Tanta hipocresía agobia

Día a día advertimos con creciente preocupación la distancia que separa a las palabras de los hechos y conductas de quienes las formulan, cuando esas distorsiones se registran en la dirigencia política la gravedad es mayor aún porque conllevan el peligro de una descomposición institucional, que irremediablemente recaerá en la sociedad toda.

Republicanos a la deriva  

En una columna reciente (El Destape 14/02/2021) aludía al “republicanismo totalitario”, tratando de ponerle nombre a una sinuosa categoría política que se venía proyectando en diversos puntos de Occidente, en Latinoamérica y en la Argentina particularmente.

Sintéticamente, allí señalaba que se verificaban tendencias que se nutren de retóricas republicanistas que les permiten concitar la adhesión de algunos sectores de la población, que se basan en la articulación que las elites han logrado de la concentración económica que detentan con el accionar de sus terminales subalternas mediáticas y judiciales.

Es cierto que no faltan antecedentes de otros tiempos que perfectamente encuadrarían en esa singular manera de concebir le “República”, tanto durante dictaduras como en períodos de institucionalidad formal fuertemente condicionada por los poderes fácticos y con la complicidad o respaldo de las Fuerzas Armadas, y el silencio del Poder Judicial.

Los fatídicos hechos ocurridos (entre el 7 y el 14 de enero de 1919) con motivo de la huelga en los Talleres Metalúrgicos Vasena, conocida como “la Semana Trágica”, que dejó más de 700 muertos y 4.000 heridos, en la que hizo su debut un grupo faccioso que operó como banda armada parapolicial (La Liga Patriótica Argentina) en el que revistaban jóvenes y destacados dirigentes del Partido Demócrata Progresista, la Unión Cívica Radical, el Partido Autonomista y otros partidos conservadores.

Un año después, también participó la Liga en la represión y matanza (más de 1.500 muertos) de trabajadores rurales en el sur argentino como respuesta a las huelgas que se llevaban a cabo, episodios recordados como “la Patagonia Rebelde”.

Esa misma Asociación racista, xenófaba y aristocrática, que hacía gala de la violencia en su accionar, se sumó en 1930 al primer golpe de Estado en la Argentina, que fuera convalidado por la Corte Suprema de Justicia al igual que los sucesivos golpes que se registraron en el país hasta 1976, en los cuales fuerzas políticas que hacían gala de un mentado sentir republicano respaldaron y ofrecieron cuadros como funcionarios de esas dictaduras.

Sin embargo, lo que dota de peculiaridad a su formulación desde fines del siglo XX hasta nuestros días, es el reemplazo -en general- de la impronta militar por el protagonismo central de otros actores que gozan de algún grado de teórica legitimación (los medios de comunicación y el aparato judicial) y permite un nivel de penetración social mucho mayor.

Del dicho al hecho

Lo discursivo goza de amplitud, generalización y hasta de una épica, que es propio de la actividad política. La importancia reside en su congruencia con las acciones que se emprenden y las medidas que se proponen o son objeto de críticas que guardan coherencia con las conductas asumidas.

La ética no es ajena a la política, ni aún cuando se recurre a pragmatismos ineludibles, en especial, cuando se ejercen responsabilidades de gobierno.

Por el contrario, es la ética y el apego a la esencia de la doctrina o a la ideología que se proclama, lo que brinda valor y sustento al discurso.

Esa concepción, en democracia, abarca a todo el espectro político, cualquiera fuere el lugar que circunstancialmente se ocupe (oficialismo u oposición). Forma parte inexorable de las reglas y códigos de conducta básicos que permiten el desenvolvimiento de una sociedad plural, respetuosa de la diversidad que lógicamente coexiste.

No basta con invocar la República y sus principios fundantes, es insuficiente enunciar sus postulados, si las actitudes ponen de manifiesto la intención de menoscabar sus instituciones. Menos cabe aceptar el desprecio por la voluntad ciudadana expresada en las urnas, denostando a los Gobiernos que se identifican con las mayorías populares y obstruyendo el funcionamiento del Parlamento que es, por antonomasia, el Poder que refleja la democracia federal y republicana que consagra nuestra Constitución.

Ese tipo de comportamientos se reiteran desde el inicio de la gestión de Alberto Fernández, acentuados con motivo de la pandemia, promoviendo movilizaciones “libertarias” cargadas de odio, agitando consignas sin correspondencia ninguna con la realidad y fomentando la confusión en la población sobre temas muy sensibles (cuarentenas, vacunación por el Covid-19, restricciones para el retorno a las clases presenciales en todos los niveles educativos).

