Las villas y barrios populares de la Ciudad de Buenos Aires se convirtieron en uno de los focos de infección más duros de la pandemia del coronavirus. Desde que se decretó la cuarentena obligatoria, desde distintos sectores se exigieron medidas que atiendan las necesidades particulares de estas zonas y se actuó tarde, lo que derivó en un alto número de contagios. Según los datos recopilados por La Garganta Poderosa, hay 1417 casos confirmados en la Capital Federal y 12 muertes. Desde el Frente de Todos trabajan hace tiempo en medidas para responder a esta situación y formalizaron dos proyectos, uno de emergencia para el barrio Padre Carlos Mugica y otro que establece un protocolo particular para cada uno de estos sectores.
El proyecto de protocolo detalla cómo debe proceder el Ejecutivo para prevenir y mitigar la propagación del virus en los barrios, e insta al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a garantizar -con carácter de urgencia- la atención primaria de la salud, la conformación de nuevas Unidades Febriles de Urgencia (UFU), el suministro de servicios públicos, las campañas de vacunación y la entrega de medicamentos, así como a realizar el relevamiento de espacios comunitarios y de población en riesgo, entre otras medidas. Asimismo, establece que el Poder Ejecutivo deberá garantizar los testeos, la realización de diagnósticos y los espacios de aislamiento, además de subsidios de emergencia y certificados de vivienda familiar durante la ausencia de sus habitantes.
La segunda propuesta establece la Emergencia Sanitaria, Alimentaria y Social en el barrio Padre Carlos Mugica, con el objetivo de que el Poder Ejecutivo formule y ejecute programas y proyectos específicos para garantizar los derechos de sus habitantes.Los integrantes del bloque afirmaron que “el barrio presenta el índice de duplicación de contagios de Covid-19 más alto del país. El hacinamiento, la creciente asistencia a comedores, la falta de acceso a servicios básicos y la informalidad habitacional y laboral impiden el aislamiento obligatorio en sus hogares. Presentamos este proyecto para acompañar el incansable trabajo que el Comité de Crisis viene realizando para aportar soluciones a la grave situación que afrontan miles de vecinos y vecinas del barrio”.
Ofelia Fernández, legisladora del Frente de Todos, le dijo a El Destape que ante la inacción o tardanza del Gobierno porteño ante esta situación dramática, "era importante y urgente hacer nuestra propia propuesta centrada en la mirada de los barrios y organizaciones que intervienen ahí". Analizó que si bien "la situación ya explotó en la villa 31, hay que salvar a muchos otros barrios y si no se actúa a tiempo, vamos a llegar tarde otra vez". Con esa tardanza, "los efectos son drásticos y dramáticos, no menores y accesorios". Por eso, con los proyectos buscaron mostrar su disposición, como oposición, para diseñar mecanismos de trabajo y pedagogía pero depende del oficialismo "tener la voluntad política para hacerlo realidad".
El Protocolo
El proyecto fue impulsado por la legisladora Ofelia Fernández y Claudio Ferreño desde la comisión de Promoción Social. El texto, al que accedió El Destape, manifiesta que el Poder Ejecutivo deberá garantizar la higiene y desinfección en espacios comunes y públicos, priorizando aquellos con mayor circulación de gente. Deberán ser específicos para la mejora de esos espacios comunes, incluyendo las ferias barriales para evitar el congestionamiento de personas y redefinir el sentido de calles y pasillos para mejorar el tránsito.
El agua potable es uno de los problemas más graves. Ante la pandemia, la necesidad de lavarse las manos es central y no se puede garantizar una correcta desinfección sin este servicio básico por eso se propueso que el Poder Ejecutivo deberá asegurar que se garantice el suministro, ya sea mediante camiones cisterna, la extensión provisoria de la red de agua o la provisión de bidones de agua potable.
El trabajo con las organizaciones del territorio deberá ser central para relevar e identificar establecimientos comunitarios con el fin de diseñar protocolos específicos para cada uno así como para las actividades en espacios comunitarios atendiendo medidas de protección para trabajadores, un registro de las personas que asisten, pautas de limpieza y desinfección y minimización de aglomeraciones.
En articulación con los centros de salud y organizaciones, se deberá relevar a la población de riesgo, así como discapacitadas o con enfermedades crónicas no transmisibles, situaciones de hacinamiento, hacinamiento crítico, posibilidad en las viviendas de garantizar espacios diferenciados para el aislamiento, núcleos húmedos compartidos o similares.
El trabajo deberá ser acompañado por una campaña de vacunación en el domicilio, dando prioridad a aquellas vacunas que previenen enfermedades respiratorias como gripe o neumonía y asegurar la entrega de medicamentos, principalmente las relacionadas a la población de riesgo. Todas las medidas tendrán que ser acompañadas por una apropiada campaña de difusión que ayude a concientizar sobre la protección y el cuidado, que prevenga la violencia de género y actos discriminatorios.
Para mejorar la atención sanitaria primaria, propusieron la instalación de nuevos puntos de atención para achicar las distancias entre los hogares y los centros de salud, clave para evitar la propagación del virus. También pidieron que el Ejecutivo evalúe la conformación de nuevas “Unidades Febriles de Urgencia” en función del crecimiento de la demanda y la necesidad de dotar a cada CESAC de una unidad móvil, que funcionarán todos los días de la semana, para realizar el traslado de vecinos y vecinas de los barrios populares a las “Unidades Febriles de Urgencia” más cercanas. Para mejorar la cobertura, la atención deberá ser de lunes a lunes y en una franja horaria amplia, que permita dar respuesta a la demanda existente. Siempre garantizando el empleo y salario de los trabajadores que deban cumplir el aislamiento obligatorio debiendo ausentarse de sus empleos.
