Discursos y prácticas empresariales sobre la corrupción

Recientemente la Sala II de la Cámara Nacional de Casación Penal, con la firma de los jueces Angela Ledesma y Alejandro Slokar (y la disidencia de Guillermo Yacobucci), resolvió, luego de un planteo de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, revisar un fallo que había beneficiado a Santiago Bausili. El actual presidente del Banco Central, unos días antes de asumir su cargo en diciembre de 2023, recibió, entre las felicitaciones del caso, una oportuna “falta de mérito” dictada por la Cámara Federal, rubricada por los jueces Martín Irurzun y Eduardo Farah, que apuntaba a cerrar una icónica causa de corrupción, vinculada con el tema de la deuda pública y los conflictos de intereses con los que suelen gestionar quienes andan con un pie en cada lado del mostrador.

A Bausili se lo acusa de haber favorecido, cuando fue secretario de Finanzas del gobierno de Maurico Macri, al Deutsche Bank, en el cual había ocupado un puesto jerárquico de relevancia hasta unos días antes de su ingreso a la función pública y del cual aún seguía cobrando sumas de dinero en concepto de indemnización. Como funcionario, Bausili encabezó en 2016 gestiones oficiales para la colocación de deuda pública ante entidades bancarias, una de ellas el Deutsche Bank. Esta operación redundó en un beneficio por sumas millonarias en concepto de comisiones para la entidad bancaria, mientras todo el país sufría un aumento extraordinario en los niveles de deuda pública.Ahora bien, todo este proceso ocurrió cuando aún Bausili se encontraba dentro del plazo que la ley de ética pública establece como de “enfriamiento”, es decir no pudiendo intervenir si en él participaba su ex empleador.

Estos hechos, luego de una decidida intervención del difunto fiscal Federico Delgado y con el de un minucioso dictamen de la Oficina Anticorrupción en tiempos de Félix Crous, derivaron en el procesamiento de Bausilli, dictado por el juez federal Sebastián Casanello. El procesamiento, después de un primer intento de ser revocado por parte de la Cámara Federal, fue reiterado por Casanello, que acumuló mucha prueba en una insistente pesquisa y que contó con el valioso aporte de la PIA a cargo del fiscal Sergio Rodriguez.

La causa sigue viva, al menos por el momento. El Estudio jurídico de la familia Cúneo Libarona es quien defiende a Bausili y hará todo lo posible para cerrarla. El tiempo dirá qué resuelve sobre el fondo del asunto la Sala II de la Cámara de Casación. Pero lo que ya hoy se puede constatar es que el caso no mereció mayor preocupación ni atención por parte de los grandes medios de comunicación masiva. Tampoco despertó interés en la dirigencia política, tal vez de manera previsible: el gobierno parece mirar para otro lado con un caso de corrupción que involucra a un funcionario propio y la oposición no peronista, usualmente preocupada por estas cuestiones, esta vez prefiere el silencio. El peronismo, a su vez, repite su patrón de comportamiento tradicional: siempre a la defensiva en este tema, y pocas veces busca entrar en la discusión pública con una visión propia. Así, la agenda de la corrupción en la Argentina parece estar monopolizada por los sectores de derecha y pro-empresariales. Nada nuevo se esconde bajo el sol.

La historia no se repite, pero rima

Una constante registrada a lo largo del siglo XX fue la utilización de la corrupción como argumento para deslegitimar y con frecuencia desbancar a los gobiernos populares. Así sucedió en 1930 con el derrocamiento de Yrigoyen y también lo sufrió el peronismo, en 1955 y en 1976. Esa retórica fue promovida por el brazo ejecutor de los sucesivos golpes de Estado, los militares, influidos seguramente por su espíritu de cuerpo profesional y que tendían a autopercibirse como un sector recto e impoluto, en contraposición con una dirigencia política calificada como facciosa, ensimismada y corrupta.

Vale la pena traer lo que fue la Proclama del General Uriburu, fechada el 6 de septiembre de 1930, luego del derrocamiento del gobierno surgido del voto popular que presidía Hipólito Yrigoyen: “La inercia y la corrupción administrativa, la ausencia de justicia, la anarquía universitaria, la improvisación y el despilfarro en materia económica y financiera, el favoritismo deprimente como sistema burocrático (...) la exaltación de lo subalterno, el abuso, el atropello, el fraude, el latrocinio y el crimen, son apenas un pálido reflejo de lo que ha tenido que soportar el país”.

No muy distinta que la Proclama del general Lonardi, el 23 de septiembre de 1955, luego de derrocar al gobierno constitucional de Juan Domingo Perón: “El dictador que nos ha precedido en el gobierno tenía evidentemente un concepto contrario y pensó que con ventajas materiales -dádivas y sobornos- iría poco a poco incorporando el virus de su resentimiento hasta que la cosecha del odio parricida así engendrado produjese como fruto natural el exterminio de sus opositores”

Sin embargo, el discurso centrado en la corrupción no era propiedad exclusiva de los sectores castrenses. Importantes representantes de la sociedad civil, dirigentes políticos, medios de comunicación y empresarios compartían el diagnóstico según el cual los problemas argentinos se debían a la corrupción de la clase política, que se vinculaba, a su vez, con el funcionamiento mismo de la democracia y con el Estado.