Con motivo de la “clase pública” convocada para el 9 de febrero, el diputado Alfredo Cornejo (UCR- Juntos por el Cambio), sostuvo: “Necesitamos vacunas contra el populismo y la educación es la única vacuna para eso”. En esa oportunidad, el dirigente de la UCR y actor (paradójicamente con un papel protagónico central en la película “La Patagonia Rebelde”), expresó: “La gestión educativa de este Gobierno no existió porque no hubo clases (…) en la mayor parte de los países del mundo hubo clases presenciales, pero acá no porque los que mandan son la oligarquía sindical que no estaba de acuerdo”.

Límites infranqueables

Los debates que forman parte de la vida en democracia, no exentos de virulencia tanto en la clase política como en todos los ámbitos de la sociedad civil, son expresiones que se conjugan con las diferencias, preferencias, intereses y antagonismos inherentes a un pluralismo que enriquece a ese sistema.

Incluso pueden admitirse animosidades especulativas, guiadas por el aprovechamiento de coyunturas que ofrezcan ventajas para posicionamientos circunstanciales y tributarios de una determinada estrategia con miras a la construcción –o reconstrucción- de una fuerza política.

En cualquiera de esas alternativas, aún en las que implican un cierto grado de mezquindad reprochable, existen límites insuperables.

La mentira sistemática como medio de instalar el descrédito de la Política en el imaginario social, valiéndose de una complicidad vergonzante de los medios de comunicación concentrados que, por un lado, machacan sobre esas falsedades y, por otro, ofrecen un blindaje ignominioso a quienes las promueven, implican una clara transgresión que no puede ni debe tolerarse.

El 27 de febrero pasado se produjo un hecho protagonizado por la “Juventud del Pro” que superó todo límite democrático, poniendo de manifiesto un profundo sentir totalitario y violento cuando, en una nueva Marcha promovida por Juntos por el Cambio, se depositaron bolsas simulando contener cadáveres de emblemáticas dirigentes de Organizaciones de Derechos Humanos y otros referentes políticos, sindicales y sociales. Que evocaban los peores crímenes de la última dictadura cívica militar, como también a la tristemente célebre Liga Patriótica Argentina.

Como era de suponer, las tapas de los dos diarios de mayor circulación en nuestro país (Clarín y La Nación) no reflejaron lo ocurrido, ni le dieron la relevancia que ese episodio suscitaba como ruptura ostensible del republicanismo que suelen –hipócritamente- pregonar desde sus editoriales, crónicas y columnas de opinión.

Al igual que sucedió con la asonada policial de septiembre de 2020, en que policías bonaerenses rodearon en forma amenazante la Casa de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y la Residencia Presidencial de Olivos, no hubo pronunciamientos categóricos de rechazo de las principales fuerzas políticas de la oposición y hasta, muchos de sus principales dirigentes, banalizaron o justificaron esas acciones.

Atentos y vigilantes

La apertura de sesiones parlamentarias este año reflejó esa misma dualidad, con el vergonzoso accionar de diputados de Juntos por el Cambio interrumpiendo el discurso presidencial. Que importaba una falta de respeto absoluto a su investidura y un menosprecio total a la Asamblea Legislativa (reunión de ambas Cámaras) que se erige, precisamente, como una instancia emblemática de la República.

El periodismo opositor tampoco se hizo eco del repudio natural que ello generaba, muy por el contrario, volvió sobre sus habituales prácticas de socavamiento de las instituciones democráticas y a la exaltación de la independencia de un Poder Judicial que sabe, porque mucho ha contribuido a ello, de su carencia de tal cualidad como de su justificado descrédito en la sociedad.

Una muestra cabal de esa corriente de “opinión” fue una nota publicada en Infobae ese mismo 1° de marzo (“Lenguaje no verbal: qué dijeron Alberto Fernández y Cristina Kirchner con sus gestos”) en la cual, invocando la opinión de quienes se indicaban como “expertos en comunicación verbal”, se formulaban una serie de disparatadas interpretaciones haciendo caso omiso del contenido real del discurso, desmereciendo la figura del Presidente y mostrándolo como un simple instrumento de manipulaciones de la Vicepresidenta.

