El Procurador General interino, Eduardo Casal, volvió a beneficiar al fiscal procesado por espionaje ilegal, Carlos Stornelli. Este viernes cerró una denuncia que había realizado el senador Oscar Parrilli ante el Ministerio Público Fiscal. La presentación del legislador nacional era por mal desempeño de Stornelli en el caso Cuadernos. Había pedido su remoción. Casal, que había sido recusado por Parrilli, intervino igual y la desestimó.
El jefe de los fiscales interino basó su posición en la defensa de Stornelli y, fundamentalmente, en lo resuelto por el Consejo Evaluador del Ministerio Público Fiscal, integrado en su mayoría por fiscales generales relacionados al propio Stornelli. El consejo es una instancia que evalúa los sumarios y realiza un dictamen no vinculante pero que nutre de ideas al procurador. Por mayoría, el consejo había dispuesto desestimar la denuncia, que este 5 de marzo Casal ordenó archivar.
El blindaje
Uno de los ejes de la denuncia fue el modo irregular en que se inició la causa de las fotocopias. Parrilli denunció que hubo fórum shopping, es decir, la elección de un juzgado y fiscalía a dedo para instruir la pesquisa. Es que la causa no fue a sorteo como hubiera correspondido sino que quedó a cargo de la dupla Bonadío-Stornelli por una supuesta conexidad con la causa GNL que ya tramitaba en el juzgado federal Nº 11, expediente que también estuvo repleto de ilegalidades. Allí, por ejemplo, declaró como testigo el mentado espía y falso abogado, Marcelo D’Alessio.
Casal se tomó de la defensa de Stornelli e indicó que ya hubo planteos judiciales al respecto y que las instancias superiores ratificaron lo actuado por la dupla Bonadío-Stornelli. Lo que no dijo Casal es que quienes revisaron todo lo actuado fueron Martín “Doctrina” Irurzun y cuatro jueces designados por Macri, entre los que se encuentran Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, que fueron puestos a dedo por el entonces presidente en la instancia revisora de Comodoro Py.
Algo similar sucede en torno a la discusión sobre cómo se tomaron las declaraciones de los arrepentidos, que no fueron grabadas tal como los dispone la Ley del Arrepentido. “No puede afirmarse que el magistrado hubiera incurrido en error o apartamiento manifiesto del derecho o perdido su objetividad, pues su interpretación del modo de proceder para conducir las declaraciones de los imputados colaboradores, es una de las posibles y como tal deviene en una cuestión opinable, que fue ponderada y avalada por el juez de la causa y luego, por diversos magistrados de las instancias superiores que han intervenido frente a planteos concretos de las partes”, señaló Casal.
Entre quienes ratificaron este accionar figuran los jueces de la sala I de la Cámara Federal de Casación Penal designados por Macri, Daniel Petrone y Diego Barreotaveña, recientemente fustigados por la vicepresidenta Cristina Kirchner en una audiencia que se realizó en el marco de la causa “Dólar Futuro”. La tercera integrante de esa sala, Ana Figueroa, había votado en disidencia: sostuvo que la falta de registro con “medios técnicos idóneos” torna “nulas las declaraciones prestadas”.
Para Casal, “acceder al escrutinio disciplinario a que se pretende someter la actuación del doctor Stornelli sobre este aspecto importaría utilizar la vía administrativa para revisar cuestiones judiciales vinculadas con un proceso en trámite (…) lo que no resulta admisible”. También en defensa de Stornelli dijo “que los fiscales no pueden ser sometidos a proceso disciplinario por el contenido de sus dictámenes o por errores cometidos durante su actuación”. Hasta citó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para blindar a uno de los protagonistas del Lawfare.
Sobre las extorsiones que se habrían ejercido en el marco de algunas de las declaraciones de los arrepentidos, tal como los sostuvo Parrilli en su denuncia, Casal afirmó que “hasta el momento nadie se ha manifestado en ese sentido o, al menos, no con la suficiente robustez para que los magistrados que intervinieron pusieran en duda la validez de dichos acuerdos”.
Parrilli también cuestionó la forma en que Centeno se transformó en arrepentido. Pero a Casal le alcanzó lo explicado por Stornelli. “Cabe referir que el fiscal federal efectuó en su descargo una explicación sobre cómo sucedieron los hechos y rememoró las razones que expuso Centeno para decidir que su defensa fuera asumida por el defensor oficial”. El jefe interino de los fiscales agregó que “del análisis realizado a ese respecto y en concordancia con lo sostenido por la mayoría del Consejo Evaluador, entiendo que tampoco existen elementos para considerar que esa conducta pueda tener relevancia disciplinaria”.
