Una nueva vacante en Comodoro Py expone la parálisis que la Corte Suprema de Justicia provocó en el Consejo de la Magistratura de la Nación, cuyo plenario no sesiona desde julio del año pasado. Es decir, desde hace 7 meses. La última designación de magistrados ocurrió en noviembre de 2022, y se trató de casos que habían sido girados al Poder Ejecutivo antes de la llegada de Horacio Rosatti al órgano de designación de jueces. Con casi el 25% de los juzgados vacantes la situación en la justicia es alarmante.
El pasado 16 de febrero, el juez Eduardo Riggi -nombrado por la última dictadura- cumplió 75 años y no tuvo el aval del Gobierno para extender su mandato por lo que, según establece la Constitución, debe jubilarse. Esto implica que tiene que dejar el cargo que ocupa en la Cámara Federal de Casación Penal, lo que abrirá una nueva vacante en una instancia estratégica de Comodoro Py. Como en septiembre de 2021 también se jubiló Liliana Cautcci, son 2 las vacantes que hay en la máxima instancia penal del país.
Todo indica que la Casación deberá arreglárselas para administrar justicia con sus 11 camaristas actuales porque el mecanismo de designación de magistrados está trabado desde que la Corte tomó por asalto el Consejo de la Magistratura, órgano encargado de llevar adelante el proceso para nombrar jueces.
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La última gran designación ocurrió hace 5 meses, el 15 de septiembre de 2022. Según se desprende del Boletín Oficial fue una tanda de 22 nombramientos. En noviembre se designaron otros 3 magistrados en Santa Cruz. Desde entonces, nada más. Hace 7 meses que el plenario del Consejo no se reúne. La parálisis es evidente.
Desde que Rosatti comanda el Consejo se designaron 25 jueces. Pero las ternas de las que salieron esos magistrados se habían enviado al Ejecutivo antes de la llegada del presidente de la Corte al organismo. Es decir que ninguno de esos nombramientos fue por virtud del supremo nombrado por Macri. En el mismo período se aprobaron solo 10 ternas en el Consejo. Fueron para cargos en juzgados civiles y de menores de la Capital Federal; en la justicia federal de Misiones; en la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán; y en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santiago del Estero.
Por ejemplo, los concursos para cubrir las diversas vacantes que hay Comodoro Py, que se terminaron en la gestión de 13 miembros del Consejo que fue disuelta por la Corte, quedaron trabados tras la toma por asalto de los supremos. En los tribunales federales de Retiro están vacantes:
- Los juzgados Nº 6, 11 y 12. El 11, por ejemplo, es el juzgado que tenía a su cargo Claudio Bonadío. Las ternas para esos 3 juzgados estaban confeccionadas pero la oposición en tándem con los supremos bloquearon todo.
- También se debe votar en el Consejo la terna para cubrir las vocalías que hoy ocupan los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi en la Cámara Federal porteña, que fueron ubicados allí por Mauricio Macri de forma irregular, a dedo. También se obturaron. Lo que habilita a Bruglia y Bertuzzi a seguir actuando en la instancia revisora de Comodoro Py desde donde blindan a Macri y persiguen a CFK. Por un fallo de la Corte puede permanecer en el cargo hasta que se designe a sus reemplazantes.
- En el Consejo también se debe avanzar con la terna para cubrir en Casación la vacante que dejó Catucci y la que ahora dejará Riggi.
Un informe de la comisión de Selección del Consejo evidencia la parálisis en que se encuentra el Consejo. Allí se observa que 2021 fue el año en que el Consejo envió menos ternas al Ejecutivo desde el 2000, año en donde comienzan las estadísticas. Ese fue el año en que Juntos por el Cambio decidió trabar la dinámica del órgano de selección y sanción de jueces y la Corte realizar su toma por asalto. Rosatti llegó al Consejo en abril de 2022.
Actualmente, hay 236 cargos de jueces federales y nacionales vacantes. Esto es el 23,8% de los cargos hoy habilitados. Hay otros 13 cargos que aún no están habilitados (por ejemplo, casos en los cuales se hizo el concurso pero aún no existe el juzgado físico).
En este momento hay concursos por 246 cargos de los cuales 159 (el 64%) están terminados.
¿Dónde se traban las designaciones?
- 24 pliegos están en el Senado a la espera de acuerdo. Son el 15% de los concursos terminados.
- 51 están en el Poder Ejecutivo, que tiene que enviarlos al Senado para el acuerdo. Son el 32% de los concursos terminados.
- 84 están en el Plenario del Consejo de la Magistratura, paralizado hace meses. Son el 52% de los concursos terminados.
O sea, más de la mitad de los concursos terminados no avanzan por la parálisis del Consejo de la Magistratura. El resto, mayoritariamente, están en la Casa Rosada y una porción menor sin acuerdo del Senado.
Hay otras 82 vacantes que están aún en la Comisión de Selección del Consejo de la Magistratura, hoy también paralizada, y 5 vacantes que no tienen ni siquiera un trámite de inicio.
En el Ministerio Público Fiscal la situación es similar: está vacante el 38% de los cargos. De 341 cargos, 130 están vacantes.
Una nueva provocación de la Corte
Este último jueves, pocas horas después de que la comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados avanzara con la citación de testigos y el impulso de medidas de prueba en el proceso contra los 4 supremos, la Corte realizó una nueva provocación a CFK. En pos de intentar poner en movimiento al Consejo decidió tomarles juramento a los senadores que fueron propuestos por el Senado (al día de hoy, por decisión de la Corte, aún no fue nombrado todo ese estamento). Pero Rosatti, Rosenkrantz y Maqueda volvieron a hacer de las suyas. Al firmar la Acordada Nº 2/2023 (Ricardo Lorenzetti no la rubricó) decidieron convocar a la jura como consejeros a los senadores María Inés Pilatti Vergara, Mariano Recalde y Eduardo Vischi pero rechazaron citar a Martín Doñate. Es decir, en un acto administrativo decidieron arrogarse una vez más facultades legislativas y consideraron que Doñate, que es cercano a CFK, no puede ser consejero.
¿Qué dijeron los jueces de la Corte? Que la partición del bloque del FdT por el que surgieron Unidad Ciudadana y el Frente Nacional y Popular “no obedeció a fines genuinos” y que se hizo para “ocupar en el Consejo un lugar que no le corresponde, dado que el grupo de senadores que conforman el bloque mayoritario terminaría ocupando tres de los cuatro lugares que corresponden al Senado en el Consejo”. Así, los supremos volvieron a atribuirse decisiones que son exclusivas del Poder Legislativo.
El conflicto en torno a la conformación del órgano de selección y sanción de jueces es una de las diversas causales del juicio político a los cortesanos. Se les achaca lo que volvieron a hacer: adjudicarse facultades legislativas para definir su integración.
Con esta decisión, la Corte hace bajar la mayoría necesaria para obtener los 2/3 de los votos para nombrar y sancionar jueces y, según el marco de alianzas que logre tejer Juntos por el Cambio, quizás hasta llegue a ese número de voluntades en concursos puntuales.