Crear un Sistema Nacional Integrado de Salud Argentino (SNISA) que reúna al sector público, al privado y a las obras sociales es el eje principal de la propuesta de Cristina Kirchner para reformar la estructura de salud, si se toma en cuenta el pensamiento de los referentes de su espacio. La posibilidad de que la Superintendencia de Servicios de Salud quede a cargo de una funcionaria cercana a la vicepresidenta y a partir de allí se avance en una reforma por el estilo generó una gran inquietud en la cúpula de la CGT, que se reunió de urgencia el lunes especialmente para tratar el tema. Sin embargo, desde la Casa Rosada le aseguraron a la mesa directiva de la central que por el momento no habrá cambios en la Superintendencia ni existía un proyecto de reforma con el aval de Alberto Fernández. Con todo, tanto desde la Rosada como desde el Instituto Patria e, incluso, desde el sindicalismo, coinciden en que es necesario reestructurar un sistema sanitario que consume una enorme cantidad de recursos y que la pandemia dejó en evidencia que no abarca a todos los sectores de manera equitativa.
Por estos días circuló una propuesta elaborada por la Fundación Soberanía Sanitaria que integran Daniel Gollán y Nicolás Kreplak, ministro y vice de Salud bonaerense, donde se establecen los puntos alrededor de los cuales debe ser reformado el sistema de salud con vértice en el SNISA, al que define como "un sistema mixto con centralidad en el sector público, de carácter federal, pero fortalecido y articulado en una red nacional". Plantea una conducción global de las políticas de salud a partir de todos los organismos nacionales (Ministerio, PAMI, etc), otorgándole justamente a la Superintendencia el papel del organismo operativo del SNISA, centralizando las normativa y descentralizando la operatividad. Respecto a las obras sociales, el ítem que tocó el nervio sindical, entre otras cosas plantea la necesidad de modificar el sistema de libre elección, de manera de evitar que se desfinancien y así garantizar la mejor cobertura para los afiliados.
En rigor, estos lineamientos fueron redactados como insumo de la campaña del Frente de Todos en 2019, pero lo que actualmente piensan en el área de salud del kirchnerismo no difiere demasiado. "Nosotros nos reunimos en aquel momento con la CGT y le planteamos la articulación de las obras sociales y la recuperación del carácter solidario de la seguridad social, que lo perdió", explicó Kreplak en diálogo con El Destape. Recordó las modificaciones realizadas en los '90, cuando se estableció que con los aportes jubilatorios se podían derivar a una AFJP y con la salud se pudo r a otra obra social. Una reforma se revirtió pero la de la salud se mantiene. "El seguro de salud se banca con el que no lo usa, son siempre solidarios. Acá se descalabró, entonces las obras sociales terminan pobres aunque tengan muchos aportes", completó Kreplak. A su entender, debe existir una organización central. "No puede ser que si una obra social no tiene una estrategia de prevención todos sus afiliados enfermen. Lo mismo si el sistema es municipal o provincial. Para eso tiene que estar el Estado y un sistema central que coordine. Lo que termina sucediendo es que las obras sociales se quedan sin recursos y o aumentamos los aportes o ajustamos el servicio", añadió.
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En la reunión del lunes, la CGT emitió un documento en el que hizo una fuerte defensa del sistema de obras sociales que brindó cobertura a millones de trabajadores y sus familias durante el crítico período de la pandemia. También marcó que los ingresos de las obras sociales fueron mermando acompañando la caída del poder adquisitivo de los salarios y que los gastos crecieron por efecto de las nuevas prácticas médicas, cada vez más sofisticadas. De hecho, a la salida del encuentro, el secretario general de la CGT, Héctor Daer, aceptó que el sistema sanitario necesita una mayor integración y una reestructura.
Es algo en lo que coinciden cerca de Alberto Fernández. "Hay como 300 obras sociales. Está claro que el sistema funcionaría mejor si hubiera muchas menos", explicaba un alto funcionario. Antes de la reunión, la CGT y el Gobierno mantuvieron contactos. Desde la Casa Rosada le aseguraron a Daer que no tenían en carpeta cambiar al Superintendente de Servicios de Salud, Eugenio Zanarini, por la ex diputada Liliana Korenfeld, quien ya ocupó el cargo durante el segundo mandato de Cristina Kirchner. Aparentemente, ese rumor fue el que apuró el encuentro en pleno enero. También les explicaron que más allá de los proyectos que andan dando vueltas, no hay ninguna reforma del sistema de salud que tenga el respaldo del Poder Ejecutivo. Las señales de la Casa Rosada sirvieron para calmar las aguas sindicales.
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Kreplak mencionaba lo que sucedió en los últimos días, cuando se supo que algunas clínicas no recibían más pacientes con coronavirus. En realidad, es porque le conviene económicamente destinar esas camas a pacientes que deben someterse a una operación que a los que tienen Covid, que terminan en el hospital público. "No podemos tener un sistema que determine qué pacientes recibe de acuerdo a la conveniencia económica, eso es algo que debemos articular", sostuvo. El viceministro bonaerense aseguró que no hay nadie del sistema de la salud que no acepte que debe modificarse. "Que Cristina diga que tenemos que hacer un sistema integrado de salud que permita optimizar los recursos y generar más equidad es indiscutible. Después tenemos que sentarnos todos a ver cuál es la mejor manera de hacerlo. Yo creo que hay un acuerdo que se puede hacer en el que el 95 por ciento se sienta ganador y que el 5 por ciento restante que no se sienta ganador tampoco es perdedor. Lo importante es que se haya empezado a discutir", concluyó.
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