Allí, a pesar de citar lo que se denominaba como el preámbulo del mensaje, en que el Presidente manifestaba: “No estoy aquí tan sólo enlazando palabras de ocasión. Con este discurso, vengo a darle a mi palabra el valor del compromiso. Vengo a contarles en qué lugar estamos parados, cuáles son los riesgos que nos acechan y cuáles son las fortalezas a las que podemos acudir para avanzar”; pretendía luego restarle toda relevancia a sus palabras, con la opinión de unos de esos “expertos” que hacía prevalecer una aducida gestualidad en un “contexto de un discurso leído, largo, lleno de lugares comunes y argumentaciones que ya hemos escuchado muchas veces (excepto por la referencia a la industria del cannabis)”.

Una opinión alejada por completo del contenido del discurso, que se ajustaba absolutamente a lo enunciado inicialmente y que ningún gesto desmentía. Por cuanto hizo un fiel relato de lo ocurrido durante el 2020, puso en palabras hechos y medidas concretas que habían hecho honor a sus compromisos electorales tanto como a los anuncios en su anterior alocución ante la Asamblea Legislativa de aquel año, identificó claramente los problemas que se afrontaban como a los responsables de muchos de ellos, y destacó con firmeza las acechanzas que se cernían sobre la República junto a las medidas que emprendería para mitigar esos riesgos, a la par de instar a consensos imprescindibles para recuperar un funcionamiento de las instituciones acorde con los mandatos constitucionales.

Entre los peligros que es preciso considerar, bueno es recordar a Joseph Pulitzer (cuyo apellido identifica a uno de los Premios más prestigiosos del periodismo), cuando decía: “Con el tiempo, una prensa cínica, mercenaria, demagógica y corrupta, formará un público tan vil como ella”.

Una República inviable

La amplia descripción de la realidad efectuada por Alberto Fernández acompañada con formulaciones propositivas, no dejaron resquicios para una leal interpretación ni omitieron los destinatarios de sus críticas ni de sus reconocimientos, a la vez que hiceron expresa la identificación política suya y de su Gobierno.

Esos pronunciamientos fueron completados, esta misma semana, por Cristina Fernández de Kirchner con su formidable alegato ante el Tribunal de Casación Penal en la causa conocida como del “dólar futuro”.

Frente a los jueces, con la visibilidad pública que su insistencia impuso –a las resistencias iniciales- para que ese acto fuera transmitido en vivo y pudiera ser conocido sin intermediaciones e interpretaciones periodísticas, Cristina hizo una clarísima exposición del verdadero sentido -e implicancias para la vida ciudadana- de lo que se da en llamar “lawfare”.

En su discurso, fiel a la llana y directa manera de conducirse en todos los ámbitos que la caracteriza, a despecho de formalidades procesales que pudieran responder a intereses personales circunstanciales, señaló a los responsables inmediatos -como a sus mentores- que han colocado a la Justicia en el más bajo escalón institucional. Destacando las graves omisiones en que han incurrido los miembros del Poder Judicial, llevando a límites inconcebibles la descomposición de la Justicia que se arrastra desde hace mucho tiempo pero que ha caído en un verdadero fangal de la mano del macrismo.    

Lógicamente, esas acusaciones han generado reacciones airadas cargadas de tanta hipocresía como de ostensibles complicidades, aunque ya no es posible pretender esconder bajo la alfombra la basura acumulada.

El contralor recíproco entre los Poderes instaurados por la Constitución es uno de los pilares de la concepción republicana del Estado, nada más natural que su ejercicio por el Congreso de la Nación, que no se restringe al accionar del Poder Ejecutivo sino que cobra verdadera relevancia con respecto al Poder Judicial, cuya conformación es en buena medida refractaria de la voluntad popular por sus mecanismos de designación y por el –ya inexplicable- carácter vitalicio de los cargos de los magistrados que lo integran.

Si bien es inviable que sea desde el seno del aparato judicial de donde resulten controles efectivos del desempeño de sus integrantes, se impulsen las correcciones indispensables de comportamientos deleznables y se neutralice con eficacia la creciente corrupción que lo corroe; sería una buena señal hacia la sociedad que se levantaran las voces de las muchas magistradas y magistrados dignos, como especialmente de las asociaciones y organizaciones que los nuclean, pronunciándose sobre ese tipo de prácticas y deficiencias desechando perspectivas corporativas, como la idea de que la Justicia es asimilable a una familia judicial.

Las reformas en ese ámbito del Estado debe ser inminente, profunda y dotada de un amplio respaldo social, pues en su defecto no sólo la República será inviable sino que la Democracia misma estará en grave peligro y se alentarán las peores conductas facciosas cuyas trágicas experiencias conocemos muy bien en Argentina.