Un grupo de legisladores del Frente de Todos porteño cuestionaron a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia tras dar su aval a las clases presenciales en la Ciudad, al advertir que “exigen la presencialidad” de los alumnos en las escuelas “cuando la justicia funciona virtualmente” y emitieron un fallo “por Zoom”.
La diputada del Frente de Todos Claudia Neira señaló que “festejan como un gol un fallo que decide sobre el drama que está viviendo el mundo y nuestro país” y remarcó que “los jueces fallan desde el mundo en que viven, muy lejos de la realidad, de la gente, demasiado impunes". Y completó: "En el mundo real se trata de la vida, de la salud, de una cama de terapia".
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Por su parte, la legisladora Lorena Pokoik, también del FdT, consideró que “la Corte no falló en contra del Gobierno nacional” sino que lo hizo “en contra de la salud de los argentinos, de las medidas sanitarias, de las instituciones democráticas, del respeto a la investidura presidencial, pero sobre todo falló en contra de la Constitución”. En tanto, el legislador kirchnerista Juan Manuel Valdés arremetió contra el tribunal al sostener que “es penoso que una Corte que decide por Zoom obligue a miles de familias a exponerse al contagio en el peor momento de la pandemia por la irresponsabilidad del Jefe de Gobierno”.
A su vez, el legislador Matías Barroetaveña cuestionó la resolución del máximo tribunal al alertar que “viene de una justicia absolutamente desprestigiada que, entre otras cosas, tiene un funcionamiento virtual”. La justicia "funciona virtualmente pero exige la presencialidad y dice que el Gobierno nacional no dio los suficientes fundamentos para sostener la virtualidad”, aseguró en declaraciones a C5N y agregó que le “gustaría ver los fundamentos” del fallo “cuando fue la justicia la que decidió trabajar virtualmente”.
Este mediodía, la CSJN falló a favor del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en la demanda contra el Decreto de Necesidad y Urgencia que, como una de las medidas contra el aumento de contagio del coronavirus, suspendió el dictado de clases presenciales en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), incluyendo a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En su resolución, el máximo tribunal concluyó que el artículo 2 del DNU 241/21 "violó la autonomía de la ciudad", al hacer referencia a un decreto que sin embargo ya no tiene vigencia, porque su aplicación finalizó el viernes 30 de abril.