La jueza María Eugenia Capuchetti, a cargo momentáneamente del juzgado federal Nº 12 de la Capital Federal donde tramita la megacausa ESMA, se hizo eco parcialmente de los planteos del abogado Pablo Llonto y de H.I.J.O.S-Capital y este jueves habilitó la feria judicial para abordar los pedidos de “no innovar” que se realizaron para intentar frenar la destrucción de archivos de la Armada. No obstante, la magistrada no dictó una medida cautelar sino que corrió vista a las partes y demoró una resolución para cuando termine el receso y su colega Ariel Lijo, uno de los dos candidatos del gobierno para la Corte Suprema de Justicia, reasuma en el despacho. Los querellantes demandan una respuesta urgente de la Justicia porque entienden que puede desaparecer documentación que permita esclarecer crímenes de la última dictadura cívico militar.
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En una resolución firmada este jueves, Capuchetti dispuso habilitar la feria y le corrió vista a las otras querellas y al fiscal de la megacausa ESMA. Con esa decisión, postergó una definición lo que implica que recién la semana próxima, cuando ya se reanude el trabajo ordinario en tribunales, habrá una respuesta de la Justicia. Se estima que la resolución demorará al menos 72 horas.
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“Por recibidos, agréguense al expediente los escritos presentados por el doctor Llonto y la doctora Fernández Bozzi”, escribió Capuchetti en una escueta resolución. Y añadió: “Fórmese incidente de medidas cautelares con las constancias pertinentes y a fin de que se expidan sobre la cuestión planteada, córrase vista de manera simultánea a las querellas y al señor fiscal”. Concluyó con un “habilítese la feria”.
Los denunciantes señalaron que la jueza podría haber resuelto en carácter de urgencia, como se le había requerido, pero no lo hizo. Según explicaron, no hacía falta dar intervención al Ministerio Público Fiscal, “podía resolver ella". "Es más, podría haber corrido vista por 24 horas y mañana viernes resolvía ella durante la feria”, agregaron.
La urgencia de los abogados y organismos de Derechos Humanos es porque está en riesgo documentación que puede ser clave para el devenir de las causas de lesa humanidad.
Este miércoles, desde H.I.J.O.S-Capital realizaron una presentación en la megacausa ESMA pidiendo la habilitación de la feria y la medida de no innovar. “Vengo a solicitar habilitación de feria a fin de requerir a Ud. que dicte medida de no innovar en relación con el acervo documental existente en el Archivo General de la Armada, atento el riesgo grave e inminente de que se pierda prueba esencial para la investigación de los hechos objeto de esta causa”, comienza el escrito que lleva la firma de la abogada Flavia Fernández Brozzi.
El martes, el abogado Pablo Llonto había solicitado la habilitación de la feria judicial “atento la necesidad de acceder a la jurisdicción en forma rápida e inminente, a efectos de que el transcurso de tiempo que demande la mencionada feria no afecte la protección del acervo probatorio y documental obrante en el ARCHIVO DE LA ARMADA , dependiente del Ministerio de Defensa de la Nación”. Llonto pidió a la Justicia que dicte una medida cautelar “para que no se vea afectado el trabajo de búsqueda y remisión de documentación obrante en ese ARCHIVO que ha sido requerida en las últimas semanas de 2024 por el Juzgado Federal 12 de Capital al citado Archivo de la Armada y al Ministerio”. El letrado requirió que la Justicia ordene a Petri y al jefe de la Armada “no alterar la situación de hecho o de derecho del ARCHIVO donde obra el contenido del todo el archivo de la Fuerza, Legajos, documentos de Inteligencia, reglamentos, fotografías, planos, organigramas, informes y otros del período 1976-1983 y los posteriores reclamos o investigaciones realizadas por delitos de lesa humanidad cometidos por personal de la ARMADA en la dictadura”.
El disparador del alerta en el mundo de los DDHH fue un comunicado de la asociación Archivistas en la Función Pública Argentina (AFPA) que este martes advirtió: “A comienzos de este 2025, según la nota GDE NO-2025-02875814-APN-SGNA#ARA, las autoridades de la Armada Argentina dieron la orden de iniciar la depuración/selección para «trituración» de documentos preservados en el Archivo General de la Armada, ubicado en la calle Bolívar 1622, Ciudad de Buenos Aires (CABA)”. “Allí se almacenan más de 8 kilómetros lineales de documentación, entre los cuales se encuentran miles de documentos de interés histórico y judicial”, agregaron. Y advirtieron: “Es urgente y necesario garantizar la conservación de los documentos de valor permanente, ya sea porque contienen información única sobre la Historia, la memoria institucional o porque están vinculados a graves violaciones a los Derechos Humanos”.
Tal como publicó Luciana Bertoia en Página 12, “la cúpula de la Marina decidió, a través de una resolución reservada, que el Archivo General de la Armada (AGA) pase a lo que se conoce como Garage Central, ubicado en la zona de Retiro”.
Por eso el pedido urgente a la Justicia para que frene cualquier proceso de destrucción de archivos.
