La corporación judicial decidió blindar al fiscal procesado Carlos Stornelli. El Consejo Evaluador del Ministerio Público Fiscal (MPF) propone cerrar un sumario que se había abierto para analizar su accionar en la causa de las fotocopias de los Cuadernos. Tal como publicó en su momento El Destape, el senador Oscar Parrilli había pedido su destitución “por mal desempeño”. De acuerdo a la reconstrucción que hizo este medio, el consejo –integrado por 5 fiscales generales- propuso clausurar la investigación en contra de Stornelli por 4 votos contra 1. La mayoría la conformaron fiscales generales relacionados a Stornelli y su entorno. La decisión no es vinculante. Restará la firma del Procurador General interino, Eduardo Casal, para que se archive la acusación.
El 19 de mayo pasado, Parrilli requirió la destitución vía juicio político de Stornelli y del defensor oficial Gustavo Kollmann, quien representó al chofer Oscar Centeno, en el caso “Cuadernos”. Los acusó de “mal desempeño en sus funciones” y de ser armadores de la persecución contra opositores durante el gobierno de Mauricio Macri a través de la causa de las fotocopias. En especial, el senador hizo alusión a la cacería judicial que hubo contra Cristina Fernández de Kirchner. En su presentación ante el MPF, Parrilli le reclamó a Casal que se excuse de intervenir porque consideró que durante la gestión cambiemita tuvo una actitud “encubridora” de Stornelli por la que “deberá responder oportunamente”. El procurador rechazó la excusación. Su dictamen parece cantado.
El soporte de la decisión de Casal será la del Consejo Evaluador, que analizó el accionar de Stornelli luego de que el procurador interino girara el caso a Comodoro Py por entender que había acusaciones penales y la denuncia fuera archivada por el fiscal general ante la Cámara Federal porteña, José Luis Agüero Iturbe. Entre otras cuestiones, los cinco fiscales generales que integran el consejo debatieron si las actas escritas en las que se registró el testimonio de los imputados colaboradores del caso “Cuadernos” bastan para ser considerados “medios técnicos idóneos” para una posterior revisión de las declaraciones. Es decir, si era necesario o no grabar las audiencias que tomaron el ya difunto Claudio Bonadío y Stornelli, quienes estaban al frente de la pesquisa, para controlar el proceso. Cuatro fiscales generales avalaron a Stornelli. Únicamente, Alejandro Alagia cuestionó, y en duros términos, el accionar de sus pares. Consideró en su voto que se está justificando una grave violación de la ley que afecta las garantías del debido proceso. Pidió la apertura de un jury contra Stornelli.
¿Quiénes fueron los integrantes del Ministerio Público Fiscal que respaldaron a Stornelli?
*Oscar Ciruzzi. Es fiscal general ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal. Mantiene un vínculo cercano a Stornelli, por lo que debía excusarse de intervenir. Está relacionado al mundo Boca, al igual que el fiscal procesado. Fue presidente del Tribunal Disciplinario del club xeneize durante el mandato de Daniel Angelici.
*Susana Pernas. Es fiscal general ante los tribunales orales de menores y reemplazó en el consejo a Adriana García Netto. La designó Casal el 24 de enero pasado. Está relacionada al fiscal Carlos Rívolo, quien colaboró con Sotrnelli en la instrucción del caso Cuadernos. Es decir, un interesado en que no se cuestione esa investigación. Pernas es secretaria general de la Asociación de Fiscales y Funcionarios del MPF de la Nación, que preside Rívolo. Es la única mujer del consejo.
*Julio Piaggio. Se jubiló el 28 de febrero, al dejar de ser fiscal general ante la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata. Según publicó Ricardo Ragendorfer en el diario Tiempo Argentino fue “juez federal de Lomas de Zamora durante la última dictadura" y "luego se recicló como fiscal en la Cámara Federal de La Plata, desde donde conspiró contra los Juicios de la Verdad”. Se lo relaciona al fiscal general ante la Cámara Federal de Casación Penal, Raúl Plee, uno de los “protectores” de Stornelli en Comodoro Py.
