El exespía de la AFI macrista, Alan Ruiz, fue indagado este lunes por el espionaje ilegal contra la actual vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner. Las actividades clandestinas que se le imputan y por las que fue detenido el sábado se remontan al 2018 e incluyen tareas en el Instituto Patria y en el domicilio de la expresidenta. Quien fuera Director de Operaciones Especiales de la exSIDE declaró durante unas 8 horas en los tribunales de Lomas de Zamora y si bien negó los cargos en su contra reconoció que existieron procedimientos en la sede política del kirchnerismo y en la vivienda de CFK. Pero dijo que fueron legales, algo que no comparte la fiscal de la causa, Cecilia Incardona. Ruiz afirmó que los operativos habían sido autorizados por el juez federal Federico Villena, que investigaba posibles actos terroristas en el marco de eventos internacionales.
El expediente en el que fue detenido e indagado Alan Ruiz tramita en el juzgado de Juan Pablo Augé y cobró impulso por una denuncia de la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, que señala que el gobierno de Mauricio Macri espió de forma ilegal a Cristina Fernández de Kirchner. Se trata de una causa diferente a la del espionaje ilegal contra una gran cantidad de dirigentes políticos, sindicales y eclesiásticos que también tramita en la justicia federal de Lomas de Zamora pero en el juzgado de Villena.
¿De qué se acusa a Alan Ruiz en esta causa? Por un lado, de realizar desde la AFI vigilancias ilegales sobre el Instituto Patria y el domicilio particular Cristina, por lo que se le adjudica la violación de la Ley Nacional de Inteligencia. Por otro, que una vez descubierto, desplegó maniobras “para intentar darle apariencia de legalidad” al operativo, “introduciendo informes falsos" en una causa que instruía Villena, quien en ese entonces también subrogaba el Juzgado Federal N° 2 de Lomas de Zamora.
¿Qué dijo Alan Ruiz al respecto este lunes? De acuerdo a su abogado Leandro Emsani, en una declaración que se extendió entre las 11 y las 19, el exespía “mencionó que efectivamente las investigaciones sobre el Instituto Patria y el domicilio de Cristina Fernández de Kirchner existieron pero dentro de un marco de legalidad”, es decir, que se apoyaron “en un proceso judicial”. Ese expediente al que hizo referencia Ruiz es el que tenía a su cargo Villena y avanzaba sobre presuntos actos terroristas en el contexto del evento internacional del G-20.
La coartada para hacer el espionaje en el Instituto Patria y la vivienda de Cristina es que ambos eran lugares de posibles atentados.
La coartada para hacer el espionaje en el Instituto Patria y la vivienda de Cristina es que ambos eran lugares de posibles atentados. “La investigación era puntual sobre el perímetro de ambos lugares”, señaló el abogado de Ruiz. Resulta por lo menos curioso que si se trataba de un operativo de seguridad en el marco del G-20 nunca se les haya avisado a las autoridades del Instituto Patria para realizar tareas de forma conjunta.
Según la reconstrucción que realizó El Destape, al comienzo de su indagatoria –en la que el imputado puede mentir ya que no está obligado a declarar en su contra-, Ruiz relató cuáles fueron sus actuaciones en la AFI, cuáles eran los grupos bajos sus órdenes.
Respecto a la imputación de confeccionar informes falsos para poder tener una presunta cobertura legal, “la negó rotundamente”, indicó su letrado defensor. “Rechazó que sean falsos y afirmó que fueron ordenados por diferentes oficinas de la AFI”, añadió.
En un pasaje de su exposición, Ruiz “hizo mención a un grupo compuesto por tres agentes: (Facundo) Melo; (Leandro) Araque; y (Jorge) Sáez” con quienes dijo mantener una “enemistad manifiesta”. Según Emsani, el exdirector de Operaciones Especiales dijo que ese grupo “trabajaba por afuera de la agencia y estaba en cuestiones turbias”. No debiera sorprender. Los tres exagentes declararon en el Congreso ante la Comisión de Control de los Organismos de Inteligencia y apuntaron contra Ruiz.
Consultado si los operativos en los domicilios de CFK fueron ordenados por la subdirectora de la AFI macrista, Silvia Majdalani, Ruiz dijo que no. Respecto a la señora 8 dijo que “como otros directores participaban de charlas y órdenes que se le brindaban”, indicó su abogado quien este lunes requirió la eximición de prisión de su cliente, tal como realizó en la otra causa por espionaje ilegal que se sustancia en Lomas de Zamora e impulsa el juez Villena, donde Ruiz también está imputado. En el juzgado de Villena le fue otorgada la eximición, algo que no está claro que vaya a repetirse en este expediente.
La acusación que compromete Ruiz
De acuerdo a la fiscal Incardona, que tiene delegada la investigación del espionaje a Cristina, en 2018 en el área de Contrainteligencia de la AFI “se conformó un grupo de agentes coordinados, entre otros, por Alan Ruiz, quiénes se dedicaron a obtener información, producir inteligencia y almacenar datos sobre distintas personas, por el solo hecho de su pertenencia político partidaria, social, sindical y cultural, prohibida por la Ley de Inteligencia”.
En su acusación, la fiscal precisó que durante al menos un mes y hasta que fueran descubiertos el 7 de agosto de 2018, este grupo de tareas comandado por Ruiz realizó operaciones de vigilancia ilegal frente a la sede del Instituto Patria y el domicilio de Cristina, ubicado en la intersección de las calles Juncal y Uruguay, en la Capital Federal.
