Atentado contra CFK: con el foco en la pista política no investigada, el miércoles declara la expresidenta

La expresidenta Cristina Kirchner declarará este miércoles en el juicio que se realiza por el atentado que se perpetró contra su vida cuando ejercía la vicepresidencia de la Nación, el 1 de septiembre de 2022. En la previa, este martes, se iba a realizar un peritaje sobre el celular que tenía Fernando Sabag Montiel cuando intentó asesinar a CFK. El estudio, que estaba pautado a las 10, se suspendió a último momento por pedido de la querella. ¿La razón? En el marco de la causa que se sigue instruyendo en primera instancia se recibió una respuesta del Estado de Israel de que tomaba nota sobre el pedido de  prestar colaboración para intentar extraer o recuperar la información de ese celular. Frente a eso, la querella, es decir, los letrados de Cristina, Marcos Aldazábal y José Ubeira, pidieron la suspensión del peritaje.

Para declarar como testigo en esta causa, una de las más relevantes desde el retorno de la democracia, la expresidenta tiene estipulado partir de su domicilio hacia los tribunales de Comodoro Py a las 9 de la mañana. La audiencia está previsto que comience a las 9.30. Se espera la presencia de diversos dirigentes y representantes sociales para acompañar a Cristina, quien tras declarar irá al Instituto Patria, donde organizaciones sociales y diversos sectores se autoconvocaron para recibirla y apoyarla.

La declaración de CFK

A diferencia de otras audiencias del juicio, este miércoles la única testigo será CFK. ¿Por dónde irá el testimonio de la exjefa de Estado? Todo indica que además de narrar cómo vivió el momento en que Fernando Sabag Montiel le gatilló a centímetros de la cabeza también dedicará tiempo a cuestionar la investigación del caso, que en primera instancia estuvo a cargo de la jueza María Eugenia Capuchetti, a quien la expresidenta recusó en más de una ocasión. Entre otras cuestiones, Cristina y sus abogados, Marcos Aldazábal y José Ubeira, critican a la magistrada por no querer avanzar sobre la pista política detrás del atentado que compromete, entre otros, al diputado PRO Gerardo Milman.

Desde el entorno legal de la expresidenta también se cuestiona la fragmentación de la pesquisa. En el juicio hoy solo están sentados en el banquillo de los acusados solo tres personas: Sabag Montiel, su pareja Brenda Uliarte y Gabriel Carrizo, quien estaba a cargo del emprendimiento de la venta de copos de azúcar. La línea política o “intelectual” del crimen no es parte del debate oral porque Capuchetti dividió la investigación y solo elevó la parte “ejecutiva” del ataque. El resto descansa en instrucción. A su vez, todo lo referido a los ataques contra Crisitna que realizó la agrupación Revolución Federal se investiga en otra causa, a cargo de otro magistrado, Marcelo Martínez de Giorgi. Para este juez debían investigarse todos los hechos juntos ya que consideró que el atentado contra CFK fue el último eslabón de una cadena de hechos violentos protagonizados por esa organización que se iniciaron meses antes del atentado.

El líder de esta violenta agrupación, Jonathan Morel, un novel carpintero, recibió sumas millonarias por parte de la empresa Caputo Hermanos, cuyos dueños son hermanos del actual ministro de Economía, Luis Caputo. Casualmente, al momento de las agresiones contra CFK y otros dirigentes políticos le compraban muebles a Morel, que era dueño de una carpintería en San Isidro que no tenía cartel a la calle para abastecer un emprendimiento en Neuquén.

El atentado y su contexto violento

Este miércoles, tras el relato de CFK, la querella comenzará la ronda de preguntas. Los letrados Aldazábal y Ubeira buscarán hacer hincapié en el contexto en que se dio el atentado y en lo que precedió al ataque, que fue el pedido de condena de Cristina a 12 años de cárcel en la causa Vialidad y diversos ataques en su contra. Hubo marchas hacia su domicilio, por ejemplo. Previamente, ataques al Intsituto Patria.