La denuncia contra Stornelli, que había revelado El Destape en mayo del 2020, apuntaba a una serie de delitos cometidos por el fiscal en el marco de la causa de las fotocopias. Canalizada la denuncia en el MPF y con una estrategia para blindar al fiscal porteño hacia el interior de la procuración, Casal se preocupó por que el caso no levante vuelo en Comodoro Py.
Por eso, “atento que ciertos pasajes de la denuncia radicada se apoyaban en la presunta comisión de delitos, se remitieron testimonios” al fiscal general ante la Cámara Federal porteña, José Luis Agüero Iturbe, quien fue designado en ese cargo por el propio procurador interino. Agüero Itrube hizo lo que se esperaba: archivó la investigación preliminar.
Casal se hizo eco del archivo de esa investigación preliminar y resaltó: “Tampoco encuentro elementos concretos que me permitan avanzar con una imputación respecto del resto de las cuestiones que expuso el denunciante, pues su presentación carece de los fundamentos necesarios para circunscribir alguna actividad antirreglamentaria por parte del magistrado”.
El Consejo Evaluador y sus vínculos
Este medio ya había publicado que el caso estaba por cerrarse en noviembre del año pasado, cuando reconstruyó que el Consejo Evaluador del MPF había resuelto por 4 votos contra 1 que debía clausurarse el expediente interno que se había abierto contra el fiscal procesado. Incluso, la mayoría de los fiscales generales había considerado que no hubo delito en no grabar los testimonios de los arrepentidos porque bastaban simples actas como “medios técnicos idóneos” para una posterior revisión de las declaraciones (en su descargo, Stornelli volvió sobre este punto).
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¿Quiénes son los cinco fiscales generales que integraron el Consejo Evaluador que resolvió el caso de Stornelli? Oscar Ciruzzi, quien mantiene un vínculo cercano al fiscal procesado y está relacionado al mundo Boca. Susana Pernas, relacionada al fiscal Carlos Rívolo, quien colaboró con Sotrnelli en la instrucción del caso Cuadernos. Pernas es secretaria general de la Asociación de Fiscales y Funcionarios del MPF de la Nación, que preside Rívolo, un interesado en que no se cuestione esa investigación. Otro de los integrantes del consejo es Julio Piaggio, jubilado, quien tal como publicó Tiempo Argentino fue “juez federal de Lomas de Zamora durante la última dictadura" y está relacionado al fiscal general ante la Cámara Federal de Casación Penal, Raúl Pleé, uno de los “protectores” de Stornelli en Comodoro Py. El cuarto miembro es Guillermo Pérez de la Fuente, un exagente del Batallón 601 de Inteligencia del Ejército. El quinto miembro es Alejandro Alagia, el único que votó en disidencia, cuestionó a sus pares y pidió la apertura de un jury contra Stornelli.
Para Ciruzzi, Pernas y Piaggio “los hechos denunciados consisten en vicisitudes procesales ya discutidas”, indicó Casal en su dictamen. Para estos tres fiscales, como todos los actos fueron respaldados por las instancias superiores, “no pueden tener relevancia disciplinaria”. Como se dijo: quienes revisaron lo actuado fueron Irurzun, Bruglia y Bertuzzi, entre otros.
Pérez de la Fuente, por su parte, coincidió con sus colegas pero se diferenció de la interpretación en lo que hace a la Ley del Arrepentido. Para este fiscal la declaración de los imputados colaboradores requería de un “registro fílmico o audiovisual”. No obstante, sostuvo que eso no era una “falta” porque había diversas interpretaciones respecto a ese tema.
“Alagia sostuvo que no podía seguirse el voto de la mayoría, pues hacerlo implicaría justificar prácticas ilegales con grave daño para la Institución”, indicó Casal pero no se hizo eco de esa fuerte afirmación y volvió a blindar a Stornelli.
Con sus argumentos, Alagia describió el accionar de sus colegas del Consejo Evaluador. Expuestos, Pernas, Ciruzzi y Piaggio le salieron al cruce y calificaron sus definiciones como “inadecuadas y agraviantes”.
La denuncia
Para Parrilli con la causa Cuadernos se puso en marcha “un sistema de persecución judicial” ideado por Macri, que estuvo “auxiliado con la complicidad activa y pasiva de distintos exponentes del Poder Judicial y del Ministerio Público de la Defensa y Fiscal”. Entre ellos, el fiscal Stornelli y el defensor oficial Gustavo Kollmann, quienes “han posibilitado el encarcelamiento y extorsión de decenas de personas”. Detrás de esta persecución se escondía “como principal objetivo, la descalificación personal y política” de Cristina Fernández de Kirchner “y de sus funcionarios más cercanos del gobierno”.