MÁS INFO
Al ser descubiertos en el Instituto Patria, los espías de la AFI macrista “intentaron darle apariencia de legalidad a esas actividades prohibidas que habían realizado y para ello elaboraron informes ideológicamente falsos” y los presentaron como tareas de investigación en una causa en trámite ante el Juzgado Federal N° 2 de Lomas de Zamora, “simulando que aquella actividad había sido realizada en cumplimiento de órdenes de investigación recibidas en dichas actuaciones”. De hecho, así “lograron eludir su responsabilidad funcional y penal” en una causa que se abrió por estos hechos y tramitó en el Juzgado Federal N° 8 de Comodoro Py, a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi. En su denuncia la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, pidió que se cite a Villena a declarar como testigo.
Las pruebas respecto a las tareas de observación sobre los domicilios de CFK son contundentes, por eso Ruiz en su indagatoria no pudo negarlas. ¿De qué constaron esas actividades ilegales? De personal de AFI apostado en autos en las cercanías de esos domicilios con la finalidad de observar y registrar los movimientos que se realizaban allí. “También se colocaron lo que en la jerga se denomina ‘autos de técnica’, que consiste en estacionar un vehículo en cercanía de los domicilios con una cámara en su interior para filmarlos sin la presencia de agentes sobre los rodados”, se indicó en el dictamen fiscal.
Tal como se desprende de la pesquisa, esas actividades fueron ordenadas por Ruiz, quien “también fue el que informó a los agentes los domicilios sobre los cuales debían realizar las tareas de observación”, señaló uno de los testigos de identidad reservada que figura en el expediente .Y añadió que ese “detalle” no les fue precisado a los agentes que realizaron los procedimientos.
De acuerdo al relato de los testigos, cuando uno de los encargados de realizar esas operaciones notó quién era el “objetivo” hizo la queja pertinente ante Ruiz, que respondió “que era una orden directa de ‘la 8’, en referencia a Silvia Majdalani”. La mención a la línea directa que Ruiz mantenía con Majdalani fue una constante, según la declaración de los testigos de identidad reservada relacionados a la exSIDE.
Mientras que las tareas de espionaje sobre el Patria fueron registradas por las cámaras de seguridad del edificio, la “observación sobre el domicilio particular de Cristina Fernández” se reconstruyó a partir de las declaraciones de los mentados testigos. Se trata de agentes relacionados a la AFI.
“La orden que dio Alan Ruíz consistía en que tenían que ver si de ese domicilio sacaban, bolsos, mochilas, documentación porque estaba relacionada con un juicio; pero nunca dijo que podía ser víctima de un atentado por parte de un grupo anarquista ni con tareas de prevención por el G20 o los juegos olímpicos de la juventud” señaló uno de los testigos citados en el dictamen fiscal.
Todo indica “que los espionajes se llevaron adelante durante un período superior a un mes, entre julio y agosto de 2018”, señaló Incardona en su dictamen. Las tareas las habrían realizado alrededor de 12 personas en distintos turnos.
Un dato importante es que la reunión de la información de los seguimientos a los domicilios de Cristina nunca siguió los canales tradicionales dentro de la AFI. “Esto significaba que en vez de realizar informes, pasarlos a judiciales, que a su vez lo pasaba a jurídicos y éste por último al Juzgado o al requirente, en el caso de la ex presidenta, la información producida por los agentes de calle se remitía directamente a Ruiz”, se desprende de la causa.
El quiebre fue la detección de los autos de la AFI por parte de la seguridad del Instituto Patria. La reacción de los agentes tampoco revela que hayan estado realizando tareas legales en el marco de la seguridad del G-20.
“Luego de que se descubriera el auto en inmediaciones del Instituto Patria, se levantó todo el Servicio en ambos domicilios y empezó un revuelo interno dentro de la Agencia”, declaró uno de los testigos de identidad reservada. “Después de ello, desde el ‘sector judiciales’ se confeccionaron informes en los cuales no se mencionaron las verdaderas razones por las cuales se hicieron esas tareas, sino que por el contrario intentaron esgrimir una explicación que les diera legalidad”, se agregó.
Es en ese marco que se le adjudica a Ruiz la realización de “un informe interno dando cuenta que dichas tareas se llevaron a cabo en virtud de supuestas órdenes emitidas por el Dr. Federico Villena en el marco de la causa FLP 82441/2017”. En una nota interna de la exSIDE, que data de agosto de 2018, se informa que las actividades estaban vinculadas a la organización de la reunión por el “G-20” y a los “Juegos Olímpicos para la Juventud”, “y que se realizaron porque distintos elementos reunidos ‘daban cuenta de probables acciones de grupos anti-sistémicos orientados en perjuicio de la ex Presidenta’”.
Esas supuestas falsas explicaciones se enviaron al magistrado Marcelo Martínez de Giorgi, quien investigaba el episodio del Instituto Patria en los tribunales federales de Comodoro Py. Allí la AFI macrista hizo saber “que las tareas realizadas en el Instituto Patria fueron ordenadas en el marco de la causa radicada en Lomas de Zamora”. Los espías lograron su cometido y la causa que los comprometía no avanzó. Todo indica que esa suerte, ahora cambió.
Cerrar sesión