Las Fuerzas Armadas ya no son un actor con peso propio para participar en forma directa en los asuntos políticos, tal como lo hicieron hasta 1983. Pero nuevos actores, políticos y “civiles”, ocupan hoy ese rol y reeditan la prédica anticorrupción contra lo que ellos denominan el populismo, y con un libreto casi idéntico, vuelven a machacar contra las instituciones de la democracia y, en particular, contra el Estado como gran responsable de la “generalizada corrupción”.

Así, el capítulo libertario a cargo del “outsider” Javier Milei hizo regresar a un clásico: la corrupción como justificación para demoler regulaciones, promover privatizaciones y achicar prestaciones estatales, específicamente aquellas que benefician a los pobres y a la clase media. Los beneficios para las grandes empresas nunca se consideran. Veamos ejemplos:

• Cumpliendo una promesa de campaña, el gobierno discontinuó prácticamente todos los planes de obra pública a lo largo y ancho del país. Además de los motivos económicos (centrados en la necesidad de ajustar las cuentas públicas para lograr el tan ansiado superávit fiscal), la Casa Rosada esgrimió también el argumento de eliminar “un foco de corrupción en la Argentina”, tal como fue publicado en un documento oficial al cumplirse 6 meses de gestión.
• A través del Decreto 985/2024, el gobierno disolvió el Fondo Fiduciario de Capital Social (Foncap). Creado en 1997, el Fondo tenía como objetivo promover el desarrollo de microempresas de bajos recursos en todo el país. El argumento principal del gobierno fue que según la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), se detectaron “severas irregularidades» en su funcionamiento”.
• El gobierno, señalando supuestos hechos de corrupción, resolvió desfinanciar el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), un fondo destinado a obras para el mejoramiento de los barrios populares. Las acusaciones de corrupción en la gestión del FISU no prosperaron en la Justicia, cerrándose la mayoría de las denuncias efectuadas. El gobierno nacional nunca aportó datos, ni pruebas que permitan apreciar, por ejemplo, un enriquecimiento ilícito o un sobreprecio. El Fondo, creado con enorme consenso político y sometido a rigurosos controles de auditoría pública y privada, languidece en sus últimas obras, la corrupción fue la excusa.
• El ministro de Desregulacíón, Federico Sturzenegger, viene implementando un ambicioso y radial programa que autodenomina de desregulación económica. Formalmente, el objetivo es dotar de mayor niveles de libertad a los actores para que ello redunde en mayor eficiencia productiva. Así, dispuso medidas tendientes a “liberar” sectores tan disímiles como los medicamentos, el transporte automotor y aerocomercial, o distintos fondos fiduciarios. Las lecciones de lo ocurrido en los años 1990 en nuestro país enseñan que se trata en verdad de re-regulaciones -porque el Estado siempre interviene- a favor de los grupos más concentrados. Pero, al margen de esta verdad que suele olvidarse, cabe precisar en las propias palabras de Sturzeneger esta agresiva orientación gubernamental: “La mejor agenda contra la corrupción es la desregulación”.

No, casualmente, como en el pasado, esa cosmovisión sobre la corrupción es acompañada y compartida por los dueños, CEOS y representantes del capital más concentrado. Un ejemplo es ilustrativo. En el último Coloquio de Idea, abundaron los mensajes esperanzadores y positivos sobre la marcha del rumbo macroeconómico actual e incluso, la principal demanda fue hecha a los propios empresarios: “Si no es ahora, cuándo”.

No hubo alusiones a la corrupción, un problema que 12 meses atrás, de cara a las elecciones presidenciales, parecía consternarlos al punto tal que el presidente del Coloquio 2023, Santiago Mignone, llegó a decir: “Hoy estamos inmersos en una realidad que nos agobia. Vemos el crecimiento del delito y la inseguridad. Caída en la calidad educativa. Demoras injustificadas en la aplicación de justicia. Una economía que no genera empleo privado de calidad hace más de una década. Una inflación insoportable. Aumento continuo de la pobreza. Y la intromisión permanente del Estado en aspectos básicos de nuestras vidas: como la libertad de comercio, de fijar precio, de comprar o vender activos, o simplemente de alquilar una vivienda. Intromisión que da oportunidad a otro flagelo: la corrupción”.

Los empresarios suelen, cuando los gobiernos no son de su completo agrado, cuando no les dan todo lo que quieren, hablar y mucho sobre corrupción. Las cuestiones institucionales están al tope de su agenda. Organizan grandes eventos, promueven demandas, sacan a pasear a jueces y fiscales y hasta ponen malas calificaciones. De hecho, la medición de la corrupción más conocida y difundida a nivel mundial nace de la opinión de los empresarios y sus satélites. El índice de percepción de la corrupción elaborado por Transparencia Internacional esencialmente considera qué entienden por corrupción, y en qué cantidad la observan, los grandes empresarios.