La fiscala Gabriela Baigún, por su parte, también pondrá el foco en el contexto de violencia que había sobre Cristina en la previa al ataque. Se esperan preguntas sobre la violencia que hubo en su contra en espacios públicos, como en marchas hacia su domicilio, pero también sobre la violencia mediática que sufrió. La fiscala también buscará ahondar en los ataques de la agrupación Revolución Federal. E intentará profundizar en la cuestión de género, ya que el ataque puede ser considerado un magnifemicidio. Sin ir más lejos, en el juicio interviene la Unidad Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM) del Ministerio Público Fiscal, que está a cargo de Mariela Labozzetta.

En esta línea, al hacerse eco de la denuncia de Fabiola Yáñez contra el expresidente Alberto Fernández por violencia de género, Cristina cerró un tuit el 9 de agosto: “En lo personal y como mujer que ha sido objeto (y lo sigue siendo) de las peores violencias verbales y políticas, hasta la máxima experiencia de violencia física, como fue el intento de asesinato del 1 de septiembre del 2022, expreso mi solidaridad con todas las mujeres víctimas de cualquier tipo de violencia, sin olvidar las palabras que Francisco me dijo al día siguiente de aquel hecho: ‘toda violencia física siempre es precedida de violencia verbal’”.

Un peritaje clave

Este martes a las 10, la Dirección de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), que depende de la Procuración General, iba a peritar el celular que le fue secuestrado a Sabag Montiel en la noche del atentado y que quedó reseteado a su estado de fábrica a pocas horas del ataque. El estudio fue suspendido a último momento a pedida de la querella. Esto es porque en el marco de la causa que se sigue instruyendo en primera instancia se recibió una respuesta del Estado de Israel de que tomó nota del pedido para prestar colaboración para intentar extraer o recuperar la información de ese celular. Se trata de una nota de la Embajada de Israel en la Argentina que informa que giró la solicitud de colaboración a la Cancillería israelí. Frente a eso, la querella pidió en la madrugada la suspensión del estudio. Consideran que la propuesta de Israel podría ser más segura: "Dicho país cuenta con la tecnología más avanzada en materia de análisis de celulares", explicaron en planteo de suspensión.

En una de las tantas irregularidades que tuvo este caso, el celular que Sabag Montiel tenía en su poder al momento del ataque quedó inabordable a poco de que intentase matar a CFK. La Policía Federal fue la primera fuerza en manipular el aparato telefónico y, según un peritaje que hizo la Gendarmería (GNA) en 2022 para determinar qué sucedió, no tomó "los recaudos pertinentes respecto a su debida preservación/resguardo”.  Además abordó el celular a través de un software “completamente desactualizado”, según se precisó en el informe de la GNA. En el estudio también se señalan falencias cometidas por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), la fuerza que quedó a cargo de peritar el teléfono tras el apartamiento de la Federal y adonde llegó completamente “manoseado”. Lo cierto es que el trabajo expone la responsabilidad de la jueza Capuchetti en todo este asunto. Justamente, su accionar ante este hecho fue criticado por la querella en uno de sus pedidos de recusación de la magistrada.

Es que el atentado fue el 1 de septiembre poco antes de las 21; recién a las 23 del 2 de septiembre el celular le llegó a la PSA para que lo analizara. Más de 24 horas y, para colmo, llegó en un sobre abierto, prendido, con una leyenda de error en la pantalla y con la tarjeta SIM y la memoria externa extraídas. Y con un defecto clave: sin la planilla donde consta la cadena de custodia.

Las pistas no investigadas

Además de lo que sucedió con el celular de Sabag Montiel, una de las pruebas centrales del proceso, Capuchetti quedó en el ojo de la tormenta por diversos motivos. Uno de ellos es no seguir la pista Milman, que apunta al diputado PRO Gerardo Milman, a quien un testigo oyó decir en un bar ubicado frente al Congreso, 2 días antes del atentado: "Cuando la maten voy a estar camino a la Costa". El hecho ocurrió en el bar Casablanca. El diputado estaba con dos de sus asesoras, Ivana Bohdziewicz y Carolina Gómez Mónaco. La trama que vincula a Milman incluye el borrado de su celular en oficinas de Patricia Bullrich, entre otras cosas.

