La inminencia de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para renegociar la deuda que contrajo Mauricio Macri puso el ojo en una oposición que se dedicó a cuestionar algunas formas oficialistas durante el último tiempo y que, a fin de cuentas, sólo aceptará un debate profundo dentro del Congreso de la Nación, el ámbito que señalaron como el único y apropiado para desarrollar este tipo de negociaciones. Esta fue una de las pocas cuestiones que Juntos por el Cambio pudo resolver sin cortocircuitos, de manera veloz y que decidió mantener hasta la actualidad. Junto con la ley del Consejo de la Magistratura que tendrá tratamiento parlamentario en los próximos días, el entendimiento con el organismo de crédito será una de las claves del arranque 2022.
Horacio Rodríguez Larreta, en campaña y con la necesidad de conquistar una buena parte del núcleo duro PRO, cuestionó este jueves los “mensajes contradictorios del Gobierno” en medio de las negociaciones y los vencimientos de la deuda que tomó Macri y unos días antes criticó que “lo más preocupante es que no hay un plan económico que diga cómo vamos a crecer” para enfrentar los compromisos heredados de la gestión Cambiemos. Un lineamiento que se completó con observaciones a la velocidad o lentitud del pacto hechos por Patricia Bullrich y reforzados por el supuesto arreglo “en cinco minutos” que Mauricio dijo que podría haber conseguido en caso de haber ganado en 2019.
Esas declaraciones públicas, claramente orientadas a complacer al propio electorado, se convirtieron en el escudo publicitario frente a la actitud de diálogo que se supone que adoptarán, según se comprometieron, en el Congreso una vez que esté lista la carta de intención. La postura fue definida el 6 de enero y sigue firme hasta el día de hoy. Desde los sectores políticos más populosos de Cambiemos le dijeron a El Destape que tomarán la decisión de mantener lo pactado porque, de hecho, les costó muy poco ponerse de acuerdo. Una de las pocas veces en que lograron avanzar sin inconvenientes o internas. Un poco, claro, pesó la responsabilidad de haber tomado la deuda más grande en la historia del FMI y del país.
En aquel entonces, la mesa nacional de Juntos por el Cambio anunció su compromiso “en la colaboración con el futuro del país” pero remarcó “que el país necesita un plan de desarrollo a largo plazo que genere crecimiento y trabajo para los argentinos”. Por eso, definió esperar a que el acuerdo con el Fondo esté plasmado en una carta de intención y sea remitido al Congreso. Recién entonces dará una declaración oficial y precisa sobre el pacto. O sea, lo que se dijo hasta ahora fue más show que realidad porque, según explicó una fuente legislativa, el diálogo será en el Parlamento con todos los bloques.
El Congreso no estará calmo en las próximas semanas. Las sesiones extraordinarias moverán el avispero durante febrero a la espera de la llegada del pacto con el FMI. Por estas horas, Juntos por el Cambio enfrentará los dos proyectos más calientes en el Senado. Consejo de la Magistratura y Consenso Fiscal comenzarán su tratamiento en la Cámara Alta con dos panoramas diferentes. Para la primera iniciativa, la oposición trabaja en la unificación de distintos proyectos propios que no podrán ser tratados durante febrero por lo que, de lograr avanzar, el debate se aplazaría a marzo. Para el segundo, los representantes de las provincias acompañarían la firma del acuerdo con el Gobierno, algo que contó con el apoyo de todos los mandatarios menos Larreta.
El show de la Justicia
Los diputados y diputadas de la Coalición Cívica le enviaron una carta a Luis Almagro, secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), para que el organismo haga un “seguimiento” de la situación del Poder Judicial en la Argentina para que se “preserve la institucionalidad democrática en la Argentina y evite mayores riesgos en su proceso político”, en referencia a la marcha que se realizará el martes 1 de febrero.
Según intentaron detallar en diez páginas, en 2020 el Frente de Todos inició “un conjunto de maniobras que tienen por objeto coartar la independencia del Poder Judicial” para adecuarlo a “sus intereses personales y políticos, atentando así contra su normal funcionamiento”. Entre esas “maniobras” mencionaron la dormida reforma judicial y el “desplazamiento” de funcionarios de ese Poder, entre los cuales mencionaron a Eduardo Casal, procurador interino.
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Con eso como trasfondo, la presentación hizo foco en la convocatoria de una marcha hacia la Corte Suprema el 1 de febrero y los legisladores cuestionaron las expresiones de algunos funcionarios a favor de las movilizaciones populares. “Estamos en presencia de una marcha que tiene claros indicios de ser organizada y/o auspiciada por las más altas esferas del Poder Ejecutivo Nacional, con el único fin de presionar a los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que renuncien”, sentenciaron en el texto.
Mientras tanto, sin una carta a la OEA, el Congreso investiga el armado de causas judiciales realizado por el macrismo en la provincia de Buenos Aires de María Eugenia Vidal. Una mesa conformada por ex funcionarios de la actual diputada, agentes de inteligencia y, según se desprendió de declaraciones públicas, miembros del Poder Judicial. Un episodio que todo Juntos por el Cambio minimizó. El jueves, el jefe de los fiscales bonaerense, Julio Conte Grand, se despegó de las acusaciones, pidió que el ex ministro de Trabajo Marcelo Villegas explique sus declaraciones, desconoció vínculos de fiscales provinciales con la AFI y no conformó a los legisladores con sus respuestas.
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