En Comodoro Py, los jueces nombrados por Mauricio Macri se preparan para salvar al expresidente en la causa del espionaje ilegal a los familiares de la tripulación del ARA San Juan, donde el exmandatario tiene su único procesamiento, que le fue dictado en los tribunales federales de Dolores. Este viernes, el fiscal general ante la Cámara porteña, José Luis Agüero Iturbe, le pidió a los camaristas porteños que anulen el procesamiento que pesa sobre Macri en aquella causa.
Como los hechos son incontrastables, el fiscal general Agüero Iturbe, que fue nombrado en los tribunales de Retiro por el interino Eduardo Casal, consideró que se debe anular el procesamiento que se le dictó a Macri en la justicia de Dolores por una cuestión formal. ¿Qué sostuvo? Que el juez subrogante de Dolores, Martín Bava, procesó a Macri por hechos que no le fueron mencionados en la indagatoria. Para Agüero Iturbe, el procesamiento que dictó Bava en diciembre del año pasado “avasalla el derecho de defensa en juicio y por ende debe ser nulificado”. Por eso, pidió la nulidad de la indagatoria y que se ordene al juez de primera instancia, Julián Ercolini, que analice “la procedencia de la ampliación de la declaración indagatoria con la respectiva imposición de la prueba existente en contra del encartado”.
“Advierto que hubo una alteración sustancial del hecho atribuido que pudo haber frustrado el ejercicio de la defensa en juicio ensayada a partir del primer acto de indagatoria, el que se mantuvo a lo largo del proceso”, consideró el fiscal ante la instancia revisora de Comodoro Py.
“De la lectura del acta de declaración indagatoria surge que no se les informó acabadamente los hechos imputados y las pruebas existentes en su contra, de forma tal que pudieran ejercer debidamente su derecho de defensa mediante el respectivo descargo, razón por la cual corresponde hacer lugar al planteo de nulidad”, agregó, forzando una interpretación jurídica para favorecer al expresidente.
Es más, lo hizo en un incidente de apelación donde no se tendría que haber abordado el tema. El propio Agüero Itrube lo mencionó: “La presente no resulta la vía que manda el ritual para el tratamiento de los planteos de esta naturaleza”, dijo. No obstante, agregó: “En atención a la naturaleza constitucional de los derechos que se arguyen conculcados y en atención a la reiterada jurisprudencia de esa Alzada sobre la materia (que por conocida omito referenciar) procederé al análisis de las impugnaciones efectuadas en la exposición de agravios oportunamente presentada por el letrado ya mencionado”, es decir, Pablo Lanusse, defensor de Macri.
Ahora, los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens deberán resolver. Los tres fueron designados por Macri. Los primeros dos, a dedo. Si están de acuerdo con Aguero Iturbe, anularán el único procesamiento que pesa sobre Macri por espionaje ilegal.
Ante la noticia de este dictamen, la querella mayoritaria representada por la abogada Valeria Carreras emitió un comunicado en el que criticó la actitud de Agüero Iturbe.
“No esperamos nada de la Justicia, es desgarrador cada atropello para las familias", consideró Carreras. Y mencionó "desde autorizaciones de viajes express por adelantado" a Macri a pesar de que tiene una orden de prohibición para salir del país "hasta prohibir a esta querella acceder a los escritos del procesado Macri".
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La abogada criticó "los esfuerzos por parte del Poder Judicial e incluso del Ministerio Público en cada una de sus presentaciones" para favorecer al expresidente. "Sin ir más lejos entre Majdalani y Macri hay diferente trato. No parecen iguales ante la ley”, sostuvo, ya que a Majdalani Aguero Iturbe le rechazó un planteo similar un mes atrás.
El dictamen del escándalo
El fiscal general Agüero Iturbe basó su pedido de nulidad en que:
- “El encartado (es decir, Macri) fue impuesto por un hecho diferente por el que fuera procesado”.
- “En el acto de indagatoria le fue achacado un acontecimiento de determinada extensión siendo procesado por uno de mayor alcance sin que se le haya ampliado previamente la declaración sobre tales hechos a los efectos de que pueda ejercer cabalmente su defensa”.
- “Al momento de ser indagado no se le informó al encartado como hecho el ‘…no haber dispuesto el cese de la realización de tareas de inteligencia expresamente prohibidas por la ley 25.520…’; tampoco se le informó que las actividades a él enrostrada eran ‘…en conjunto con los jefes de la Agencia Federal de Inteligencia…’. La extensión de los hechos como la modalidad de su comisión difieren entre la imputación y el procesamiento”.
- Bava escribió en su procesamiento de diciembre pasado: “La derogación del Decreto N° 1311/2015 fue propiciada para que todas las acciones de espionaje ilegal que aquí se ventilas pudieran llevarse a cabo sin mayores controles de legalidad.” Para Agüero Iturbe, esa “mención efectuada que forma parte de la valoración del magistrado constituye sin duda un acontecimiento no reprochado en el acto de la declaración indagatoria, siendo por lo demás un acto realizado fuera del período enrostrado; extremos sobre los cuales el encartado no pudo efectuar su descargo”.
- “No se desprende con claridad que fue debidamente detallada la imputación, la participación y responsabilidad de Macri en los sucesos pesquisados”.
