PreViaje: el turismo como derecho social

El Turismo, de acuerdo con lo establecido por la Ley N° 25.997/2004 –Ley Nacional de Turismo- sancionada durante el gobierno de Néstor Kirchner, es considerada una actividad socioeconómica, estratégica y esencial para el desarrollo del país. Esto torna al turismo como prioritario dentro de las políticas de Estado, pero también lo considera como un derecho social y económico de las personas, contribuyendo al aprovechamiento del tiempo libre y la revalorización de la identidad cultural de las comunidades. En este marco, desde el gobierno nacional, más particularmente en el Ministerio de Turismo y Deporte de la Nación, se viene desarrollando el Programa Previaje, instrumento exitoso en su diseño de gestión, de vital importancia para la reactivación del sector ante los efectos de la Pandemia generada por el COVID-19, y muy buena recepción por presentarse como impulso y fomento para las vacaciones de las y los argentinos.

El Previaje en números

Según datos oficiales del Ministerio de Turismo y Deporte, el Programa Previaje de la Subsecretaría de Promoción Turística está destinado a estimular la compra anticipada de servicios turísticos (alojamiento, agencias de viajes, transporte, excursiones, centros turísticos, alquiler de autos, gastronomía, etc.) mediante el otorgamiento de un crédito equivalente al 50% del gasto de consumo realizado en la cadena de turismo nacional.

Por su parte, durante 2021 -la segunda edición del programa- benefició a cuatro millones quinientos mil (4.500.000) turistas, ingresándose comprobantes por noventa y nueve mil millones de pesos ($99.000 millones). Esto multiplicó por diez el total de lo facturado en 2020. El 51% del consumo corresponde a agencias de viajes, el 32% a alojamientos y el 12% a transporte aéreo. El gasto promedio por comprobante fue de cuarenta y mil pesos ($48.000).

De acuerdo al relevamiento del ministerio, y en función de una redistribución estipulada de recursos con perspectiva federal, las provincias de Buenos Aires, con el 22% de los comprobantes cargados, Río Negro (19%), Córdoba (10%), Santa Cruz (9%), Mendoza (8%), Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur (7%), Neuquén (7%), Misiones (6%), Salta (6%) y la Ciudad de Buenos Aires (4%) fueron las más elegidas en esta segunda edición del programa.

En esta línea, está previsto que, a final de temporada, Ciudad de Buenos Aires, Pinamar, San Bernardo, Villa Gesell, San Miguel de Tucumán y Cafayate, Salta, Tilcara, San Salvador de Jujuy Puerto Iguazú, Villa Carlos Paz, Merlo, Córdoba, Mendoza, San Rafael, Ushuaia, Mar del Plata, San Carlos de Bariloche, El Calafate, San Martín de los Andes, Villa La Angostura, El Chaltén, Puerto Madryn, Las Grutas, El Bolsón, sean los destinos más visitados gracias al programa.

Desde la Ciudad de Buenos Aires y las provincias de Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires se generaron más del 80% de las compras anticipadas. Por su parte, las provincias de Salta, Misiones, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur presentaron más del 60% de los comprobantes cargados.

Con un novedoso concepto que grafica la reactivación sectorial, la facturación motorizada, el PreViaje se cristalizó con un bajo costo fiscal y permitió la movilización de noventa y nueve mil millones de pesos ($99.000) de ahorro privado. Así, con una devolución del 50 o 70% de los gastos, el Estado Nacional prevé inyectar más de $51.000 millones al sector, y recuperar el 83% mediante recaudación impositiva.

Asimismo, más de 14.000 prestadores turísticos se inscribieron en el programa. En el mismo sentido, el crédito obtenido sólo puede utilizarse en locales registrados ante AFIP como prestadores de servicios turísticos. Ello se enmarca en un objetivo subyacente de promoción de la formalidad en el sector.

Vale destacar que el presupuesto de esa cartera a la fecha informó una ejecución presupuestaria de un 98%, con un presupuesto para el año 2021 que giró en torno a los cuarenta y seis mil noventa y tres millones de pesos ($ 46.093 M).

