El jefe de la base AFI de Bahía Blanca durante el macrismo relató las ilegalidades que cometió mientras estuvo en el organismo de inteligencia. Ocurrió en su indagatoria. Terminó procesado por el juez Alejo Ramos Padilla el pasado miércoles. Habló del espionaje a HIJOS, la Universidad Nacional del Sur y de los informes que elevó a la subdirectora de la agencia en tiempos cambiemitas, Silvia Majdalani.
“El imputado señaló expresamente haber remitido el informe de inteligencia detallando datos personales de treinta y cinco referentes políticos y su pertenencia a organizaciones políticas, sindicales y de derechos humanos aún cuando, según él mismo reconoce, esa actividad ya era ilegal, en forma directa nada más y nada menos que a la Subdirectora de la Agencia Federal de Inteligencia –procesada en estas actuaciones– Silvia Majdalani”, escribió Ramos Padilla en una de sus últimas resoluciones como juez de Dolores –este viernes juró para asumir en La Plata-.
Ramos Padilla procesó el miércoles pasado a este agente cuyo nombre su mantendrá en reserva por la “realización de acciones de inteligencia prohibidas en carácter de autor” y “abuso de autoridad”. Ocurrió en la causa de las bases AMBA. Desde esas dependencias -en total hubo nueve-, la exSIDE hizo espionaje político en la provincia de Buenos Aires al menos desde 2016 en adelante. El caso es un desprendimiento del D’Alessiogate en el que ya fueron procesados los exjefes de la agencia Gustavo Arribas y Silvia Majdalani además de otros 15 agentes.
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El exjefe de la base de Bahía Blanca, al que llamaremos G.C, fue consultado en su indagatoria por una serie de documentos que fueron hallados en la intervención de la AFI y grafican el espionaje ilegal que desplegó la agencia en Bahía Blanca. Según precisó el juez, los archivos encontrados revelan que la “producción de información no se limitó, como en otras bases relevadas, a las organizaciones políticas, sindicales, sociales y estudiantiles, sino que en este caso se relevaron incluso medios de comunicación, como la radio ‘FM de la calle’, y organismos públicos como la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Universidad Nacional del Sur”.
Respecto a las víctimas del espionaje, Ramos Padilla indicó que “resulta claro que el listado de personas fue elegido por su relación con aquellas organizaciones que resultaban opositoras al por entonces gobierno nacional”. Es más, en su descargo, G.C “dio cuenta de cuáles eran los criterios para elegir a las organizaciones investigadas, ocasión en la que reconoció que era ‘porque todas tuvieron participación en algún evento en el pasado’”. “De manera que el imputado reconoció que el criterio de selección de personas a investigar tenía que ver con su participación en actividades políticas”, señaló el magistrado.
Entre las agrupaciones investigadas aparecen organismos de derechos humanos como HIJOS. Sobre esa organización en particular, este exjefe de base contó: “Uno entraba a la página, por ejemplo, de HIJOS, y usted me dice ¿por qué HIJOS? Porque HIJOS aparecía muchas veces en movilizaciones. O sea, era una de las agrupaciones que más movían, entonces dijimos ‘bueno, a ver, vamos al Facebook de HIJOS, quiénes están ahí. Está fulano, fulano y fulano. Bueno, listo, mételos’. Nada más”.
Con ese criterio, también se incluyó como “objetivo” a personal de la Universidad Nacional del Sur: “Había actividades que se hacían todos los años, entonces, obviamente participaba la Universidad, participaba por ahí alguna agrupación pero solamente eso. Es decir, bueno, sí, la UNS participó, por ejemplo, o estuvo presente cuando se inició (sic) los juicios por lesa humanidad, estuvieron presentes sí, lógico, eso sí, pero de ahí a meternos, no, nunca, nunca. Solamente, quiénes participaron, en qué actos, listo”, precisó el espía. “De este modo, el imputado reconoció haber reunido información personal sobre integrantes de una universidad pública nacional por el solo hecho de haber asistido al inicio de los juicios de lesa humanidad en la localidad de Bahía Blanca”, concluyó el juez.