Los testeos deberán estar garantizados y la evaluación deberá ser amplia, con un diagnóstico de la situación habitacional y socio-económica de los contactos estrechos para poder asistir a los mismos y garantizar la realización del aislamiento necesario en condiciones adecuadas. Los espacios de aislamiento deberán ser adecuados y se deberá dar prioridad a los casos sospechosos de COVID-19 en barrios populares mediante el acceso a las plazas de hoteles turísticos con los que ha celebrados convenios a tal fin. Las habitaciones deberán ser individuales o colectivas con baño interno y capacidad de alimentación, condiciones de desinfección, visitas médicas, conexión a Internet y elementos necesarios para continuar con la vida normal, como la educación de los más niños.
También se estableció, en caso de que la situación lo requiera, una asistencia económica por parte del Ministerio de Desarrollo Humano de la Ciudad para el acceso a un subsidio especial de emergencia que permita solventar los gastos familiares correspondientes a necesidades básicas (alquileres, alimentos, medicamentos, servicios, elementos de higiene, etc.). Y la necesidad de articular con la Administración Nacional de la Seguridad Social -ANSEs- para brindar un certificado de vivienda familiar (RENABAP) para evitar posibles ocupaciones de la vivienda durante su ausencia en la misma.
Para poder llevar adelante todas estas tareas, el proyecto estipula la creación de un Comité de Emergencia Sanitaria, Social y Económica por cada uno de los barrios populares reconocidos en el Registro Nacional de Barrios Populares. Estos estarán integrados por miembros del Poder Ejecutivo, legislativo, representantes de las comunas, representantes de manzanas o sectores del barrio, organizaciones de la sociedad civil con trabajo territorial, curas villeros, centros de salud barriales y direcciones de los CESACs, Ministerio de Salud, Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, el Ministerio Público de la Defensa y la Asesoría General Tutelar.
La emergencia
María Bielli, legisladora del Frente de Todos, le explicó a El Destape que el proyecto de ley no era necesario, que todo lo planteado lo puede hacer el Poder Ejecutivo y que sólo se trata de una decisión política. Recién llegada de un recorrido por la villa 31, aseguró que el Gobierno porteño no supo aprovechar la “rica organización comunitaria y la red de contención del barrio para organizar canales de prevención, difundir información y material. Es ideológico, porque para el oficialismo porteño las organizaciones no son un actor a considerar”. Las autoridades dialogan con la representación del territorio, votados por los vecinos, pero sin asegurar una participación real que recién llegó cuando desembarcó el Operativo Detectar, de Nación.
En ese momento, “convocaron a las organizaciones a una reunión y empezaron a aportar todos los contactos estrechos que tenían conocimiento que existían. Hata entonces, la Secretaria de Integración Social y Urbana tenía 300 personas identificadas como contactos estrechos. A los dos días de charlar con referentes del barrio, el número pasó a 1.400. Faltaba información y que convoques a la gente que quería aportar”, analizó la legisladora.
Además, los vecinos se topan con horarios reducidos para la realización de hisopados (de 8 a 16) y muchas veces esperan el resultado circulando por los hospitales porque “no hay un espacio preparado para los que no son positivos y negativos y esa espera es una situación de maltrato” porque pasan la noche con frío, deambulando o sentados en una silla con un bebé en brazos. “Te desanima mucho querer hisoparte”, sostuvo.
La emergencia existe y “no hace falta votar el proyecto para que las acciones se lleven adelante, es voluntad política. Agotamos todas las instancias con el Ejecutivo, tuvimos muchísimas reuniones para acercar estas propuestas sanitarias pero la escucha no estuvo”. Sin embargo, aclaró: “No tratamos de ver en qué se equivocó el PRO, estamos tratando de poner el hombro para que la gente sufra lo menos posible y evitar muertes”.
Puntualmente, para la emergencia sanitaria se propuso el fortalecimiento de los equipos interdisciplinarios de los Centros de Salud para garantizar la atención habitual y la detección temprana de casos positivos de Covid-19. Para desarrollar estas tareas, se deberá proveer al personal de salud de los elementos de bioseguridad necesarios para su protección y con el equipamiento necesario para realizar el triage. Así como garantizar la presencia de unidades de traslado en los accesos principales del barrio durante las 24 hs del día, toda la semana.
Los espacios de aislamiento deberán estar asegurados para quienes tengan que esperar los resultados de los test o quienes sean sospechosos, con condiciones adecuadas, especialmente en el caso de que hayan niñas, niños y adolescentes menores de edad, garantizando abrigo, alimentación, medidas de higiene, información y comunicación con las familias. El acompañamiento psicológico, la provisión de kits de higiene también deberá estar asegurada.
En cuanto a la alimentación, algo completamente básico, se tendrá que brindar asistencia y poseer menú sin TACC para los celíacos, así como aumentar las partidas de grupos y comedores comunitarios en los barrios e incluir a merenderos y comedores que hoy no reciben la asistencia. Todos los espacios deberán recibir elementos de higiene y limpieza, algo tan básico como una lavandina y termómetros digitales para fomentar la prevención.
Para seguir de cerca la emergencia y su control, se propusieron reuniones extraordinarias del “Consejo de Gestión Participativa del Proceso de Re-urbanización del Barrio Padre Carlos Mugica” con un representante del Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires y cuatro representantes de las organizaciones sociales y políticas del barrio agrupadas en el Comité de Crisis.
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