Entre las irregularidades que rodearon “Cuadernos”, el legislador mencionó el fórum shopping. Además de la forzada conexidad con la causa GNL, Parrilli recordó que la exesposa de Centeno, Hilda Horovitz, ya había prestado una declaración con un relato similar al de Cuadernos y que los hechos a investigar se habían sorteado y recaído en el juzgado que estaba a cargo de Sergio Torres. Cuando el periodista de La Nación, Diego Cabot le entrega la información del chofer a Stornelli, el fiscal ya sabía de la existencia del relato de Horovitz. “Sin embargo, Carlos Stornelli no envió al periodista Cabot al juzgado del Dr. Torres para que le reciba declaración, sino que se la recibió él – bajo ese formato extraño en bares y su domicilio particular que luego documentó en su público despacho - y envió su testimonio a Bonadío”, quien decidió quedársela.
“Dos extremos de clarísimo fórum shopping se advierten aquí. Primero, la elección y ‘encuentros’ fuera del ámbito tribunalicio entre un denunciante y un fiscal federal, quien extramuros de todo protocolo conductual recibe y auspicia el avance de una pesquisa, la que además conserva sin recaudo alguno de asignación de causas”, resalta el denunciante. Luego se produce “una presentación directa de aquel fiscal, poco ortodoxo en su labor institucional, ante un juez que elige deliberadamente”.
A esto se suma la presión sobre Centeno para que cambie de abogado. El chofer, ya detenido, mantuvo un encuentro a solas con Bonadio y Stornelli, reunión que luego derivó en que cambiara de abogado y eligiera a Kollmann como defensor. El encuentro ocurrió el 1 de agosto de 2018 en los tribunales de Comodoro Py, cuando Centeno ya estaba detenido. A partir de entonces, Centeno se convirtió el colaborador. En su descargo, Stornelli dijo que “fue el propio Oscar Centeno quien optó por designar al defensor oficial”.
Allí entra en escena Kollmann. “El Defensor Kollmann no sólo silenció la extorsión y el ‘apriete’ a Centeno por parte del Fiscal Stornelli y el Juzgado de Bonadío, sino que participó en la maniobra cuando al día siguiente ‘simuló’ el arrepentimiento de Centeno con algunas formalidades mentirosas que escondieron el encierro ilegal de éste el día anterior mientras se negaba a su abogado estar presente en la reunión, pese a que la ley así lo exigía”, se narra en el pedido de jury.
En este marco, los cuadernos “no fueron encontrados habida cuenta de que luego de ‘confesar’ Centeno que los poseía en su casa, modificó su declaración en el sentido de que los habría quemado, para finalmente a semanas de la elección general del 2019 el periodista estrella de La Nación, Cabot, los habría obtenido en la calle. Francamente, tamaña ridiculez ofende al sentido común y la inteligencia”, remarca el denunciante.
En el pedido de juicio político también se rememoró respecto a Stornelli que “varias de las defensas particulares de imputados han relatado minuciosamente las extorsiones que llevaba a cabo este impresentable fiscal, hablando de la entrega de sortijas para obtener la libertad para quienes se acogieran al régimen de arrepentido y además, como si esto fuera poco, involucraran a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner”. En su defensa, Stornelli dijo que esa denuncia es “genérica e imprecisa”.
En su presentación de mayo del 2020, Parrilli también apuntó contra otros actores de Comodoro Py: indicó, por ejemplo, que “la obscenidad de la causa” cuenta “con la invalorable colaboración de la Cámara Federal porteña (sala I), con dos jueces apócrifos, trasplantados y serviles a los intereses de la mafia enquistada desde diciembre de 2015 hasta el 9 de diciembre de 2019”. La mención es a Bruglia y Bertuzzi, quienes llegaron al tribunal porteño a dedo, por decisión de Macri. También señaló a Barroetaveña y Petrone de la Casación Penal.
Las justificaciones de Stornelli
Tal como describió Casal, en su descargo Stornelli dijo que las afirmaciones de Parrilli “sólo se basan en relatos tergiversados” y que “la denuncia debía ser rechazada sin más debido a las inmunidades funcionales que goza”. Justificó todo lo actuado en Cuadernos y definió “el relato contenido en la denuncia” como “mendaz, tendencioso y temerario”.
El fiscal procesado también sostuvo que el senador pretende tratar por una vía administrativa “la revisión de actos cumplidos en un proceso penal” que “fueron resueltos en diferentes instancias”. Este es uno de los argumentos que repitió Casal.
Para esgrimir su defensa, Stornelli hasta citó pasajes de las escuchas ilegales en la cárcel de Ezeiza que realizó la AFI macrista para intentar derribar el D’Alessiogate y alimentaron la Operación Puf, que fue cerrada en Comodoro Py.
Casal quedó conforme con las explicaciones y una vez más respaldó al fiscal procesado.
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