La Confederación General del Trabajo (CGT) salió a respaldar el decreto de Alberto Fernández que reglamenta la opción de cambio en el sistema de obras sociales, porque termina con una “práctica espuria y anti sindical de los empresarios y gerentes de las empresas de medicina privada”, y al mismo tiempo cruzó en duros términos al sector de la medicina privada por enriquecerse “cooptando a nuestros compañeros para el beneficio de sus empresas”.
“Si se quejan los empresarios y los libertarios, es porque tenemos más derechos”, señalaron desde la central en un comunicado titulado “los trabajadores no nos confundimos”. Ahí destacan que el presidente reafirmó con su decisión “el poder del sector trabajador de elegir libremente y no aceptar pacíficamente la imposición patronal”.
El Gobierno nacional dispuso este miércoles, a través de un decreto publicado en el Boletín Oficial, las modificaciones que pedían los dirigentes sindicales en el sistema de libre elección de las obras sociales. A partir de ahora, quienes inicien un vínculo laboral deberán mantener durante al menos un año la prestadora médica de su actividad antes de cambiar.
Se trata de un viejo reclamo de los sindicatos, y un compromiso que el propio Alberto Fernández había asumido con la mesa chica de la CGT durante un almuerzo en Olivos, en mayo. Se suma a otros gestos de los últimos días, como la reapertura de la paritaria estatal para el 19 de agosto, novedad anunciada por Andrés Rodríguez, titular del gremio UPCN, tras una reunión con el ministro Moroni; y el aumento en tres tramos del salario mínimo, vital y móvil.
El decreto va en línea con un pedido que la central obrera también le había realizado en una reunión a la ministra de Salud, Carla Vizzotti, que ya en junio había transferido $2.364 millones a las obras sociales para el pago a proveedores.
La nueva reglamentación tiene como objetivo limitar una dinámica extendida y habitual en el sistema de salud que se conoce como “descreme”, el traspaso de afiliados de las obras sociales de los sindicatos a las prepagas privadas mediante acuerdos con los gremios.
La explicación de los dirigentes sindicales era que las prepagas se quedaban con el aporte de los trabajadores más jóvenes, sanos y de mayores ingresos. La mayoría de los afiliados a empresas privadas son trabajadores que derivan sus aportes desde las obras sociales.
Cruce con Belocopitt
Como es habitual, el empresario Claudio Belocopitt, dueño de Swiss Medical y presidente de la Unión Argentina de la Salud (UAS), la cámara que engloba a las prepagas y empresas del sector, fue el primero en salir a criticar la medida. “A los primeros que joden es a la gente. No confundamos, no es una lucha de intereses, es una cuestión sobre la gente”, dijo en declaraciones a la prensa.
La CGT respondió que “resulta curioso ver a los empresarios y a los arietes de los medios hegemónicos defendiendo supuestos derechos de los trabajadores y trabajadoras. Cuando hay un interés económico que defender, sus convicciones desaparecen”.
Desde el ministerio de Trabajo explicaron que ahora se vuelve al esquema original con el que debería reforzarse un sistema de solidaridad grupal. "El sistema de salud de las obras sociales es un sistema solidario que requiere que los trabajadores de la actividad participen de ese grupo porque es el modo de repartir las consecuencias de los riesgos", dijo el ministro Claudio Moroni este miércoles.
“No se está impidiendo la libre elección de las obras sociales, lo que se está poniendo es un plazo razonable”, aclaró Moroni en C5N.
El documento de la representantes sindicales es también un cierre de filas con el oficialismo rumbo a las elecciones. Ahí destacan que “los trabajadores conocemos el rumbo de este gobierno y sabemos distinguir entre quienes nos defienden y quienes pretenden seguir subordinando nuestros derechos para su beneficio económico”.
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