El ministro de Justicia, Martín Soria, le expresó hoy a los cuatro miembros de la Corte Suprema su "preocupación por la gravedad institucional a la que llegó la Justicia argentina en los últimos cinco años", y solicitó que el tribunal establezca "plazos máximos" para sus fallos, durante su primer encuentro con los integrantes del máximo tribunal.
En ese marco, el funcionario le expresó particularmente a los ministros de la Corte su preocupación por el funcionamiento de la llamada "mesa judicial" que "influía ilegalmente en la administración de justicia" durante el gobierno de Mauricio Macri a través de la "presión" a magistrados.
Soria fue recibido a las 10 en el Salón de Embajadores del Palacio de Justicia por el presidente de la Corte, Horacio Rosatti; el vicepresidente, Carlos Rosenkrantz; y los ministros Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti. El encuentro se prolongó durante 40 minutos y, básicamente, fue un exposición crítica del ministro sobre la actuación de la Justicia y también de la misma Corte.
"Se conformó una mesa judicial del Poder Ejecutivo que influía ilegalmente en la administración de justicia, se llevaban a cabo visitas obscenas entre funcionarios judiciales y las máximas autoridades del ejecutivo en la Casa Rosada y en la quinta de Olivos, y se desplegó un sistema de espionaje ilegal con participación de jueces y fiscales inédito en nuestra historia", aseguró Soria durante la reunión, según un comunicado difundido luego por la cartera de Justicia y Derechos Humanos.
El ministro también criticó el funcionamiento de la misma Corte, que "retrasa durante años fallos de enorme trascendencia social". En particular, el ministro se refirió al caso Blaquier, vinculado al episodio represivo conocido como la "Noche del Apagón" en Jujuy durante la dictadura cívico militar iniciada en 1976, o la actuación judicial ante la muerte de Santiago Maldonado, en el que la familia viene pidiendo la intervención de la Corte. "Mientras tanto -continuó Soria recreando su exposición ante la Corte-, resuelve en tiempo récord fallos que sólo son urgentes para la corporación judicial, como el caso de los jueces (Leopoldo) Bruglia y (Pablo) Bertuzzi".
Desde esa perspectiva, el ministro señaló que "la Corte tiene la posibilidad y la responsabilidad institucional de establecer plazos máximos para resolver, más aún cuando esta Corte resuelve más del setenta por ciento de los casos sin dar fundamentos".
Soria se refirió así al artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial, que señala que "la Corte, según su sana discreción, y con la sola invocación de esta norma, podrá rechazar el recurso extraordinario, por falta de agravio federal suficiente o cuando las cuestiones planteadas resultaren insustanciales o carentes de trascendencia".
En otro orden, al referirse al vínculo con los medios de comunicación, cuestionó la "llamativa anticipación mediática de futuros fallos judiciales, tanto de la Corte como de los tribunales inferiores".
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En relación al Consejo de la Magistratura, no mencionó el proyecto de reforma del organismo que el Gobierno envió ayer al Congreso, como anticipaban que haría los medios con mayor circulación. "El Congreso puede sancionar todas las leyes que sean necesarias para reformar la Justicia pero, si en última instancia, la Corte no tiene la voluntad y el compromiso de aplicarlas, seguiremos en la misma situación", criticó.
Soria, por último, criticó el proceso de elección de Rosatti como presidente del tribunal cuando, según su versión, les dijo a los cuatro magistrados que "el pueblo argentino es profundamente democrático: si la máxima autoridad del Poder Judicial se elige con dos auto-votos difícilmente la sociedad recupere la confianza en la Justicia". La Corte, por su parte, publicó un escueto comunicado dando cuenta de la visita de Soria.
Esta primera reunión del ministro del área se desarrolló en el marco de un tribunal reducido en su cantidad de miembros, debilitado tras la renuncia de Elena Highton y con la incertidumbre acerca de su reemplazo, ya que cualquier reemplazante tendrá que obtener el acuerdo de dos tercios de los miembros del Senado.
Esa posibilidad asoma políticamente incierta y, para algunos, hasta improbable, sobre todo por el panorama general que -tras los resultados electorales del 14 de junio- refleja mucha complejidad para alcanzar acuerdos entre oficialismo y oposición.
La Corte, por su parte, está al tanto de que uno de los principales reclamos de la sociedad es la lentitud en el funcionamiento del sistema de Justicia y, en este sentido, se ha asignado una agenda de trabajo forzada para bajar a los tribunales inferiores doctrina y jurisprudencia que sirvan en los fallos de primera instancia.
Desde que asumió, Soria viene siendo muy crítico con el desempeño de la Justicia en general y de la Corte en particular, que es la responsable institucional por el funcionamiento del Poder Judicial. "Necesitamos una Justicia ágil, que trabaje de cara a la gente, con perspectiva de género, y que se ocupe de los problemas que le preocupan al pueblo, que lamentablemente dejó de confiar en la Justicia como una institución capaz de responderle a sus demandas", exhortó Soria ante los ministros de la Corte.
Revés de la Corte Suprema
Tras el encuentro con Soria, la Corte Suprema de Justicia definió que el Estado Nacional debe devolverle a la provincia de Santa Fe fondos coparticipables por unos 86 mil millones de pesos retenidos indebidamente, según un fallo emitido por el mismo tribunal en 2015.
La resolución, firmada por los ministros Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti, se conoció poco después de la reunión que el ministro de Justicia, Martín Soria, mantuvo en el cuarto piso del Palacio de Justicia con los cuatro miembros de la Corte.
En rigor, el Estado Nacional deberá devolver el 15% que se retenía por el acuerdo fiscal y otro 1,9% que también se retenía de manera indebida según la Corte, vía la Administración Federal de Ingresos Públicos. Según el cálculo de los auditores contables, con la actualización dispuesta por la Corte, el monto total del resarcimiento estaría cercano a los 86 mil millones de pesos.
Si bien no son expedientes con las mismas características, se estima que la decisión de hoy impactará en los reclamos que también hicieron por recortes a la coparticipación las provincias de San Luis, Córdoba y la Ciudad de Buenos Aires.
Entre otros asuntos, en el máximo tribunal todavía está pendiente de resolución el recurso de queja impulsado por el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) contra los amparos de las empresas de telecomunicaciones presentados para frenar el decreto presidencial 690/2020, que definió como "servicios públicos" a la telefonía móvil y fija, Internet y la TV por cable.
Con información de Télam.
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