*Guillermo Pérez de la Fuente. Es fiscal general ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal. Tal como publicó Ragendorfer en Tiempo, “en sus años mozos fue agente del Batallón 601 de Inteligencia del Ejército. Su nombre está en la lista del Personal Civil de Inteligencia (PCI) desclasificada en 2009 por el Archivo Nacional de la Memoria (ANM)”. En esa nómina (que publicó este periodista junto a Adrián Murano en la Revista Veintitrés en 2010), Pérez de la Fuente figura como "analista". Según escribió Ragendrofer en abril del año pasado, “el 30 de marzo de 1980 ese hombre –por entonces un flamante abogado de 25 años– fue admitido en el SIE (Servicio de Inteligencia del Ejército), del cual dependía el Batallón 601. Entrevistado seis lustros después, al respecto sólo dijo: ‘Juro que nunca, jamás en la vida, trabajé en el Batallón 601. Admito que hubo esa posibilidad, pero cuando llegó el momento dije que no’”. Su legajo dice lo contrario. Él afirma que dio un paso al costado antes de empezar a trabajar allí. “Sus dichos tal vez tengan asidero. De su legajo se desprende, a pesar de tener categoría A-A-IN10 (analista), que De la Fuente ni siquiera llegó a tener nombre de cobertura ni evaluación alguna. Y que renunció al puesto el 30 de junio de aquel año; es decir, dos meses después de su ingreso. Lo notable es que su aval haya sido un suboficial mayor –y agente de la Central de Reunión del Batallón 601– llamado Luis María Ríos”, indicó Ragendorfer.
Qué votó cada uno
Según pudo reconstruir este medio, luego de que la mayoría “cercana” a Stornelli considerara que no cometió ningún delito en el marco de la causa Cuadernos porque su accionar fue refrendado por otros jueces (entiéndase: Bonadío, Irurzun, Bruglia y Bertuzzi) en el Consejo Evaluador decidieron pasar a discutir los alcances del artículo 6 de la Ley del Arrepentido, algo que también está analizando la sala I de la Cámara Federal de Casación Penal. De acuerdo a ese artículo: “Las declaraciones que el imputado arrepentido efectuare en el marco del acuerdo de colaboración deberán registrarse a través de cualquier medio técnico idóneo que garantice su evaluación posterior”. Bonadío y Stornelli tuvieron por medio técnico un acta escrita.
En ese marco, el único que cuestionó el accionar de Stornelli en la causa Cuadernos fue Alagia, para quien no grabar las declaraciones de los “arrepentidos” es una grave violación de derechos. De acuerdo a este fiscal general de la Unidad de Asistencia en Causas por Violación a los DD.HH., el registro audiovisual evita que haya posibles presiones y extorsiones en la confesión. Sin ese tipo de registro no hay control. También criticó que se haya utilizado la prisión preventiva como elemento de negociación porque de acuerdo a la ley del Arrepentido el único objeto de la negociación entre la Justicia y un imputado colaborador es la reducción de la pena en una condena. Todo indica que se usó como mecanismo de extorsión para que diversos acusados declaren contra CFK. Pero nada de eso se puede saber hasta el momento porque no se grabaron ni se filmaron las audiencias. Consideró un muy mal ejemplo que el Consejo Evaluador justifique por mayoría una violación manifiesta de una ley del Congreso.
Ciruzzi, Pernas y Piaggio consideraron que alcanza con un registro escrito por lo que Stornelli actuó correctamente. Sostuvieron que debe desestimarse la denuncia. Entre otras cuestiones, remarcaron que otros integrantes del sistema judicial en la misma causa convalidaron lo hecho por la dupla Bonadío-Stornelli. Es decir, compartieron su interpretación de la ley, que a decir verdad no pareciera muy “interpretable”. ¿Quiénes tuvieron el control de la causa Cuadernos en el tribunal revisor? Bruglia y Bertuzzi, quienes fueron puestos a dedo por Mauricio Macri. Este martes, la Corte Suprema de Justicia consideró que sus traslados no se ajustaron a la ley por lo que deben volver a su lugar de origen una vez que se realice un concurso nuevo para ocupar esos cargos.
Pérez de la Fuente disintió apenas con la mayoría que nutrió este dictamen: opinó que correspondía que se grabasen las declaraciones pero que hay diversas interpretaciones de la ley y como otros jueces convalidaron el modus operandi en la causa de las fotocopias se inclinó por desestimar la denuncia contra Stornelli.
Está claro que Casal decidió recostarse en la corporación judicial. El resultado está a la vista y no sorprende. Es el segundo pedido de jury que logra sortear Stornelli en el Consejo Evaluador.
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