresos, y reducciones impositivas y créditos a tasas blandas para pymes y autónomos, es decir una batería de medidas focalizada en los sectores más vulnerables o aquellos que están al límite de la vulnerabilidad. Su única acción en sentido inverso, fue el aval durante la semana para que la CGT reduzca en un 25 por ciento el salario de miles de trabajadores, actualmente cesanteados por la pandemia.

Con una orientación claramente diferente a la del macrismo, que privilegiaba la salud económica de las grandes corporaciones a la salud de la población, el gobierno encuentra igualmente el desafío de aumentar la velocidad, debido a una serie de factores que exhiben que la asistencia no está llegando en los tiempos necesarios frente a la emergencia.

En caso de las pymes, la semana pasada el Banco Central anunció que, a un mes de lanzado el  crédito de línea especial a tasa del 24 por ciento para el pago de salarios, 75.000 pequeñas y medianas empresas habían accedido a un financiamiento cercano a los 110.000 millones de pesos. Una cifra que luce modesta, si se tiene en cuenta que existen en el país 600.000 pymes, cuyo financiamiento para el pago de salarios se estima en un mínimo de 250.000 millones de pesos. De hecho, la Mesa Nacional de Unidad Pyme emitió tiempo atrás un comunicado donde señalaban que “los poderes concentrados del mundo especulativo, financiero y corporativo no aportan de forma equitativa a este esfuerzo”, por lo que emitían una “voz de alerta y apoyo a una gestión que esperamos represente y defienda a las PyMES de capital nacional, con la misma fuerza y vocación que nosotros pusimos para cambiar el anterior modelo”.

Un caso aún más apremiante es la situación de muchos desocupados o trabajadores de ingresos mínimos, muchos de los cuales no están bancarizados y no poseen acceso a internet. De acuerdo al cronograma del gobierno, este segmento cobraría su bono de 10.000 pesos recién a partir de junio, lo cual no está en relación con su emergencia. Recientemente, la militante social Mayra Arena posteó que había casos en los que le estaban haciendo “perder tiempo a la gente con trámites engorrosos que sólo empeoran el humor y la percepción de que el Estado ‘no sirve para nada’”, que el Ingreso Familiar de Emergencia tenía algunos “requisitos ridículos”, y que la clase media baja experimentaba también una “durísima realidad” a la que se le sumaba no estar familiarizada con la ayuda que otorgan comedores, roperos comunitarios, ollas populares, y más.

Por el lado del financiamiento de las erogaciones fiscales que está insumiendo la pandemia, resulta claro que el necesario impuesto a la riqueza que impulsa el gobierno, el cual podría contribuir con 3.000 millones de dólares a las arcas públicas, debería pasar necesariamente por el Congreso, debido a que se trata de una política impositiva. Pero si se extiende la actual demora de la alianza Cambiemos para iniciar las sesiones propuestas por Cristina Kirchner para el tratamiento legislativo, allí también el gobierno deberá encontrar la forma de acelerar su gestión, tal como hizo el macrismo para sancionar sus decretos y leyes pese a contar con una minoría parlamentaria.

Un reciente comunicado emitido por la Fundación Libertad, aquella donde Macri había explicitado su proyecto de continuar el ajuste para los sectores más vulnerables de la sociedad, cuestionó a los gobiernos que impusieron una cuarentena que llevaba a “la imposibilidad de trabajar y producir”. Entre los firmantes estaba Mauricio Macri, con lo que se evidencia que, en caso de haber sido reelecto, esta vez sí hubiera cumplido sus promesas de favorecer todavía más al sector del capital, aun cuando ello hubiese implicado la muerte de muchos trabajadores.

La orientación del actual gobierno es radicalmente diferente, pero en relación a la velocidad, podría llegar a reprocharse en algún momento lo mismo que muchos macristas.