G.C dijo que no hizo espionaje ilegal pero luego describió todas tareas prohibidas por la Ley de Inteligencia.
Por ejemplo, uno de los documentos analizados por el juzgado fue el “Informe abril”. “Sí, yo fui uno de los principales autores de ese documento, por eso lo recuerdo bien”, indicó el espía acusado. Luego buscó ensayar una justificación.
De acuerdo al escrito del Ramos Padilla, si bien G.C "admitió su autoría, sostuvo que el mismo fue manipulado por otros agentes de su propia delegación durante los primeros días de abril de 2017, con posterioridad a su desvinculación (porque G.C dejó la agencia el 1° de abril de 2017). En concreto, refirió que fue producido en el 2015, luego remitido a la superioridad en el 2016 y finalmente actualizado y vuelto a enviar a la superioridad en abril de 2017, ocasión esta última, en la que el imputado no habría participado”.
La investigación judicial es contundente respecto a ese documento: “Reúne información y datos sensibles de ciudadanos por el solo hecho de su opinión política, la participación en manifestaciones públicas o su adhesión a organizaciones políticas, sociales, comunitarias, gremiales, educativas y de derechos humanos”. “En ese sentido, no resulta de ningún modo atendible, aún dentro de la explicación del imputado, que a sabiendas de la ilegalidad del documento a partir de la sanción de la (ley) 27.126, fuera el propio G.C quien lo remitiera en forma directa a la Sra. Silvia Majdalani”.
Según la declaración del exjefe de base de Bahía Blanca, en 2016 la propia Majdalani “le solicitó que le remitiera dicho documento”. ¿Qué dijo el agente? “Ah sí, eso fue porque la Señora… primero porque había… se había borrado toda la información de los servidores de delegaciones provinciales y además la Señora., no sé si lo dije, sino bueno, aprovecho el momento, la señora Subdirectora quería ver cómo habían trabajado las delegaciones y no tenía forma de evaluar nuestro trabajo porque no había información”.
“En pocas palabras, el imputado señaló expresamente haber remitido el informe de inteligencia detallando datos personales de treinta y cinco referentes políticos y su pertenencia a organizaciones políticas, sindicales y de derechos humanos aún cuando, según él mismo reconoce, esa actividad ya era ilegal, en forma directa nada más y nada menos que a la Subdirectora de la Agencia Federal de Inteligencia –procesada en estas actuaciones– Silvia Majdalani. Incluso refirió haber elegido enviarle los documentos ‘más importantes’”, resaltó Ramos Padilla.
En un momento, el tribunal lo interrogó acerca de cómo catalogaría al documento “Informe abril”. G.C respondió que refería a “un ámbito gremial, uno político y uno social, nada más”. De acuerdo al magistrado, se trata de las mismas categorías "que se observan en los informes diarios y semanales que producían las nuevas bases AMBA desplegadas en el conurbano bonaerense. Es el propio G.C quien afirma que desde la delegación que él conducía se relevó información de decenas de personas por sus actividades políticas, sociales y gremiales”, indicó Ramos Padilla.
Para el juez es posible que el motivo por el cual gran parte de los documentos encontrados en la base de Bahía Blanca se encuentren fechados entre el 12 y el 27 de abril de 2017 es por la pretensión de G.C de ser recontratado por el director de la AFI y jefe del proyecto AMBA, Pablo Pinamonti, también procesado por espionaje ilegal (la banda de D’Alessio tenía vínculo con Pinamonti). “De este modo pueden comprenderse, por ejemplo, las reseñas sobre la participación de muchas de las organizaciones relevadas en el documento ‘informe abril’ en la marcha del 24 de marzo de 2017, en la que se conmemoraba el 41° aniversario del inicio de la última dictadura militar, es decir, una actividad que fue cubierta aún durante la permanencia de G.C al frente de la delegación”, afirmó Ramos Padilla.
