La Sala I de la Cámara Federal de Comodoro Py, con 3 jueces nombrados por Mauricio Macri (dos de ellos a dedo), se sumó al encubrimiento del atentado contra CFK con dos resoluciones firmadas este viernes. En un fallo, el camarista Leopoldo Bruglia rechazó la recusación de CFK contra la jueza María Eugenia Capuchetti a pesar de las evidentes muestras de que descartó deliberadamente líneas de investigación y permitió numerosas irregularidades que ponen en riesgo las pruebas. En otro fallo, Bruglia junto a sus colegas Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi avalaron el freno a la línea que conduce a Gerardo Milman al no habilitar por ahora el análisis de los celulares de sus asesoras, que estaban con él cuando un testigo lo escuchó decir “cuando la maten estoy camino a la costa” y que le mintieron a la jueza cuando fueron citadas como testigos.
El rechazo a la recusación de CFK contra Capuchetti lo resolvió el juez Bruglia. Designado a dedo por Macri y mantenido en ese puesto por la Corte, ni siquiera se presentó al concurso destinado a cubrir ese cargo clave en Comodoro Py. En la víspera de esta decisión de Bruglia, Capuchetti había decidido delegar la investigación en el fiscal Carlos Rívolo, medida que allanó el camino a esta resolución del camarista nombrado por el líder del PRO. Esta delegación no es para nada habitual. Este tipo de acciones las suele tomar un juez al comienzo de la pesquisa, no a los tres meses con procesamientos ya dictados y las diversas líneas investigativas muy comprometidas.
Para Bruglia las críticas de CFK a Capuchetti “se dirigen a manifestar su disconformidad –pueda ser acertada o no- con ciertas aristas relacionadas con el modo de llevar adelante la presente investigación, pero de ningún modo concreta una evidencia que demuestre la ausencia de imparcialidad invocada”. Es falso. Los abogados Marcos Aldazábal y José Manuel Ubeira detallaron todas las irregularidades permitidas o ejecutadas por la jueza Capuchetti, desde la ruptura de la cadena de custodia del celular de Fernando Sabag Montiel el día 1 hasta el bloqueo a las líneas de investigación que apuntan al PRO. Además de recordar sus visitas a la AFI macrista.
Bruglia afirma que las quejas sobre la investigación las tienen que resolver una por una, apelando las medidas de prueba o los rechazos a las mismas. Esas apelaciones terminan en manos de los tres camaristas nombrado por Macri. Además, Bruglia sabe bien que en una investigación de este tipo es clave la rapidez, lo que suceda en las primeras horas. Van a cumplirse 3 meses del intento de asesinato, tiempo suficiente para la destrucción de pruebas clave.
Un dato no puede pasar desapercibido: si Bruglia hacía lugar a la recusación hubiese sepultado la carrera judicial de Capuchetti, a quien debía pedírsele el juicio político.
La Sala M de la Cámara Federal en pleno también frenó la línea de investigación que apunta a Milman. Los abogados de CFK apelaron la decisión de la jueza Capuchetti de no secuestrar los celulares de Ivana Bohdziewicz y Carolina Elizabeth Gómez Mónaco, las asesoras que estaban con Milman en el bar Casablanca cuando un testigo lo escuchó afirmar “cuando la maten estoy camino a la costa”. Ambas asesoras fueron citadas como testigos, es decir, para que declaren bajo juramento de decir verdad, pero lo primero que hicieron fue mentirle a la jueza al asegurar que no estuvieron en el bar. Cuando les mostraron las filmaciones tuvieron que reconocerlo y fue entonces que los abogados Aldazábal y Ubeira pidieron que se analice el contenido de sus celulares en búsqueda de información vinculada a la causa y, aclararon, preservando cualquier contenido privado. La jueza Capuchetti se negó. Esa decisión fue apelada y este viernes fue resuelta por la cámara.
Llorens, Bruglia y Bertuzzi hacen un doble juego, resumido en esta frase de su fallo: “Si bien consideramos que, con acierto, la Sra. Jueza a quo ha procurado evitar un menoscabo a las garantías constitucionales de dos testigos -respecto de quienes no se acreditó por el momento ninguna vinculación delictiva al caso-, lo cierto es que dada la gravedad institucional del hecho aquí investigado -el intento de dar muerte a la vicepresidenta de la Nación, Cristina Elisabeth Fernández- tornan imperiosa la producción de todas aquellas diligencias probatorias que puedan resultar pertinentes y útiles para el descubrimiento de la verdad, sin escatimar esfuerzos y premura, aunque optando siempre por la alternativa que resulte menos lesiva para las garantías constitucionales en juego”.
Dicen, a continuación, que el secuestro y análisis de los celulares que pidió CFK “se presenta como procedente” pero luego zigzaguean y afirman que “no admite discusión en cuanto a que debe ser llevada a cabo como ultima ratio” y piden que antes “se proceda a efectuar otras menos lesivas y que, inclusive, se evidencian como más precisas a los fines perseguidos”. Es decir, habilita que se abra la línea Milman pero con el objetivo de que no llegue a ningún lado.
¿Cuáles medidas piden los jueces macristas antes que el secuestro de los celulares de las asesoras de Milman? Que se amplíe la declaración del testigo que escuchó la frase de “cuando la maten estoy camino a la costa” para ver si lo comentó con otras personas, que se cite a declarar al diputado Marcos Cleri, a quien el testigo de la frase de Milman le escribió poco después del atentado para contarle, y al diputado Mario Leito, que estaba también ese día en el bar Casablanca. ¿Qué pueden aportar para la línea investigativa estos testimonios? Poco y nada. Lo que hace la Sala M de la Cámara Federal es ganar tiempo.
"Ante a ese panorama y dependiendo del resultado que arrojen las diligencias aquí referenciadas, como cualquier otra que pudiera considerar relevante la instrucción, será entonces necesario reevaluar si se encuentra debidamente justificada, de acuerdo a los principios de necesidad, razonabilidad y proporcionalidad antes referenciados, la producción de la medida de secuestro peticionada por la parte acusadora, la cual deberá estar exclusivamente dirigida a la comprobación, en los teléfonos celulares de las testigos Ivana Bohdziewicz y Carolina Elizabeth Gómez Mónaco, de la existencia de cualquier mención a los dichos que, según Abello, habría proferido Gerardo Milman en la jornada del 30 de agosto del corriente año”, cierran Llorens, Bruglia y Bertuzzi.
En resumen: mandan a hacer otras medidas de prueba y que la jueza Capuchetti luego evalúe si revisa los celulares de las asesoras de Milman.
Lo cierto es que ninguna de las medidas de prueba que pide la Sala M puede aportar nada en función de la pista Milman. Solo los celulares de sus asesoras, e incluso el celular de Milman, tienen algo que decir. Y lo que hacen Llorens, Bruglia y Bertuzzi es patear para adelante la recolección de esa prueba clave y sensible al borrado.
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