Piden imputar a los hermanos Caputo por financiar a Revolución Federal

El dirigente Juan Grabois, víctima de los ataques de Revolución Federal, le reclamó a la Justicia que cite a indagatoria a Flavio Caputo, titular de la empresa Caputo Hermanos S.A, e impute a sus socios y hermanos Pía y Hugo Caputo, por financiar las agresiones de la violenta organización. Los tres son hermanos de Luis “Toto” Caputo, el exsecretario de Finanzas de Mauricio Macri y primos de Nicolás "Nicky" Caputo, el hermano de la vida del expresidente Mauricio Macri. Grabois considera que la supuesta compra de muebles de Caputo Hermanos a la carpintería del fundador de Revolución Federal, Jonathan Morel, fue una “operación simulada” y se usó como coartada para proveerle dinero a los agresores.

En un escrito presentado el último viernes ante el juzgado a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi, que investiga los diversos ataques de Revolución Federal, Grabois pidió que se implementen una serie de medidas de prueba y que se avance en la pesquisa en contra de los hermanos Caputo. En la causa están procesados los cofundadores de la organización, Jonathan Morel y Leonardo Sosa, así como Gastón Guerra y Sabrina Basile. Para los investigadores de este caso, que está dividido en distintos legajos, el ataque a Cristina Kirchner fue el punto culminante de una secuencia de ataques que se iniciaron en mayo del año pasado.

En la presentación que hizo Grabois, representado legalmente por los abogados Rodolfo Yanzón y Yamil Castro Bianchi, resaltó que “se cuenta con el grado de sospecha necesario para entender que el Sr. Flavio Caputo, titular de la empresa Caputo Hermanos S.A. desde fecha indeterminada, ha proveído de dinero y bienes en forma directa e indirecta a la agrupación”, en referencia a Revolución Federal, “a sabiendas de que el mismo iba a ser utilizado con un fin ilícito”. Por eso, solicitó “que se lo cite a prestar declaración indagatoria”.

El dato que desencadena esta solicitud es que la empresa Caputo Hermanos contrató a la carpintería Dogo, de Morel, el cofundador del violento grupo antiK, para realizar unos supuestos trabajos de carpintería por los que vía dos fideicomisos (Fideicomiso Espacio Añelo y el Fideicomiso Santa Clara Al Sur) le pagó al joven novel carpintero y sus socias más de 8 millones de pesos. Esos pagos son analizados por la Justicia. Lo llamativo es que Morel contó que aprendió el oficio por YouTube poco tiempo antes y que fue contratado por Rosana Pía Caputo para hacer trabajos que tuvieron por destino Vaca Muerta, es decir, lo contrataron para hacer muebles que se trasladarían más de mil kilómetros.

Según consta en el expediente hubo transferencias de Caputo Hermanos que coinciden con escraches que realizó Revolución Federal. Morel, por ejemplo, había expresado públicamente su deseo de matar a CFK apenas seis días antes del atentado que ejecutó Fernando Sabag Montiel –detenido en la causa del atentado-. Cuatro días antes de esa manifestación había recibido una paga por parte de Caputo Hermanos. A esto se suma que la novia de Sabag Montiel, Brenda Uriarte, también detenida en la causa del ataque a la vicepresidenta, participó el 18 de agosto de 2022 de un acto de Revolución Federal.

Para Grabois “queda claro a partir del plexo probatorio” que “Caputo Hermanos SA contrató a una carpintería que no tenía ni la capacidad técnica ni la experiencia para realizar el trabajo encomendado y que tenía su sede a más de 1200 kilómetros del supuesto lugar de destino con la intención de que ese dinero fuera utilizado en actividades delictivas”. Para el dirigente, así se entregaron “cuantiosas sumas de dinero y puesta a disposición de bienes y servicios” a los hoy procesados que se usaron para financiar su actividad. “Todo ello fue realizado en forma oculta mediante la utilización de una operación comercial simulada de compra y venta de bienes muebles y servicios de instalación, los que, conforme se desprende de la pesquisa han sido adquiridos en una suma mayor a la de mercado y frente a un proveedor como Carpintería Dogo, que no poseía la capacidad productiva para la realización de dicha actividad”, concluyó.

Grabois habla de una “operación simulada” que se usó “como una coartada infantil para demostrar que efectivamente se realizaron los muebles”.

Por eso, pidió se cite a Flavio Caputo a prestar declaración indagatoria y se impute a Rossana Pia Caputo y a Hugo Luis Pascual Caputo “en función de su posible participación, en conjunto con Flavio Luis Nicolás Caputo del financiamiento de la organización Revolución Federal a sabiendas del fin ilícito de la misma”.

Según le informó Caputo Hermanos a la Justicia, le giraron 8.717.130 pesos a Morel y 6 allegados por trabajados de carpintería. Y a otros proveedores que supuestamente no son allegados a Morel le transfirieron 4.846.509 pesos. Lo cierto es que no está tan clara la diferencia entre allegados al cofundador de Revolución Federal y no allegados.

En el marco de la causa, la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) realizó perfiles patrimoniales de los acusados. En el caso de Morel encontró que se inscribió en el monotributo el 28 de diciembre de 2019. También que si bien Morel dijo que había tercerizado trabajos por 7 millones de pesos solo hay facturas a su nombre por aproximadamente la mitad de ese monto. Y que los saltos en su facturación fueron en junio y agosto de 2022, con una factura por 1.033.000 y otra por 926.500 pesos. Coinciden con el surgimiento de Revolución Federal y en la previa al atentado contra CFK. La PROCELAC detalló que las transacciones que recibió del Fideicomiso Espacio Añelo y del Fideicomiso Santa Clara Al Sur las solía retirar en efectivo al día siguiente.

En el mismo escrito, Grabois pidió una serie de medidas de prueba que deberán analizar el juez Martínez de Giorgi y el fiscal Gerardo Pollicita. Entre esas medidas se destacan:

• Solicitar informes a la AFIP sobre las facturaciones de los socios de la Carpintería de Morel.
• Solicitar se determine situación jurídica de la propiedad de la carpintería en San Isidro y las posibles irregularidades en la explotación del inmueble relacionado a la Municipio de San Isidro.
• Solicitar informes a la IGJ sobre los fideicomisos pertenecientes a la firma Caputo Hermanos SA.

Fuentes judiciales consultadas por El Destape a partir de esta presentación aseguran que están esperando el resultado del peritaje de los teléfonos de los acusados, que además se cruzarán con los de los imputados en el caso del atentado, para avanzar con nuevas resoluciones.