Otro de los archivos que fueron analizados fue el documento “informe_organizaciones.docx”, que se transformó en “un insumo que finalmente dio lugar a otro denominado ‘informe_abril2017.docx’”. De allí se desprende “palmariamente la producción de inteligencia con un objetivo netamente político”.
Victimas
Entre las víctimas del espionaje ilegal que se desplegó desde la base AFI de Bahía Blanca, figuran: HIJOS; la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Universidad Nacional del Sur; SUTEBA Bahía Blanca; SADOP Bahía Blanca; UOCRA; el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Construcción y afines (SITRAIC); la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE); la Asociación Judicial Bonaerense (AJB); el Sindicato de Choferes de Camiones (SICHOCA), es decir, Camioneros; la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP); el Partido Obrero (PO); el Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS); FM De la calle; Federación Juvenil del Partido Comunista; Centro de Estudiantes del Conservatorio de Música de Bahía Blanca; Unión de Estudiantes Secundarios (UES); Corriente Clasista y Combativa (CCC); el Movimiento Evita; Unidos y Organizados; y La Cámpora, entre otros.
Por ejemplo, había una carpeta titulada "Corrientes de Izquierda” . Allí había un documento con un listado de las organizaciones políticas, sociales y sindicales que adhirieron a la movilización convocada por las centrales obreras para el 7 de marzo de 2017. “Resulta evidente que esta movilización formó parte de la agenda de seguimiento de las agencias desplegadas por la AFI en todo el territorio bonaerense, ya que se encontró otro informe de inteligencia entre la documentación perteneciente a la Base Pilar en el que también se puso en conocimiento de la superioridad información respecto de las organizaciones gremiales que asistieron a la movilización”, resaltó Ramos Padilla.
Otro documento hallado tenía un título que habla por sí solo: “Las organizaciones sindicales docentes”.
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La Universidad Nacional del Sur
Un párrafo aparte merece el espionaje en la Universidad Nacional del Sur. “El carácter de la información producida por la Delegación Bahía Blanca es particularmente sensible”, indicó Ramos Padilla. Por ejemplo, en un documento “se advierte la consignación de datos personales de los candidatos que participaron de las elecciones del año 2016 en la Universidad Nacional del Sur para los claustros docentes, auxiliares, no docentes y alumnos de todas las facultades que integran dicha casa de estudios”, describió el juez.
La delegación Bahía Blanca también tenía en su poder una base de datos de todas las personas que participaron durante el 2016 de la vida política institucional de la mentada Universidad, “con sus respectivos números de documento y legajo universitario. Durante ese período, la base se encontraba conducida por” G.C.
En ese marco, el magistrado destacó: “Se pudo detectar que los informes de inteligencia relevados no versan sobre situaciones de riesgo para la seguridad interior o la defensa nacional o la investigación de delitos federales complejos; sino que se centran en el relevamiento, acumulación y/o producción de información sobre personas y organizaciones políticas, gremiales y/o de derechos humanos”.
¿Qué dijo el espía en este caso puntual? “Había actividades que se hacían todos los años, entonces, obviamente participaba la Universidad, participaba por ahí alguna agrupación pero solamente eso. Es decir, bueno, sí, la UNS participó, por ejemplo, o estuvo presente cuando se inició (sic) los juicios por lesa humanidad, estuvieron presentes sí, lógico, eso sí, pero de ahí a meternos, no, nunca, nunca. Solamente, quiénes participaron, en qué actos, listo”.
Tras analizar en detalle el caso de la base de Bahía Blanca, Ramos Padilla concluyó que “el universo de cuestiones de interés mantiene patrones muy similares” con el resto de las bases AMBA, esto es, “la recopilación en forma sistemática de datos personales de diferentes ciudadanos que se transformaron en objetivos de la inteligencia estatal como consecuencia de sus actividades políticas, ya sean partidarias, comunitarias o gremiales”.
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