Milman participó de la marcha organizada por el violento grupo antiK Revolución Federal que el 9 de julio de 2022 llevó una guillotina al Obelisco con la consigna "Todos (en referencia al Frente de Todos) Presos; Muertos; o Exiliados". El 18 de agosto, 2 semanas antes del atentado, presentó un proyecto en el Congreso donde, bajo la excusa de reclamar información sobre la seguridad de CFK y pedir protección a los jueces y fiscales que la persiguen y a los operadores mediáticos que promovían la violencia, escribió: “No vaya a ser que algún vanguardista iluminado pretenda favorecer el clima de violencia que se está armando, con un falso ataque a la figura de Cristina, para victimizarla, sacarla de entre las cuerdas judiciales en las que se halla y no puede salir, y recrear un nuevo 17 de octubre que la reivindique ante sus seguidores”.

La jueza Capuchetti nunca citó a declarar a Milman. Sí lo hizo con sus asesoras, que lo primero que hicieron fue mentirle. Dijeron que no habían estado en el bar Casablanca pero fueron refutadas con filmaciones revisadas por los abogados de CFK, no por la jueza. En ese momento los abogados de CFK reclamaron que Capuchetti secuestrara los celulares de Bohdziewicz y Gómez Mónaco. La jueza no lo hizo y dejó ir a las asesoras. Tiempo después, por orden de la Cámara Federal porteña, accedió a reclamarles los celulares: una dijo que había borrado todo y la otra que lo había cambiado. Al poco tiempo, Bohdziewicz volvió a declarar, esta vez de forma espontánea, y contó que había borrado el celular en las oficinas de  una ONG de Bullrich: “Milman le dijo (a otra asesora) que había hablado con Patricia (Bullrich) y que nos iba a poner un perito para ver la información que tenían los celulares porque era probable que se filtrara nuestra información. No para borrar algo puntualmente. De ahí nos fuimos a Av. De Mayo 953, 3er. Piso, oficina Patricia Bullrich, si no me equivoco, llegamos ahí, no había nadie, solo estaba Milman con el perito (…) le di mi teléfono y estuvo analizándolo y decide borrar todo”. Cuando le preguntaron si en las oficinas de Bullrich manipularon otro celular contestó: “Sí, el de Milman, pero no se qué hicieron”. Cuando la situación ya era peor que un absurdo, Milman presentó en la Justicia un celular suyo. Era uno que había comprado post atentado.

Capuchetti tampoco indagó en profundidad sobre los vínculos de Brenda Uliarte, copartícipe del ataque. Sin ir más lejos, la joven participó de al menos una marcha organizada por Revolución Federal y estuvo relacionada a la agrupación Nuevo Centro Derecha (NCD) como al youtuber Eduardo “El Presto” Prestofelippo, que ya había amenazado de muerte a CFK en 2020.

La jueza tampoco siguió la pista que conduce a la mentada agrupación Nuevo Centro Derecha, con vínculos con Patricia Bullrich y Javier Milei.

En este contexto, declarará CFK ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 6, integrado por los jueces Sabrina Namer, Ignacio Fornari y Adrián Grunberg.

Otros testigos del juicio

Hasta el momento en el juicio hablaron Sabag Montiel, Uliarte y Carrizo y declararon diversos testigos sobre el atentado en sí. Prestaron testimonio personas que vieron o fueron parte del hecho como los militantes que detuvieron a Sabag Montiel o parte de la custodia de la entonces vicepresidenta.

Entre la gran cantidad de testigos que aún deben declarar en el juicio, se destacan:

• Hernán Carrol y Matías Almeida del espacio la Nueva Centro Derecha. Carrol es referente del espacio Nueva Centro Derecha, fue cercano a Milei y Bullrich. Sabag Montiel, una vez detenido, pidió que Carrol le pague un abogado privado. Carrol intercambió mensajes con Brenda Uliarte antes y después del atentado, compartió un evento digital con Uliarte y un cumpleaños con Uliarte y Sabag Montiel. Declaró como testigo el 25 de octubre de 2022. Borró el contenido de su celular.
   
