Juez emblemático de Comodoro Py que fue nombrado en la dictadura cumple 75 años y debe jubilarse

Un camarista histórico de los tribunales de Comodoro Py, Eduardo Riggi, cumplió 75 años este jueves y no tuvo el aval del Gobierno para extender su mandato por lo que, según establece la Constitución, debe jubilarse. Es decir, tiene que dejar el cargo que ocupa en la Cámara Federal de Casación Penal, lo que abrirá una vacante en una instancia estratégica de Comodoro Py.

Riggi fue designado juez el 14 de diciembre de 1978 en plena dictadura cívico-militar y en la década del '90 arribó a la Casación por decisión del entonces presidente Carlos Menem. Hasta el día de hoy era el presidente de la sala III de la máxima instancia penal del país. Compartía sala con Juan Carlos Gemignani y Mariano Borinsky (este último, visitante de Macri en la Quinta de Olivos, subroga en la sala III y también actúa en la IV).

Riggi, que está tiene una licencia hasta marzo, hizo el año pasado un pedido formal para lograr un nuevo nombramiento que extienda su mandato por 5 años más pero el Gobierno no dio el visto bueno. Por lo que a partir de este jueves debe dejar el cargo.

Riggi es un personaje legendario de Casación que fue denunciado por demorar las causas de lesa humanidad. En 2007, por ejemplo, fue denunciado ante el Consejo de la Magistratura por un grupo de querellantes, víctimas de la represión. No fue la única acusación en su contra. También fue denunciado por el Centro de Estudio Legales y Sociales (CELS) por su participación en una trama de sobornos en el marco de la investigación por el asesinato de Mariano Ferreyra.

Tal como informó en su momento el CELS “en septiembre de 2012, Octavio Aráoz de Lamadrid (ex secretario de la Cámara de Casación Penal), Juan José Riquelme (ex agente de inteligencia), Ángel Staforinni (contador de la Unión Ferroviaria y vicepresidente de Belgrano Cargas), José Pedraza (secretario general de la UF) y Luis Ameghino Escobar (empleado del poder judicial) fueron procesados por haber participado de una trama de corrupción que buscaba que la Cámara revocara el procesamiento de los integrantes de la Unión Ferroviaria involucrados en el crimen. El Ministerio Público Fiscal pidió medidas para profundizar la investigación sobre la responsabilidad de los tres jueces que integraban la Cámara: Eduardo Riggi, Gustavo Mitchell y Mariano González Palazzo”. Riggi luego recibiría un sobreseimiento por parte del entonces juez Norberto Oyarbide.

Riggi hizo sus primeros pasos en la Justicia en 1971 en el Camarón, la Cámara Federal en lo Penal que fue un tribunal especial creado por la dictadura de Agustín Lanusse para perseguir a los opositores políticos. Allí fue secretario privado. En 1973 fue designado auxiliar en la Corte Suprema y desde allí comenzó a escalar posiciones hasta ser designado en octubre de 1975 secretario letrado de la Corte. En 1978 fue promovido a juez ni más ni menos que por el genocida Jorge Rafael Videla.

En marzo de 1983, llegó a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico. Y en la década del ’90 fue nombrado en la Casación, cargo que ejerce hasta hoy.

Desde la Casación, por ejemplo, Riggi votó junto al juez Gustavo Hornos para que durante el macrismo los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa vuelvan a ser detenidos en el caso Oil Combustibles. En el caso del espionaje ilegal a los familiares de la tripulación del ARA San Juan, que tramita en la sala II y donde está involucrado Mauricio Macri, había sido designado para definir si se corría al camarista Carlos Mahiques a pedido de la querella. La abogada Valeria Carreras había pedido apartar a Mahiques luego de que se conociera su viaje a Lago Escondido con otros jueces federales, funcionarios macristas y un exespía. Riggi no llegó a resolver.

A la vacante de Riggi en Casación se suma la de Liliana Catucci, quien dejó el cargo en septiembre de 2021 también tras cumplir 75 años. Catucci integraba la sala III con Riggi y cuando dejó el edificio de Comodoro Py fue despedida por personal de la Policía Federal y distintos funcionarios judiciales.

No obstante, el proceso para cubrir las vacantes en el Poder Judicial está trabado desde que la Corte Suprema de Justicia tomó por asalto el Consejo de la Magistratura, órgano encargado de llevar adelante el proceso de designación de jueces.