- “Así advierto que hubo una alteración sustancial del hecho atribuido que pudo haber frustrado el ejercicio de la defensa en juicio ensayada a partir del primer acto de indagatoria, el que se mantuvo a lo largo del proceso”.
- “Por todo ello es que entiendo que el procesamiento del encartado avasalla el derecho de defensa en juicio y por ende debe ser nulificado, debiendo el magistrado ahora a cargo de la encuesta evaluar la procedencia de la ampliación de la declaración indagatoria con la respectiva imposición de la prueba existente en contra del encartado y luego dictar un auto de mérito que cumpla con las mandas procesales y constitucionales aquí violentadas". Por ello, solicitó a los jueces de Cámara "que al momento de resolver hagan lugar al planteo de nulidad con los límites señalados”.
La imputación
En diciembre del año pasado, el juez federal Martín Bava dictó el procesamiento del expresidente Mauricio Macri en la causa del espionaje ilegal a los familiares de la tripulación del ARA San Juan. El magistrado desarrolló a lo largo de 173 páginas las diversas razones por las cuales consideró al exjefe de Estado responsable de los hechos.
Para Bava, “se encuentra acreditado en autos que, por lo menos entre diciembre de 2017 y diciembre de 2018 el imputado Mauricio Macri, desde su rol de Presidente de la República Argentina, posibilitó la realización de las tareas ilegales, generó las condiciones para que se pudieran llevar a cabo, almacenó parte de ese producido y utilizó esa información de inteligencia ilegal realizada desde la Delegación Provincial Mar del Plata de la Agencia Federal de Inteligencia sobre el colectivo de familiares de los tripulantes de los buques pesqueros naufragados 'Rigel' y 'El Repunte' y, en particular, del submarino ARA San Juan”, señaló el juez.
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De acuerdo al magistrado de Dolores, las tareas ilegales de inteligencia y los informes que produjo la AFI con ese material “fueron producidas para el conocimiento del imputado”. “Las mismas tenían por objeto informar los movimientos que llevaron adelante las víctimas en el marco de los reclamos que realizaban contra su gestión de gobierno como consecuencia del hundimiento del submarino”, señaló Bava.
Los hechos imputados a Macri fueron los siguientes:
- Hecho 1: seguimientos coordinados el 15 de enero de 2018, a dos meses de la desaparición del submarino, a familiares y confección de informes de inteligencia.
- Hecho 2: el 3 de febrero de 2018, agentes espiaron a esposas de tripulantes desaparecidos para “prever cuestiones de agenda” y así anticiparse a los reclamos que familiares plantearían a Macri en la reunión del 6 de febrero siguiente.
- Hecho 3: Una semana después se hizo un informe en el que se señala que familiares intentarían entregar una carta a Macri en Chapadmalal.
- Hecho 4: El 2 de abril de 2018 hay seguimientos a familiares que buscaban entrevistar a Macri en el Golf Club Mar del Plata. Y se elaboran informes de inteligencia con ese material.
- Hecho 5: en el primer aniversario de la desaparición del submarino, la AFI cubrió una protesta en la Base Naval de Mar del Plata
- Hecho 6: diez casos más de seguimientos con fotografías que se volcaron a informes de inteligencia.
Luego, el caso pasó a Comodoro Py por un conflicto de competencia. La causa quedó en manos de Julián Ercolini, uno de los jueces del Lawfare.
Pero eso no es todo.
Definen jueces nombrados por Macri
El caso del espionaje al ARA San Juan es revisado en la Cámara Federal con asiento en Comodoro Py por los jueces Bruglia, Bertuzi y Llorens. Los primeros dos fueron nombrados de forma irregular en esa instancia revisora. Los puso Macri a dedo. Según la Corte Suprema, tanto Bruglia como Bertuzzi deben dejar esos cargos cuando en su lugar sean nombrados dos magistrados naturales. El proceso para esas designaciones está a cargo del Consejo de la Magistratura, que ya elaboró las ternas para culminar los nombramientos. Pero la oposición se negó a votarlas y luego la propia Corte cambió la estructura del órgano que selecciona y sanciona jueces, lo que cambió las relaciones de fuerzas y hace casi imposible un acuerdo para reemplazarlos. Esto implica que Bruglia y Bertuzzi pueden permanecer en la instancia revisora de los tribunales de Retiro por mucho tiempo más allá de que fueron nombrados de forma irregular.
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Por estos motivos, Bruglia, Bertuzzi y Llorens fueron recusados por la querella mayoritaria del caso ARA San Juan. El planteo lo resolvió otro camarista del Lawfare, Martín Doctrina Irurzun. Irurzun rechazó las recusaciones y dejó firme a estos tres jueces al frente del caso. Ahora, ese trío deberá definir si anula o no el procesamiento de Macri.
La abogada Valeria Carreras también recusó al juez Ercolini. Ese planteo lo abordó el ya ratificado Bertuzzi. ¿Qué hizo? Cuidó la espalda de Macri y ratificó a Ercolini al frente de la pesquisa en primera instancia.
Macri sigue usufructuando los nombramientos en Comodoro Py que hizo durante su gestión. En la Cámara Federal de Casación Penal, la última instancia penal del país, quienes revisarán lo que haga la cámara porteña y Ercolini serán los camarista Carlos Mahiques y Guillermo Yacobucci, otros dos jueces designados por el líder del PRO. El primero también fue nombrado a dedo como Bruglia y Bertuzzi.