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El CELS también reclamó se dicte una cautelar
A la par que Capuchetti habilitó la feria para tratar los escritos de Llonto e H.I.J.O.S-Capital, se sumaron nuevos planteos como el del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que realizó este jueves una presentación en la megacausa ESMA. Abuelas de Plaza de Mayo también estaba trabajando en un planteo de similares características.
El CELS explicó en su presentación: “Que en virtud de una comunicación que se ha hecho pública donde se da a conocer la decisión de autoridades de la Armada Argentina de destruir documentos bajo la guarda del Archivo General de la Armada, venimos por la presente a solicitar que se dicte una medida de no innovar a fin de resguardar toda la documentación existente, de cualquier tipo, relativa al período comprendido entre 1976 y 1983, en tanto podría resultar prueba fundamental en esta causa”.
El CELS dio con precisión la información que está en riesgo. En el Archivo hay legajos; memorias anuales; partidas de matrimonio, nacimiento y defunción; historias clínicas; expedientes de Justicia Militar; Manuales y reglamentos derogados; Boletines Navales; leyes, decretos, resoluciones y disposiciones; y “Documentación histórica”.
“Esta documentación resulta fundamental para conocer el modo de funcionamiento de las Fuerzas Armadas en el período 1976-1983, lo cual constituye prueba decisiva en las causas por delitos de lesa humanidad”, se indicó en la presentación realizada este jueves. Y se detallaron algunos ejemplos.
“El análisis realizado por el Grupo de Trabajo sobre Archivos de las Fuerzas Armadas sobre la Aviación Naval sirvió como base para la acusación de los pilotos que participaron en los vuelos de la muerte, el aporte primordial en este caso surgió de aquella documentación que permitía recomponer las estructuras vigentes en la época y los procedimientos formales establecidos para el componente aeronaval, su personal y sus aeronaves”, se ejemplificó.
También se recordó el “caso Colquhoun”, en el que “se halló un expediente guardado en un cuarto secreto de la Armada, que fue descubierto por el área de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa. Este expediente se había originado por el robo de bienes en una casa de personas que habían sido secuestradas por un grupo operativo. En el expediente se describe cómo estaban compuestas las columnas operativas que secuestraban bienes”. De las actuaciones surge que la Armada tomó declaración a los integrantes del grupo operativo que actuó esa noche, dando a conocer que parte de ellos se encontraba en la ESMA en comisión desde otros destinos de la Armada.
A su vez, se explicó que “a través de las Memorias Anuales podemos conocer las funciones de los distintos departamentos de la Escuela en tanto instituto de formación, y también ayudan a comprender cómo éstos fueron puestos al servicio de las necesidades operativas del GT3.3. La Memoria Anual de la ESMA de 1977 brinda información valiosa sobre el aporte de cada departamento de la Escuela en tareas operativas”.
A través de estos ejemplos desde el CELS mostraron “cómo los diferentes tipos documentales pueden aportar datos necesarios para recomponer los eslabones del funcionamiento del Terrorismo de Estado”. De allí su necesaria y urgente preservación.
Fiscalía de Bahía Blanca contra la destrucción de los archivos de la Armada
El fiscal general Miguel Palazzani y Pablo Vicente Fermento, Auxiliar Fiscal de la Unidad de Asistencia para Causas por Violaciones a los Derechos Humanos durante el Terrorismo de Estado de Bahía Blanca, reclamaron a la justicia federal de esa ciudad que dicte una medida cautelar de “no innovar” que proteja la documentación del Archivo de la Armada. Bahía Blanca fue otra de las jurisdicciones donde la Marina llevó adelante secuestros y desapariciones durante el terrorismo de Estado. Según graficó el propio Palazzani hace una década durante uno de los juicios de lesa humanidad que se llevaron en esa jurisdicción “Bahía Blanca fue un centro de exterminio para la Armada".
“La medida solicitada es atinente a la presente causa y a sus conexas, ya que la documentación en riesgo constituye material probatorio imprescindible para el desarrollo de esos procesos. Nos estamos refiriendo puntualmente a todas las actuaciones que involucran la intervención de unidades y personal de la Armada Argentina”, escribieron los fiscales en la presentación de este jueves.
“Cabe tener muy presente que la documentación afectada por la resolución bajo cuestionamiento, corresponde al Archivo General de la Armada (AGA), es decir, atinente a toda la estructura de dicha fuerza, lo que abarca a las unidades bajo cuya órbita se cometieron los delitos investigados en las causas reseñadas. En estas condiciones, corresponde a esta fiscalía, y por consiguiente a ese magistrado, velar por la debida conservación de dicho material probatorio”, señalaron Palazzani y Fermento.
Tan grave es la cuestión que los fiscales advirtieron: “Sin perjuicio de la eventual responsabilidad penal en juego de parte de los funcionarios que intervengan en los actos de destrucción de estos documentos, cabe tener presente que –de acuerdo a la amplia jurisprudencia de los tribunales internacionales y regionales– dicha responsabilidad es extensiva a los funcionarios que toleren y presten aquiescencia a tales prácticas”.
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