• “Los copitos”. Los vendedores de copos de azúcar Lucas  Acevedo, Leonardo Volpintesta, Miguel Ángel Castro Riglos y Sergio Orozco, quienes se dedicaban a la venta de algodón de azúcar junto a Sabag Montiel, Uliarte y Carrizo.
   
• Eduardo Prestofelippo, el influencer conocido como El Presto Había amenazado a CFK en 2020. Tuvo un amorío con Uliarte. Y tiene una fotografía de cuando era adolescente con Jorge Rafael Videla y otra ya de adulto con Tezanos Pinto. A su vez, Prestofelippo tiene relación fluida con otro influencer que integró la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el macrismo.

La fiscal Baigún había requerido se cite a más de 180 testigos (la querella solicitó 70) pero el tribunal de juicio dejó atado al desarrollo del juicio la convocatoria de muchos de ellos. En este otro lote hay figuras de renombre político que por ahora el tribunal decidió “tener presente” pero no confirmar para declarar en el proceso. En este segundo grupo se encuentran:

• La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. La fiscala Baigún había pedido la citación de Bullrich por ser la presidenta del Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad (IEES), centro en el que según declaró Ivana Bohdziewicz, asesora de Milman, se borró el contenido de celulares claves para la pesquisa.
   
• Las asesoras de Milman, Ivana Bohdziewicz y Carolina Gómez Mónaco. Por ser claves en la línea que se sigue sobre Milman.
   
• Jorge Teodoro, sindicado como el perito que borró el contenido del teléfono celular de Bohdziewicz.  
   
• Florencia Retamoso, pareja de Milman. Según explicó la fiscal, “conforme surge del peritaje realizado sobre el celular perteneciente a Gómez Mónaco, en un mensaje remitido por Norberto Novoa a esta última se indica que ‘lo que hay que bloquear es que Florencia se meta, que no se la intervenga. Por eso hay que emprolijarla’”.
   
• Martín Uliarte, primo de Brenda Uliarte, con quien ella se comunicó en varias oportunidades luego del atentado, y es policía. Fue quien escribió el papel con “La Regla Tueller”. Según resaltó la querella: “Hace poco, se conoció que el autor del manuscrito fue Martín Uliarte, primo de Brenda Uliarte. Desde el inicio de la instrucción, se supo que Martín Uliarte y Brenda Uliarte se comunicaron varias veces el 1 de septiembre” de 2022, día del atentado.
   
• Los cofundadores de Revolución Federal, Jonathan Morel y Leonardo Sosa (hoy ambos militantes mileístas) y Gastón Guerra y Sabrina Basile, también integrantes de esta violenta organización. Los cuatro están procesados en otro expediente por protagonizar actos violentos contra dirigentes políticos, entre ellos, CFK.
   
• La vecina de CFK Ximena Tezanos Pinto y Cristina Lujan Romero. De acuerdo a la fiscal Baigún, Tezanos Pinto “brindó alojamiento a Delfina Wagner - conforme surge de los dichos vertidos en medios periodísticos- y mantuvo reuniones en ese inmueble con miembros de la agrupación Revolución Federal durante los días inmediatamente anteriores al hecho que se investiga”. Respecto a Lujan Romero, que es amigas de Tezanos Pinto, “ofició de nexo entre estos y aquella.” Tal como publicó El Destape, Luján Romero fue denunciada por las legisladoras porteñas Claudia Neira y Maia Daer por ser parte de un violento escrache contra ellas que hizo Revolución Federal.

Algunos de estos testigos propuestos por Baigún son o fueron foco de investigación en la parte de la causa que quedó en instrucción, en manos del fiscal Carlos Rívolo y la jueza Capuchetti. Allí aún descansa sin avanzar la mentada “línea Milman” a la que es de esperar que CFK haga referencia en su declaración de este miércoles.