Inflación, discusión interna y trabajadores pobres: Mar de Fondo

El próximo miércoles 30 de marzo el Indec dará a conocer el Índice de Pobreza e Indigencia del segundo semestre de 2021. Según estudios previos de consultoras y analistas, es probable que el dato confirme la consolidación de un fenómeno social que se expande en la Argentina: los trabajadores pobres.

La comprobación de la sostenida degradación del poder de compra de los salarios surge de cruzar los datos de empleo y costo de vida de la Encuesta Permanente de Hogares que periódicamente publica el Indec. El pasado miércoles 23, el organismo estadístico publicó los datos de empleo para el cuarto trimestre del 2021: la tasa laboral alcanzó el 43,6% en los 31 grandes aglomerados del país -que contienen a más de 29 millones de pobladores-, con una tendencia al alza en la ocupación de un 3,5% respecto al 2020. La desocupación, en tanto, cayó cuatro puntos interanual, del 11 al 7%.

El gobierno celebró los datos y se ilusiona con que la caída del desempleo ayude a perforar el piso de 40,6% de pobreza registrado en el primer semestre de 2021. Es probable que la expectativa se cumpla. El crecimiento de 10,3% de la economía, y el ajuste de los salarios formales unos 6 puntos promedio por encima de la inflación, sugieren que la estadística de pobreza podría ubicarse entre el 38 y 39% para el final del año que pasó. La cifra expresaría una tendencia decreciente, pero no invita a celebrar: el país atraviesa una de las mayores crisis de pobreza de su historia, y se mantiene entre las peores de la región.

En su último “Panorama Social de América Latina 2021”, publicado en enero pasado, la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) homogeneizó los datos de pobreza de 2020 para comparar las cifras de los países entre sí. El resultado derrumbó varios mitos: el 34% de los argentinos ingresaron a la pandemia en estado de pobreza, cifra que estuvo por encima de la de Bolivia (32%), Brasil (18%), Chile (14%), Costa Rica (19%), Ecuador y El Salvador (ambos 30%), Paraguay (22%), Perú (28%), República Dominicana (21%) o Uruguay (5%). Según el organismo dependiente de Naciones Unidas, sólo dos países estaban peor que la Argentina cuando el Covid arreció: Colombia (40%) y México (37%).

La comparación con la historia también es demoledora. Según cifras del centro CEDLAS de la Universidad de La Plata, la tasa de pobreza orillaba el 5% antes de la última dictadura cívico-militar, que triplicó la cifra a 15% a sangre, fuego y políticas neoliberales. La hiperinflación que derrumbó el gobierno de Raúl Alfonsín la espiralizó al 45%, la convertibilidad de Carlos Menem la redujo al 27%, pero con un programa de exclusión y saqueo que terminó de estallar en 2001, dejando un tendal de 60% de la población bajo la línea de pobreza. Los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner redujeron la cifra al 26%, Mauricio Macri la elevó al 35%, la pandemia la empujó al 42% y en 2021 comenzó a bajar, pero el reflejo estadístico del rebote macroeconómico no se percibe en los bolsillos populares ni en la temperatura social.

Allí es donde se verifica el extendido fenómeno de los trabajadores pobres, una legión de asalariados que, aún con empleos bajo convenio, no logran cubrir el costo de la Canasta Básica Total que delimita la pobreza. La situación es aún más crítica para los trabajadores informales, que involucra a un tercio de la masa laboral, y cuyos ingresos promediaron una pérdida de 10 puntos frente a la inflación. En muchos de esos hogares de trabajadores y trabajadoras, la batalla es por cubrir las necesidades básicas alimentarias y zafar de la indigencia.

Un Informe del Observatorio Social de la Universidad Católica Argentina señaló que en la última década (2010-2020) hubo un fuerte crecimiento de la pobreza entre los trabajadores urbanos. El número trepó del 12,7% en 2011 al 28,2% del total de la población ocupada al final del 2020. El Instituto de Estudios Laborales y del Desarrollo Económico (IELDE) de la Universidad de Salta extendió la estimación a toda la población ocupada -urbana y rural-, y estableció que los trabajadores pobres con tiempo completo -que realizan una jornada de más de 35 horas semanales y no cubren la Canasta Básica Total- promedian el 60% de la masa laboral nacional. “El rebote de la postpandemia arrastró los niveles de empleo” ponderó Jorge Paz, director del IELDE, aunque advirtió: “Ahora lo que tenemos que mirar es cómo se incorporó esa masa de trabajadores en el mundo de los ocupados. Están trabajando, pero por dos pesos”, concluyó Paz.

El contexto global, por cierto, no ayuda. El “Panorama laboral 2021” de la OIT publicado el 1 de febrero último señala que “entre 60 y 80 por ciento de los empleos recuperados hasta el tercer trimestre de 2021 habían sido en condiciones de informalidad”.

Con todo, la foto del 2021 tiene mejor cara que la Polaroid de hoy. La Universidad Di Tella, que actualiza todos los meses su proyección de pobreza, volvió a situar la tasa por encima del 40% para el año en curso. “El nowcast estima una tasa de pobreza del 40,3% para el semestre de septiembre de 2021 a febrero de 2022, con un intervalo del 95% de confianza entre 38,7% y 41,8%”, informa el estudio. Los datos del primer semestre alientan el desaliento. Solo en febrero, el costo de la canasta total subió un 6,6% durante el segundo mes del año, con lo cual una familia necesitó $83.807 para no caer bajo la línea de la pobreza. Por su parte, el costo de la Canasta Básica de Alimentos subió un 9%, el mayor incremento mensual desde 2016. Eso implica que un grupo conformado por una pareja con dos hijos de seis y ocho años necesitó $37.413 para no caer en la indigencia. La cifra es superior al salario mínimo vigente, fijado en $33.000. A mediados de marzo, el Consejo del Salario decidió elevar la cifra en un 45%. El aumento se efectivizará en cuatro tramos y llevará el salario mínimo a $47.850 para fin de año. Las proyecciones más convervadoras de la consultoras que releva el Banco Central (REM) ubican la inflación a diciembre en torno al 50%, es decir, por encima de la actualización prevista para el salario mínimo.

Las diferencias por la distribución de los ingresos está en la base de la discusión que sacude al Frente de Todos. Y que estalló en el marco del acuerdo con el FMI. Tiene lógica. La inercia inflacionaria que dejó Mauricio Macri, y se mantuvo durante la primera mitad del mandato de Alberto Fernández, se verá impactada por el programa acordado con el Fondo. Medidas como la reducción de subsidios a las tarifas de energía, las tasas de interés positivas y el ajuste de tipo de cambio por inflación, entre otras decisiones consensuadas con el FMI, estimularán el costo de bienes y servicios. Los salarios, en cambio, se moverán bajo el techo fijado por el proceso inflacionario, buscando anclar por vía de ingresos el incremento de los precios de la economía en general.

Un detalle: las subas del 13,5% en la canasta de alimentos del primer bimestre, y del 10,1% en la canasta total, ocurrieron cuando aún no había impactado de lleno la inflación global de alimentos y energía provocada por la guerra en Ucrania. Ni se había activado el programa acordado con el Fondo, que establece una reducción en el subsidio de las tarifas, lo que constituye ingreso indirecto para los golpeados bolsillos argentinos.

¿Es posible ejecutar el shock distributivo que el país necesita bajo el corset que impone el acuerdo con el FMI?

La respuesta a ese interrogante determinará la suerte de la coalición de gobierno. Y diseñará el escenario del año electoral que se avecina.