Quizás por primera vez luego de tres meses el acontecer político se ha desplazado desde la pandemia hacia otra dimensión. Eso ha sucedido porque el presidente Alberto Fernández anunció la intervención de la empresa Vicentin y el envío de un proyecto de ley para su expropiación. Luego de semanas, las pantallas de los noticieros y los portales de internet se poblaban de comentarios sobre estas decisiones.
Como suele suceder a los comentarios meramente informativos de las primeras horas, le siguieron los análisis; aquellos provenientes de la oposición, tanto política como la mediática se concentraron inmediatamente en criticar la medida, tomando dos ejes principales. Un eje de la crítica fue sobre la naturaleza de la medida, particularmente la expropiación; el segundo sobre el rol del presidente. Ante el primero, comenzó el desfile de profetas pro mercado advirtiendo sobre la violación a la propiedad privada que implicaba esta decisión; vociferaron sobre “el camino hacia el chavismo” o a cualquier otra comparación que dejara la imagen de una dictadura comunista, o algo parecido.
Es curioso: para quienes endilgan al peronsimo emular al chavismo, o al comunismo o al nazismo, o cualquier otra referencia política, todas les parecen lo mismo, repitiéndolas incesantemente, que al final no terminan significando nada, salvo la idea de un gobierno del mal. Para estos sectores el proyecto de expropiación les parece que sucede en el vacío, que es una decisión ahistórica, y no hacia una empresa al borde de la quiebra, que puede dejar a miles sin trabajo y a pequeñas y medianas empresas, antes proveedoras, sin destino. Toda esa situación que desemboca en este presente, no parece ser un dato relevante para los críticos.
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Uno en cambio no logra entender cómo el sexto exportador agropecuario de la Argentina y que el año pasado encabezó las exportaciones de harina y aceite de soja, pueda llegar a la quiebra. Seguro que el mundo se ha vuelto un lugar mucho más complejo en términos económicos, pero el esfuerzo de algunos empresarios parece inmenso, solo que en el sentido contrario del esperado.
La oposición macrista además debe dar cuenta de la decisión que llevó al Banco Nación a otorgarle un préstamo millonario a la empresa nada menos que en sus últimos días de gobierno, hecho por el cual Javier González Fraga, (ese que decía que te hicieron creer que te podías comprar un televisor porque cobrabas un sueldo medio) está imputado. Empresa que además fue aportante a la campaña de Juntos por el Cambio; el macrismo se opone a expropiaciones, pero considera una política productiva otorgarle préstamos a una empresa sin capacidad de pago, que destina fondos a su campaña electoral.
Los columnistas de los grandes medios fueron en la misma línea: la expropiación, no parece necesario repetirlo contemplada en la Constitución Nacional de 1853, es una política que nos coloca en el borde del comunismo. Al igual que el macrismo, no creyeron necesario contextualizar en cuales circunstancias se hacia la propuesta, apelando a valores como el trabajo y el esfuerzo, dos que justamente no estuvieron muy presente en los últimos años de la conducción de la firma.
Tampoco ninguno de los dos, macrismo y grandes medios, dan cuenta de las alternativas, dada la convocatoria de acreedores; esto es la compra de la empresa a un precio menor dada su situación, por capitales extranjeras. Y no es una cuestión de nacionalismo de bandera, sino del peligro de profundizar la extranjerización que el sector ya tiene en nuestro país, lo que hace que las decisiones económicas dependan más de sus casas matrices de las empresas que de una dinámica local. Ya es una dificultad que los precios de los productos agrícolas que exportamos sean definidos en otros mercados, para qué también el conjunto de las dimensiones de ese rubro, quede totalmente deslocalizado. Desde luego ese debate refiere al tipo de capitalismo que se desea construir, y que un gobierno tiene derecho a proponer y a tomar medidas en esa dirección. Desde luego: hubo apoyos en la cuidad santafesina de Avellaneda, donde radica parte de la empresa. Y si hay otros elementos en juego, también materiales, pero también ideológicos, como ya lo hemos vivido.
La otra dimensión criticada sobre la decisión presidencial es que en realidad no fue tomada por Alberto Fernández. Esa afirmación, contundente imposible de cuestionar, no se basa en pruebas efectivas, sino en que la expropiación se acercaría mas al universo ideológico del kirchnerismo, que a lo que Alberto Fernández piensa. Asentados en esa certeza que sostienen desde que se anunció la fórmula del Frente de Todos, no necesitan otra prueba más que sus propias certezas ideológicas y, en una medida proporcional, el recelo hacia Cristina Fernández.
La cuenta que elaboran no es muy compleja: Cristina es ambiciosa, autoritaria, Fernández es solo su delegado, fin. (Recordemos que hasta 2010 afirmaban que Cristina no gobernaba, sino que era solo una vocera de su esposo). Una versión matizada de esta concepción es que Alberto Fernández es un presidente débil, que gobierna una coalición que no controla.
Quizás esta versión sea más prolija, pero parte de una idea semejante y es que el presidente no puede tomar demasiadas decisiones en su rol de tal. Ambas lecturas conciben la política como un proceso casi automático, donde a una decisión solo corresponde un tipo de reacción, o bien que la voluntad se puede desplegar sólo porque la institucionalidad otorga determinados poderes, ausente de otras dinámicas. Los presidentes son quienes firman los decretos o envían proyectos de ley al congreso. Pero eso jamás sucede en soledad; comparten esa decisión con discusiones técnicas y principalmente con actores políticos implicados en esa cuestión. En este caso, existe un gobierno peronista con una composición de coalición a la que no estamos acostumbrados, donde una líder clave como Cristina Fernández no ocupa la presidencia sino la vice; donde el presidente ha decidido no construir “el albertismo” sino seguir apostando a ser el eje de un frente político que aunque peronista mayoritariamente, reúne a fracciones que hace un año, tan solo un año, estaban en apuestas políticas divergentes. Por eso el primer dato, fruto de la innovación política, es que esa coalición peronista haya sucedido y hoy gobierne.
¿Es un presidente débil Alberto Fernández? Gobierna con casi todo el peronismo habitando su gobierno; ha logrado un alto grado de consensos con los gobernadores frente a la pandemia y en la negociación por la deuda y, hoy por hoy, la intervención ya está instalada en Vicentín y las tenciones que puedan sucederse sobre este tema, en absoluto una medida menor, las vemos desarrollarse en los cauces normales de todo gobierno y con sus tensiones políticas, jamás ausentes. No les gusta el peronsimo que apuesta a la decisión. No les gusta el peronismo que admite debates. Ya sabemos qué es lo que no les gusta.