La causa por el espionaje electoral en la provincia de Buenos Aires en 2017 avanza en el juzgado federal de Dolores. Este miércoles fue indagado el expolicía bonaerense y exagente de la AFI, Vicente Melito. Se trata de uno de los dos coordinadores de las bases AMBA que el macrismo instaló en territorio bonaerense. Desde allí se hizo espionaje político masivo e ilegal.
Según se desprende de la imputación en su contra, el juez federal Alejo Ramos Padilla le adjudica a Melito haber “supervisado, reportado y coordinado la realización sistemática de tareas de inteligencia y almacenaje de datos de personas por su opinión política o su pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales o comunitarias”. “Esas tareas de inteligencia ilegales –añadió el magistrado- fueron llevadas a cabo por las delegaciones provinciales ubicadas en Ezeiza, Haedo (Morón), San Martín, Quilmes, Pilar, La Matanza, La Plata, Mar del Plata y Bahía Blanca dependientes de la Dirección de Reunión Provincia de Buenos Aires, entonces a cargo de Pablo Gonzalo Pinamonti, que el imputado coordinaba”.
Ramos Padilla señaló que Melito “desde ese rol no solo trasladó a las delegaciones provinciales bajo su órbita las directivas ilícitas impartidas por la superioridad, sino que se encargó de coordinar la realización de las tareas de inteligencia ilegal prohibidas, procesar, analizar y reportar a la superioridad la información producida”.
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Al ser consultado por el juez, el imputado dijo que no iba a declarar y presentó un descargo. Ramos Padilla ya le había dictado la prohibición de salida del país y le retuvo el pasaporte. Entre otras cosas, le había impuesto una caución 10 millones de pesos.
Melito fue uno de los coordinadores del proyecto AMBA junto a Daniel Salcedo, exjefe de la Policía Bonaerense y experito de parte en el caso Nisman, a quien se le reprogramó la indagatoria para este viernes. Ambos reportaban a Pablo Pinamonti, otro de los procesados en este expediente. Coincidencias de los sótanos de la democracia, Melito tenía relación con otro expolicía que pasó a la AFI y quedó involucrado en otra causa de espionaje ilegal: Jorge “Turco” Sáez, quien fue uno de los Super Mario Bros indagado en la justicia federal de Lomas de Zamora.
En una resolución del 23 de septiembre pasado, Ramos Padilla detalló que “se hallaron documentos e informes de inteligencia que dan cuenta de la utilización de las denominadas ‘BASES AMBA’ de la Agencia Federal de Inteligencia para llevar adelante espionaje político”, en 2017. “Las delegaciones AMBA recopilaron, produjeron, analizaron y distribuyeron información de tipo político vinculada a las elecciones de medio término que se desarrollaban en la provincia de Buenos Aires”, agregó. Hay constancias de tareas de inteligencia ilegal sobre al menos 32 organizaciones sociales o políticas, 16 partidos políticos y 23 sindicatos u organizaciones de trabajadores. En ese contexto, hubo espionaje en comedores y merenderos sociales.
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Esta causa surgió como un desprendimiento del caso D’Alessio, tras la declaración de Pinamonti, vinculado a la banda del espía ilegal Marcelo D’Alessio.
Según pudo saber este medio, el caudal probatorio en el nuevo expediente es abrumador. Hasta ahora solo se conoció lo que se desprendió de la resolución judicial de hace dos semanas en la que Ramos Padilla procesó a Pinamonti y al jefe de la base AMBA de Ezeiza, Ricardo Bogoliuk. Aquel escrito analizó al detalle el material que había a la base de Ezeiza e hizo un repaso de lo que se encontró en otras bases. Pero allí no fue volcado todo lo hallado. Fuentes con acceso al expediente afirmaron a El Destape que hay mucha documentación comprometedora. Esa documentación solo es accesible para las partes del proceso y únicamente la pueden leer en el juzgado de Dolores.
Para dimensionar el volumen: hay más de 50.000 archivos entre imágenes, videos y documentos en formato Office (Word o Excel) y PDF que recopilaron las bases de la AFI en Ezeiza, Haedo, Pilar, Quilmes, La Matanza y San Martin. El material surge de dos discos rígidos que acercó la intervención de la AFI a pedido del magistrado.
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En el marco de este caso ya fueron indagados los jefes de la AFI macrista, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani. A ambos se les prohibió salir del país y se les retuvo el pasaporte.
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Mientras los imputados desfilan por el juzgado, comienzan a presentarse las primeras víctimas. Por ejemplo, ya fueron tenidos por querellantes el abogado Marcelo Parrilli y el trabajador judicial y militante sindical Matías Fachal, a la vez que se le dio acceso a la parte principal del expediente a la Unión de Personal Superior y Profesional de Empresas Aerocomerciales (UPSA) y a la Unión de Aviadores de Líneas Aéreas (UALA), dos de las tantas organizaciones sindicales espiadas.