Cuando gobiernan los grupos del poder económico, como ahora, la situación cambia. De golpe la corrupción gubernamental deja de estar en la agenda, los supuestos casos de corrupción ya no están en el gobierno, están en quienes se oponen o podrían hacerlo.

Un Estado capturado

Sin embargo, como ahora, cuando lo que hay es un cogobierno entre mandantes y mandatarios, Políticos de derecha y empresarios poderosos, lo que se ve es mucha corrupción. A veces ocurre de la misma manera de siempre, privilegios, compras amañadas, contrataciones dirigidas, etc. Pero también se ve otra corrupción, la del Estado capturado. Un botín que incluye todas sus atribuciones, desde el hacer las reglas (leyes o decretos) hasta gestionar las áreas más sensibles de un gobierno.

La “captura del Estado” es una tipología de corrupción, así lo sostienen distintos organismos internacionales y el grueso de los especialistas en todo el mundo. Entidades bien disímiles como el propio Fondo Monetario o Transparencia Internacional han dicho incluso que se trata de los tipos de corrupción más perniciosos para las sociedades. Aquí estamos viendo situaciones que pocas veces se dan. Situaciones de países conquistados, en donde el Estado es un botín que ya fue tomado y juega sólo a favor de quien tiene los recursos económicos. Ejemplos sobran: van desde Techint con dominio de YPF y la Secretaría de Trabajo, Corporación América de Eduardo Eurnekian tiene ex gerentes suyos en varios ministerios e incluso en la Jefatura de Gabinete, OSDE con la Superintendencia de Servicios de Salud, etc, etc.

Sólo esta situación de captura explica el hecho de que los grandes empresarios no hablen más de corrupción, de que las cuestiones institucionales ya no estén en su agenda. La preocupación por la independencia judicial, por ejemplo, ya no es tal. Hasta valen los jueces de Corte por decreto o intentar rajar a un Procurador por decreto, como ocurrió con Alejandra Gils Carbó, indómita para el poder económico. Todo vale. Porque lo que nunca les importó es que estas cosas valgan de verdad. Fue siempre un acting al parecer.

Del furor de los comunicados por las “embestidas” contra la justicia del peronismo no quedó nada. Tampoco quedó nada de los discursos contra los cambios de reglas de juego que afectan la “seguridad jurídica”. Las reglas cambian a favor de las corporaciones, que incluso ahora las redactan, y la seguridad jurídica no es un derecho del que gocen usuarios, consumidores, ciudadanos de a pie.

La corrupción como un flagelo que explica la desigualdad ya quedó atrás. La importancia de los organismos de control es cosa del pasado. Los decretos como resabios monárquicos ya no son tal cosa. Los decretos, de hecho, se redactan en los más destacados estudios jurídicos que asesoran a las grandes compañías. El desfile de empresarios por Casa Rosada pidiendo decretos para desregular, para privatizar o para habilitar negocios es incesante. Ahora mismo el Congreso de la Nación discute una nueva ley que regule el tratamiento legislativo de los decretos de necesidad y urgencia. Ya no hay más reclamos de IDEA y sus coloquios al respecto, más bien todo lo contrario. Mientras todo esto pasa en la Corte Suprema de Justicia descansa sin vergüenza desde hace meses el famoso mega DNU 70, que cambió decenas de leyes y que el propio gobierno sostuvo que tiene un carácter más fundacional que reformista.

Las visitas de poderosos empresarios solicitando nuevas reglas a veces no hace falta. Han colocado a sus gerentes en lugares estratégicos. Las empresas de energía, las petroleras, las de medicina prepaga, y otros importantes jugadores de diversos rubros, han logrado colocar a quienes -se supone- deberían regularlas y controlarlas. También han logrado permear en los organismos de control y en la justicia. La cancha está inclinada y el referí es William Boo.

El asunto es que la regulación sobre corrupción no las imponen, por ahora, Techint, Eurnekian, el Deutsch Bank o algunos de los estudios de abogados que los asesoran. Las Convenciones Internacionales contra la corrupción y las leyes nacionales, tienen claramente establecido el deber de las empresas en tomar acciones para prevenir la corrupción y pueden ser penalizadas en caso de participar en este tipo de hechos, ya sea en Argentina (hasta donde se sabe sigue vigente la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas), como Entonados Unidos o Inglaterra si operan en sus Bolsas de Comercio. Los funcionarios que gestionan por fuera del interés público y en conflicto de interés público deberían ser sancionados por vulnerar la ley de ética. Claro, para eso hacen falta organismos de control y magistrados decididos a aplicar la ley, de un modo igual para todos. El caso Bausili, y un puñado de buenos jueces y fiscales, da cierta esperanza.

Mientras todo esto pasa el presidente Milei en el Foro Llao Llao ante los cien empresarios más ricos del país llama héroe a quien evade y fuga capitales para esconderlos del fisco. Los hombres de negocios aplauden fuerte y levantan sus copas, brindando por la libertad con la exquisita vista al Nahuel Huapi.