El turismo social como política pública

Vale destacar que más de 400.000 argentinas y argentinos accedieron a “PreViaje PAMI”, la iniciativa que reintegró el 70% de los gastos a las personas afiliadas al PAMI para que vuelvan a consumir dentro de la cadena turística. Ahora bien, estos números son factibles de ser acompañados por testimonios concretos de satisfacción y agradecimiento por la posibilidad de acceder viajar en las vacaciones; algo que para varios sectores suena obvio, pero para otros resulta privativo. Así, una vez más, las redes sociales son muestra del sentir individual y colectivo, y Georgina Orellano, Secretaria General Nacional de la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (AMMAR) y militante por los derechos humanos y laborales de lxs trabajadorxs sexuales, plasmó esta oportunidad de ejercer un derecho básico como el turismo, en el marco de lo gestionado en pos del turismo social.

Esto obedece a que la política pública que se gestiona desde el gobierno nacional, implementándose específicamente desde el Ministerio de Turismo y Deporte, apunta a la concepción integral del turismo como derecho social y como motor de desarrollo nacional, que ante los efectos de la pandemia necesitó de un impulso ejemplar para la reactivación integral del sector. Así, desde dicho organismo se desarrolla con visibles y notorios resultados el programa Previaje, pero también acompañan otras políticas con objetivos concomitantes y efectos también satisfactorios. Tales son:

El Programa de Turismo Social, mejoramiento y mantenimiento de las unidades turísticas. El Ministerio de Turismo y Deporte realiza obras de mantenimiento integral de las unidades turística en el municipio de Embalse, provincia de Córdoba, y en Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires. Esto es con el objetivo de poner esas unidades hoteleras en valor, y así garantizar el desarrollo del turismo social.

El APTUR, Plan de auxilio y capacitación e infraestructura para el turismo, apoyo a prestadores turísticos. Se trata de un desembolso para prestadores turísticos autónomos y monotributistas del sector turístico. En 2021 se comienza a partir de la cuarta entrega del subsidio, dado que en 2020 tuvo 3 ediciones.

El FACT 2, Fondo de auxilio y capacitación turística. Se financia mediante aportes no reembolsables a MiPyMEs de hotelería, restaurantes y agencias de viaje. Requiere en contraprestación a la obtención del mencionado beneficio, que los/as empleados/as dependientes realicen un curso mensual de capacitación, con el propósito de incrementar sus conocimientos generales, mejorar y fortalecer las competencias laborales y profesionales, brindándoles, de este modo, instrumentos para que materialicen de forma eficiente y eficaz la reactivación y recuperación económica del sector.

Cincuenta destinos, Desarrollo de infraestructura. Es una iniciativa destinada a financiar obras de infraestructura turística en todo el país a través de transferencias de dinero a provincias y municipios. El objetivo es dinamizar la actividad, fortalecer y ampliar la oferta turística, consolidar los destinos y fomentar la competitividad sectorial.

Los desafíos

Para los tiempos venideros, y pensando al Previaje como una política –o un programa dentro de una política integral- que “llegó para quedarse”, es necesario observar en detalle su implementación de manera crítica en pos de su mejora y establecimiento. Es así como la misma exige de mayor rigor en sus controles al verse afectada fuertemente por un problema que aqueja a Argentina de manera casi histórica, la inflación. Son reiteradas las quejas respecto del aumento sostenido de precios en la oferta hotelera, efecto del impacto del programa, y esto es visible en los períodos que se activa el mismo. Ello, se sabe (o al menos se sospecha) que obedece a un aspecto ya conocido con basamento cultural, y es la especulación desde el sector privado. Por lo tanto, la regulación de esos impactos en el momento operativo debiera revestir de registros rigurosos y espacios de escucha y atención a las y los consumidores. Por lo que, desde la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor y Arbitraje del Consumo del Ministerio de Desarrollo Productivo, bien se podría establecer un canal formal de articulación entre ambas carteras, con un espacio institucionalizado específico para esta herramienta de gestión.

Además, pensando en una lógica integral en la gestión de la actividad, resulta importante el perfeccionamiento paralelo de las otras líneas –ya mencionadas- que despliega el organismo y acompañan al mencionado programa. Por ejemplo, sería enriquecedor dotar de más unidades y destinos para el turismo social, convirtiéndola en una política no sólo inclusiva, sino también fuertemente federal. De esta manera, se traza un camino progresivo, que busca desechar esta actividad como fenómeno de origen elitista y relegado para unos pocos privilegiados, sino como un derecho emergente con el fin de garantizar el acceso para todas y todos los argentinos.